Un juez brasileño aceptó la denuncia por homicidio y crímenes ambientales contra 22 personas y cuatro empresas por el deslave minero en Minas Gerais que en 2015 se cobró 19 vidas y ocasionó la mayor catástrofe ambiental del país.
Ver también:
Fuente: La Información
El magistrado Jacques de Queiroz Ferreira dio luz verde a los cargos presentados por la fiscalía, que responsabiliza a la firma Samarco y sus copropietarias -Vale y la anglo-australiana BHP Billiton-, así como a VogBR Recursos Hídricos, del colapso de un embalse de residuos mineros en la región de Mariana, en Minas Gerais (sureste), el 5 de noviembre de 2015.
El derrumbe desató un torrente de lodo mezclado con residuos mineros que llegó al océano Atlántico, a más de 600 kilómetros.
La tragedia dejó 19 muertos, devastó localidades enteras y arrasó cientos de kilómetros del Rio Doce, una importante vía hídrica de la región sureste.
De los 22 denunciados -entre ellos varios altos ejecutivos- 21 enfrentan cargos de “homicidio calificado” con “dolo eventual”, lo cual supone que eran conscientes de los daños que podrían ocasionar sus actividades.
Las empresas fueron acusadas de “crímenes ambientales”.
El despacho judicial, al que accedió la AFP, fue firmado el miércoles, pero sólo se hizo público el viernes. Las empresas niegan tajantemente las acusaciones.
El deslave fue calificado como la peor tragedia ambiental en la historia de Brasil, y llegó a ser comparado con la explosión de su plataforma Deepwater Horizon que mató a 11 trabajadores y provocó una devastadora marea negra en el Golfo de México en 2010.
La fiscalía denunció que las empresas priorizaron el lucro económico “en detrimento de las normas de seguridad para el medio ambiente y para las personas potencialmente afectadas, asumiendo todos los riesgos de causas de muerte”.
Samarco alega que se trató de un accidente imposible de prever y que está compensando a las familias de las víctimas y ayudando a mitigar los daños ambientales.
Las empresas llegaron a firmar en marzo un acuerdo con el gobierno de Brasil para implementar un plan de reparación, pero la justicia lo suspendió a pedido de la fiscalía, que exige una indemnización de 155.000 millones de reales (USD 45.000 millones al cambio actual).
