El Gobierno ratificó ayer que cambiará las reglas del juego para las concesionarias mineras en Bolivia como San Cristóbal. En un escenario donde la inversión minera cayó el 2009 en un 80,83%, los cambios podrían generar inseguridad jurídica para las inversiones, alerta un analista.

 

Fuente: diario La Razón
En declaraciones a la prensa, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, expresó que la explotación de la mina San Cristóbal, el mayor yacimiento de plata, plomo y zinc de Bolivia, está regida por «leyes neoliberales», en alusión al Código de Minería vigente en el país desde 1997.

Entonces, «las concesiones mineras tienen que pasar a un régimen de contratos mineros en los cuales se establecerá la participación del Estado sobre las ganancias y (se instituirá) el derecho de explotación que tienen las regiones sobre los recursos naturales», afirmó el Ministro de Minería.

El analista en materia minera, Ramiro Paredes, advirtió que cualquier anuncio sobre la modificación de las reglas del juego generará incertidumbre en los operadores nacionales o internacionales.

«Cualquier cambio, necesariamente, genera incertidumbre en los operadores mineros nacionales o extranjeros y no contribuye, si no están las reglas del juego claramente establecidas, a que se consoliden mayores inversiones», insistió el analista.

El 10 de abril, La Razón informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó Bolivia el 2009 fue 47,26 por ciento menor a la que recibió el 2008. El 2009, la IED captada por el sector minero cayó en 80,83 por ciento a causa del descenso de la actividad extractiva por efecto de la crisis financiera.

El 2009, la inversión extranjera en ese rubro alcanzó los 91,60 millones de dólares, frente a los 477,81 millones de dólares captados un año antes.

«Efectivamente, no existen nuevas inversiones de envergadura». Las inversiones existentes son inversiones comprometidas en el pasado y que han ido desembolsándose a medida de la exigencia de la ampliación de la capacidad productiva de los diferentes proyectos», explicó el analista.

La inversión de la concesionaria de la mina San Cristóbal, Sumitomo Corporation, asciende a aproximadamente 400 millones de dólares.


CONFLICTO

En la estación Abaroa (Nor Lípez) se mantiene un conflicto, que derivó en la quema de oficinas de la empresa San Cristóbal y el bloqueo de la vía férrea con Chile.

El gobernador electo de Potosí, Félix Gonzales, y el Comité Cívico Potosinista plantearon la nacionalización de la Minera San Cristóbal. Pimentel dijo que ésta no es una posición del Gobierno y que la transición a un nuevo marco jurídico se lo hará previo consenso con los involucrados.

El vicepresidente Álvaro García también afirmó que el contrato con la filial de Sumitomo fue «heredado de los tiempos neoliberales» y sostuvo que la nueva Constitución Política «obliga a una modificación» que, dijo, se realizará «en conversaciones con el inversionista».

POSICIONES CONTRARIAS POR EL PARO

* RECHAZO
El prefecto de Potosí y el ministro de Minería, Mario Virreira y José Pimentel, respectivamente, rechazaron ayer la atención a las ´demandas políticas´ de los grupos campesinos que protestan en la frontera con Chile por las actividades de la mina San Cristóbal.

* DEMANDAS
El alcalde electo del municipio de Kolcha K, Paulino Choque (MAS), manifestó que las demandas de los cerca de 1.000 movilizados en el punto de Abaroa «son justas». La autoridad electa es parte de la movilización.

San Cristóbal reducirá operaciones mineras

* La empresa Minera San Cristóbal (MSC) anunció ayer que, debido a los actos «vandálicos» realizados en sus instalaciones, en los próximos días reducirá sus operaciones y tomará las medidas que corresponda para darle continuidad a las mismas y preservar la seguridad de su personal.

Ante los recientes acontecimientos en la localidad de Abaroa, MSC informó, a través de una solicitada, que realiza «todas sus operaciones mineras en el marco del Código de Minería de marzo de 1997» y cumple en las mismas «con todas las normas bolivianas (…) y normas internacionales».

El bloqueo del punto fronterizo de Abaroa y de dos puentes construidos por la empresa por parte de algunos comunarios de la provincia Nor Lípez, el daño material a la propiedad privada y pública por estas personas y «los actos vandálicos» producidos en esa localidad significan «cuantiosos perjuicios materiales y económicos para MSC y para la región (…) y perjudica las inversiones en proyectos necesarios para el desarrollo regional», señala el documento.

Como consecuencia las limitaciones resultantes de esta situación, las operaciones de MSC se irán «reduciendo» en los siguientes días. Asimismo, indica el informe, MSC «tomará las medidas que corresponda respecto de la continuidad de sus operaciones para, fundamentalmente, preservar la seguridad de su personal».

Con respecto a las declaraciones del ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, sobre la necesidad de que las empresas que tienen concesiones mineras migren a contratos mineros, MSC sostiene que respeta la nueva Constitución Política del Estado y que se encuentra «a la espera» de participar en las discusiones sobre la nueva normativa minera.