La minera San Cristóbal, que es la más grande del sector y una filial de la firma japonesa Sumitomo, negó hoy que esté saqueando minerales en el país y aseguró haber pagado 358 millones de dólares en tributos al Estado en diez años. Sostien que no existe obligación legal de pagar por el uso del recurso agua y que su uso está supervisado por las autoridades nacionales. La población protesta -entre otros motivos- por los daños que la explotación minera San Cristóbal ha causado en el agua.
Fuente: EFE
20/04/2010. La firma respondió así, por medio de un comunicado, a las afirmaciones realizadas el fin de semana por el canciller David Choquehuanca, quien aseguró que San Cristóbal “saquea” minerales y no paga ni un centavo por los 600 litros de agua por segundo que consume.
La minera aseguró que sus operaciones en Bolivia están enmarcadas en el Código de Minería vigente en el país desde 1997 y que cumple “estrictamente” con todas las normas bolivianas, en particular con las leyes de medio ambiente y de aguas.
Explicó que la normativa actual establece que los concesionarios mineros pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y agregó que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
“Por tanto, el marco legal vigente no exige ni obliga a ningún operador minero a pagar por el uso del recurso agua. Además, su adecuado manejo es también permanentemente supervisado por las autoridades nacionales competentes a través de inspecciones que se efectúan continuamente”, sostuvo en el comunicado.
San Cristóbal, que en el año 2008 pasó a ser propiedad de Sumitomo de manos de la estadounidense Apex Silver, explota plata, zinc y plomo en una de las minas más grandes a cielo abierto del país.
La firma detalló que el valor total de los tributos que generó desde 2000 hasta marzo de este año asciende a 358 millones de dólares y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de “regalías mineras” a la prefectura (gobernación) de Potosí, la región donde se halla el yacimiento que explota.
Sus operaciones han sido perjudicadas por una protesta de campesinos cerca de la frontera con Chile, quienes le exigen el pago de un impuesto por el agua que consume y que la gobernación cumpla con varios proyectos prometidos para la electrificación y la mejora de las comunicaciones en la zona.
Los campesinos incendiaron la semana pasada unas oficinas de la minera y e iniciaron un bloqueo de la carretera y la vía férrea que conecta al país con Chile, acciones que fueron repudiadas por San Cristóbal.
La filial de Sumitomo ratificó que “estos actos de violencia significan cuantiosos perjuicios materiales y económicos”, tanto para la minera como para Potosí y el país, y anticipó que sus operaciones “se irán reduciendo en los siguientes días” como consecuencia del conflicto.
San Cristóbal expresó su confianza en que la gobernación potosina y el Ejecutivo resolverán el problema y, además, manifestó su disposición de participar en las discusiones sobre las reformas a la normativa minera y a los contratos para las actividades de ese sector que prevé realizar el Gobierno.
