Casi dos años de ocupación campesina de la minera. El Gobierno de Bolivia exigió, por primera vez en su historia, a la empresa minera Himalaya Ltda. que cumpla con obtener una “licencia social” de los comuneros que habitan en las localidades de Achojpaya y Villa Cotaña. Debido a la falta de consulta, los comuneros de estas localidades decidieron tomar hace 23 meses las instalaciones de la compañía.
Fuente: Servindi
22/10/2009. En ese sentido, anunciaron que no darían su aval a la inversión de la compañía y cederán la mina a los socios de la Cooperativa Cerro Negro, que en la actualidad administran el yacimiento de tungsteno (wólfram) y estaño en las faldas del cerro Illimani.
La mina Himalaya, otorgada por el Estado en arrendamiento a esta compañía y que se encuentra ubicada en el cantón Cohoni, fue tomada en octubre de 2007 y sus ocupantes echaron a 105 trabajadores.
Compromisos de Himalaya
La semana pasada, la empresa, las comunidades, la Cooperativa Cerro Negro y el Gobierno emprendieron negociaciones para dar continuidad al proyecto mediante un contrato de riesgo compartido y con el cual la minera Himalaya renunció al arrendamiento.
De esta manera, el director de Contratos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Jorge Alconcé Vedia, informó que para avanzar en esa propuesta de solución, acordada el viernes 16, la empresa Himalaya Ltda. debe presentar una “licencia social”.
De lo contrario, advirtió, la compañía no podrá suscribir el nuevo contrato que se le ofrece e incluso perderá la concesión obtenida hace 20 años.
El convenio suscrito entre las comunidades, la COMIBOL e Himalaya la semana pasada estableció también el compromiso de la empresa de respetar todas las cláusulas ambientales, además de incrementar el número de trabajadores de 45 a 110 en forma inmediata, de sumar otros 25 en seis meses y, cuando su producción se eleve a 300 toneladas de mineral, alcanzar a 213 trabajadores.
La empresa deberá, asimismo, crear una fundación que trate los problemas agrarios de las comunidades debido a las constantes denuncias por daños ambientales.
El documento, firmado por el presidente de la COMIBOL, Hugo Miranda; Fernando Killman, por la empresa Himalaya; la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia; la Defensoría del Pueblo; el Sindicato de Trabajadores de Himalaya y las autoridades de las comunidades de Hussi y Choro, debió ser ratificado esta semana, pero surgieron observaciones.
Respaldo legal
La COMIBOL justificó su decisión al amparo de la Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 30 establece que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan del derecho “a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista boliviano, Íver Pereira, precisó que la Constitución no establece ninguna obligación para que las empresas soliciten licencia social.
“Respecto a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, la Constitución no reconoce la figura de la licencia social, tampoco la Ley de Medio Ambiente, que lo único que exige es licencia ambiental”.
Pereira remarcó que la licencia social es “confundida” con la consulta previa instituida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su lado, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, justificó las acciones asumidas por los pobladores indígenas “porque durante muchos años se obviaron sus derechos”.
“El Estado boliviano reconoció en 2007 el Convenio 169 de la OIT, que destaca los derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, subrayó.
