Una reforma estructural de la industria minera de Bolivia, que sentaría las bases para una reestatización y que fue prometida por el presidente Evo Morales desde que asumió hace seis años, deberá esperar por lo menos hasta el 2013, según declaraciones del ministro del sector, Mario Virreira.
Fuente: Reuters
Disputas entre los poderosos sindicatos mineros y las cada vez más numerosas cooperativas mineras, ambos grupos aliados del mandatario indígena de izquierda, bloquean ya por más de tres años un acuerdo sobre una nueva ley.
Morales ha nacionalizado por decreto en los seis últimos años empresas de hidrocarburos, telecomunicaciones y generación eléctrica, pero no ha podido aplicar el mismo modelo en la dispersa minería, estatizada por primera vez en 1952 y privatizada en gran parte en el último cuarto de siglo.
La promesa presidencial de reformar mediante ley la industria minera para “recuperar” en favor del Estado las minas privatizadas ha tropezado con desacuerdos, a veces violentos como ocurrió este año, entre mineros sindicalizados y cooperativistas.
“El ’52 el propósito era recuperar las minas para el Estado boliviano. Hoy estamos encaminados en el mismo objetivo, con mayor claridad, con mayor precisión”, dijo Virreira en una conferencia de prensa con la que celebró el 60 aniversario de la primera nacionalización.
“La (nueva) ley minera se está construyendo con la participación de las organizaciones que tienen que ver con la minería (…) Se supone que para el próximo año debe estar concluido este proyecto de ley y una vez que esté concluido, su aprobación (legislativa) va a ser rápida”, añadió.
El anuncio dejó sin efecto anuncios oficiales previos de que la norma, que aumentaría la carga tributaria a la industria minera, sería aprobada antes de fin de año.
Entretanto, las exportaciones mineras, que constituyen la segunda fuente de divisas del país después del gas natural, proceden mayoritariamente de transnacionales lideradas por el grupo japonés Sumitomo y el estadounidense Coeur d’Alene, que producen principalmente plata y zinc.
Las minas del Estado y las cooperativas, productoras en general de estaño y oro, aportan un mínima parte de las ventas bolivianas que en el 2011 sumaron un récord de casi 3.500 millones de dólares, poco más de un tercio de todas las exportaciones.
CAMBIOS ANTICIPADOS
Anticipándose a la reforma legal y presionado por los choques entre mineros asalariados y cooperativistas, el Gobierno “nacionalizó” a mediados de año la segunda mina de estaño del país, Colquiri, que explotaba una filial del grupo suizo Glencore, preservando parte del yacimiento para una cooperativa.
En sus otras dos minas, Porco y Bolívar, Glencore accedió a un cambio de contratos que devolvió a la corporación estatal Comibol la mayoría accionaria.
Virreira admitió que han resultado muy difíciles las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y las cooperativas sobre la nueva ley minera, cuya redacción comenzó en 2009 tras la aprobación de una nueva Constitución que declaró fenecidos los contratos de arrendamiento y riesgo compartido.
La concertación “es un mecanismo que está retardando su elaboración, pero se está asegurando, avanzando paso a paso, para que cada artículo que sale sea en consenso”, afirmó.
Fuentes de la industria dijeron previamente a medios locales que las mayores disputas se refieren a la regulación de la coexistencia de minas estatales, privadas y cooperativizadas.
La nacionalización de Colquiri, en junio, fue decretada por Morales luego de que violentos choques entre mineros asalariados y cooperativistas por el control de la considerada veta más rica del yacimiento.
Otra movilización social, realizada en julio por sindicatos campesinos, forzó al Gobierno a nacionalizar Mallku Khota, un proyecto de plata e indio de una filial de la canadiense South American Silver que apenas estaba en fase de exploración.
