Las empresas de mega-minería contaminante quieren desembarcar en Mendoza. Para ello necesitan engañar a la población para evitar el rechazo popular. Muchos políticos y medios masivos son sus principales aliados. Pero la resistencia popular crece y crece.
Los empresarios mineros en Argentina festejan sus récords: en 2006, exportaciones superiores a 8.000 millones de pesos, 37.000 empleos directos, inversiones por 12.000 millones de dólares previstas para los próximos años. ¿En qué medida participamos los argentinos de esa fiesta? ¿Hace falta decir que debemos medir el desarrollo no por el crecimiento del P.I.B. y las exportaciones, sino por la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad en armonía con su ambiente?
Es tiempo de que todos los mendocinos, y no sólo quienes detentan el poder económico y político, basados en información cierta, sin falacias, decidamos si queremos albergar minería contaminante de gran escala en nuestra provincia. Empresarios y profesionales de la minería aseguran que no hay motivos para temer, y mencionan la famosa vitivinicultura del Napa Valley, California, como ejemplo de armoniosa convivencia con la minería. ¿Ignoran que en la cuenca hidrográfica del Napa jamás hubo minería aurífera?
Políticos y mineros argumentan que en Chile la minería no afecta a la agricultura. Ahora bien, las norteñas 1ª y 2ª regiones concentran 64% de la producción metalífera chilena, pero apenas 1% de la superficie regada. Las regiones 3ª y 4ª suman otro 17% a la minería metalífera trasandina, en fuerte conflicto con el 6% de la agricultura bajo riego. El 99,5% de las uvas de vinificar chilenas se cosechan en el resto de las regiones. En 1991 comenzaron las regulaciones ambientales a la minería chilena, pero aunque la situación ha mejorado, los incidentes de daño ambiental se siguen suscitando constantemente.
No sólo en el pasado la minería metalífera ha generado problemas ambientales. Desde 1980 se produjeron cientos de casos de derrames de cianuro y drenajes ácidos de minas, causando muertes masivas de fauna y enfermedades muy graves a las poblaciones. A pesar de las promesas de mejores prácticas siguen ocurriendo, no sólo en los países más pobres, sino en los ricos.
Un estudio científico de 2006, basado en una muestra representativa de las 183 mayores minas que operaron en EE.UU. desde 1975, demostró que en 76% de ellas los niveles de cobre, cadmio, plomo, mercurio, níquel, zinc, arsénico, sulfato y/o cianuro excedían los estándares de calidad del agua, contra lo pronosticado en las evaluaciones de impacto ambiental previas, y a pesar de las medidas de mitigación propuestas en las mismas.
La estatal Agencia de Protección Ambiental identifica más de 1.200 sitios mineros de EE.UU. en “Lista de Prioridad Nacional”, que requieren remediación de pasivos ambientales: sólo el tratamiento (incompleto) de la mina Summitville costó a los contribuyentes unos 120 millones de dólares. En Montana, luego de amargas experiencias, la lixiviación con cianuro fue prohibida por plebiscito en 1998, y aunque las mineras gastaron más de 3 millones de dólares en publicidad, los ciudadanos ratificaron su rechazo en 2004.
Por contraste, es inconcebible que la ministra de Economía de Mendoza diga que “si se ponen en un mapa los proyectos legislativos que hay de zonas protegidas, tapamos la mitad de la provincia para mirar los pajaritos”, sin comprender la magnitud de la importancia ambiental, social y económica de las áreas naturales protegidas.
El Fraser Institute de Canadá publicó en 2006 una encuesta mundial respondida por 322 empresas de exploración, consultoría y producción minera. De allí puede deducirse que Colorado, Minnesota, Washington, Wisconsin, Montana y California, estados de enorme riqueza mineral pero conscientes del riesgo que entraña su explotación, son considerados los más estrictos en materia ambiental, entre 64 principales jurisdicciones mineras mundiales. Nevada, en cambio, es vista como la 9ª más permisiva en tal aspecto, la 2ª más favorable a las empresas en materia tributaria, y la más flexible de todas en lo laboral. ¿Extraña que este paraíso empresarial concentre 40% de las grandes minas y 67% de la exploración estadounidenses?
En la misma línea, dicho estudio permite explicar el interés del capital extranjero por la gran minería argentina: entre 34 grandes países mineros, los capitales mineros ven a la Argentina en 12º lugar por su flexibilidad laboral, 8º por su permisividad ambiental, y 2º en atractivo fiscal. Esto confirma un modelo elaborado por la Escuela de Minas de Colorado a partir de los regímenes impositivos de 23 países mineros: la Argentina es el 2º con menor carga tributaria para la explotación de oro y 3º para la de cobre. Entre otros beneficios, las leyes sancionadas desde 1993 otorgan a la minería: doble deducción de gastos de exploración en el impuesto a las ganancias, devolución del IVA a la exploración, tope de 3% a las regalías por el valor del mineral en boca de mina, exención de aranceles y tasas aduaneras, del impuesto a la ganancia mínima presunta y de contribuciones sobre la propiedad minera, eliminación progresiva de gravámenes provinciales y municipales, todo con garantía de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años desde presentación del proyecto, y posibilidad de liquidar en el exterior las divisas de exportación!
El Estado capta pues una mínima parte de la renta minera. ¿Y el 0,24% de trabajadores argentinos empleados en minería? En 2005, las 37 empresas de minas, petróleo y gas que integran el panel de las 500 mayores de Argentina (no agropecuarias ni financieras) ganaron $ 15.632 millones, a un costo laboral total de $ 1.928 millones. Esta relación, 8 pesos de beneficio por cada peso de salario, fue en promedio 1:1 para las restantes empresas del panel. La gran minería genera escasísimo trabajo respecto del capital. Invirtiendo un millón de dólares, ¿cuántos empleos puedo crear en agricultura, industria, comercio o servicios? En la minería de gran escala, entre 1 y 2… Considerando las inversiones previstas, dentro de varios años en Argentina habrá unos 55.000 mineros, el 0,35% de la población económicamente activa… Un geólogo publicó que con la nueva mina Veladero, 20% de los sanjuaninos trabajan en minería. La cifra real es ¡ 1,1% ! En 1997 empezó a producir la mayor mina argentina, Bajo de la Alumbrera (Catamarca). Sin embargo, el índice de pobreza del Gran Catamarca es mayor al promedio nacional, diferencia que va en aumento: en el 1º semestre de 2006, era la 4ª ciudad más pobre del país entre 28 relevadas.
¿Permitiremos los mendocinos atropellos como en San Juan, donde por ejemplo el gobierno nacional aprobó la evaluación de impacto ambiental de Pascua-Lama, a pesar del dictamen adverso de la U.N.San Juan? ¿Estudiarán los políticos el dictamen de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que fundamenta la constitucionalidad de la ley 7.627, vetada días después de su sanción? El director de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, pretendiendo disminuir el temor de su audiencia en un foro sobre el tema, comentó que las almendras contienen hasta 2.500 ppm de cianuro, ese “simple compuesto de carbono y nitrógeno” (sic). Mal informado, no aclaró que esas son las almendras amargas, potencialmente letales. ¿Aceptaremos el convite minero?
Prof. y Lic. Marcelo Giraud
J.T.P. efectivo de “Geografía de los Espacios Mundiales” – U.N.Cuyo
