Redes territoriales, territorialización de redes, comunidades del NO (1). Con la expansión de la mega-minería y la entrega de recursos a capitales transnacionales, en el país y en la región han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana para defender el medioambiente. El presente artículo analiza algunos aspectos de esta resistencia.
Por Mirta Alejandra Antonelli
“Imagínese que le avisen que debe dejar su casa, sus animalitos, sus muertos y lo lleven a un sitio desconocido sin consultarle nada. ¿Cómo se sentiría?”
Eduardo Sueldo, de la sureña región peruana de Apurímac.
“El polvo plúmbeo, las explosiones de dinamita y los gases tóxicos de la explotación de zinc, oro y plata- que lleva a cabo Volcan Compañía Minera- han arrinconado de tal modo a la población que el gobierno acaba de promulgar una ley para trasladar a los habitantes. El tajo tiene hoy 1,8 kilómetros de largo en esta ciudad que es capital de la región de Pasco. Alrededor de él se extiende el purgatorio (…) Para sorpresa de muchos habitantes, y tras dos años de perseverancia de un sector del Congreso legislativo, el Poder Ejecutivo promulgó el 13 de diciembre la ley 29.293 que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación de la gélida ciudad (…). A diferencia de las zonas urbanas de Cerro de Pasco y Morococha, las operaciones de Xstrata en la sureña Apurímac requieren desplazar a los campesinos de Fuerabamba, que viven de la agricultura y la ganadería y están acostumbrados a las grandes extensiones de tierra”.
Milagros Salazar
La macro privatización de los `90 entregó los recursos naturales al sector privado como único beneficiario, a la vez que el Estado se autoinhibió para ello, cediendo soberanía y territorio. Desde entonces, a todos los habitantes del territorio se nos ha instituido con la figura del superficiario del subsuelo.
Como se sabe, a diferencia de otros países de la región, la Argentina no posee un pasado minero, memorias ni imaginarios identitarios de larga duración respecto a esta actividad, y tanto menos, respecto de esta mega-minería que, lejos de borrar su protagonismo de economía de enclave colonial en la historia mundial y del continente, ha promovido ya un cuantioso y relevante registro de triple casuística: su capacidad de lobby para el diseño de políticas pro-extractivas liberalizadas en detrimento de derechos constitucionales, las violaciones a derechos humanos, en especial, los de tercera generación (derechos económicos, sociales y culturales), con enfática vulneración de la territorialidad de pueblos originarios y de poblaciones rurales, y la tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Describir esta nueva minería es central para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, el por qué, según un mapa creciente de movimientos socio-ambientales en la región (CIDSE, 2009)2 resisten a la mega-minería, en evidentes condiciones de asimetría. La cartografía social de las resistencias está estrechamente vinculada a la progresiva y acelerada expansión de las fronteras agrícolas, mineras, energéticas, sobre territorios que pertenecen a comunidades originarias, poblaciones rurales, zonas patrimonializadas o declaradas como áreas de reservas y yacimientos arqueológicos, patrimonios paisajísticos y de turismo; y también en zonas próximas a localidades, comunas y ciudades.
Como sostiene Svampa (2008)3, no es aleatorio que en este escenario, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes comunes.
En menos de un lustro, el movimiento socioambiental en Argentina, de modalidad asamblearia de autoconvocados ha crecido de manera relevante y se ha consolidado como una Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); ha llevado adelante hasta marzo de 2010, doce encuentros nacionales en distintas localidades y, ya en 2007, se conformaría la red regional ASANOA, asamblea socioambiental del NOA, en la que confluyen autoconvocados de Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero. En la actualidad alrededor de 70 asambleas se reúnen en dicha unión, donde convergen problemáticas y conflictos emergentes ante el extractivismo y los impactos socio-sanitarios y ambientales de actividades industriales y urbanas. En sus encuentros, debates y acciones participan activamente colectivos que, al igual que las asambleas, se manejan de forma horizontal, autogestionada y apartidaria.
Las resistencias se articularon primero con la consigna que surgió en Esquel (Chubut) “No a la mina”, y en un verdadero narrema geopolítico territorial, ha producido la consigna y sentencia popular “contra el saqueo y la contaminación”, de modo de atacar los dos núcleos que justifican la resistencia: la entrega de recursos a capitales transnacionales, y la contaminación que le es inherente a la modalidad mega-extractiva. Se trata de un radical rechazo al carácter irrestricto del extractivismo y a su implantación puramente mercantilista, la que se está efectuando sin consulta ciudadana, legalmente prevista, desde el No esquelense, en 2003. En tal sentido, sin consulta, y en medio de la opacidad de un Estado que concesiona yacimientos al vertiginoso ritmo de los intereses corporativos, el modelo minero ha adquirido la entidad de una ocupación transnacional de territorios.
Las asambleas de distintas zonas amenazadas por la mega-minería del país interactúan también con redes de Chile y Perú, integradas por redes de observatorios de transnacionales en América Latina, redes de activistas de derechos humanos de los países de procedencia de los capitales, como USA y Canadá, redes de científicos independientes, etc.
En el caso argentino, el rechazo fundado ha quedado plasmado, mediante la acción de la sociedad civil conducente a la prohibición de esta minería a cielo abierto, en siete provincias argentinas, así como las ordenanzas por las que varios municipios se han declarando “no tóxicos”, estatuto central para impedir la minería uranífera.
Resistencias a ser los superficiarios
De la dinámica de las resistencias consideraré dos dimensiones. La primera es la construcción colectiva de dos tipos de conocimientos -diferenciales pero no autónomos- el conocimiento cívico-ciudadano con carácter de denuncia social y/o pragmática, esto es, ante la justicia, respecto a la institucionalidad comprometida con el modelo minero; y la segunda; concierne el conocimiento ambiental y sus probatorias, basados en saberes expertos independientes, testificaciones y testimonios vividos, que ponen en cuestión o desmienten el discurso de los “expertos”, tanto de los agentes identificados como profesionales de la tecno-ciencia -mercantilización del conocimiento- como de los mediadores simbólicos y gestionadores de conflictos, que generalmente en redes trans-locales, coadyuvan para la obtención de la licencia social para operar, es decir, el permiso de las comunidades para la instalación empresarial en zonas de explotación.
Esta dimensión abona una tesis política acerca del movimiento socio-ambiental, cuyo repertorio de acciones interpela la institucionalidad pro-extractiva que se viene consolidando, en nombre del principio de democracia sustantiva, esto es, el derecho a tener derechos en tanto principio ético-normativo y sentimiento ético de pertenencia a una comunidad internacional de derechos humanos y de justicia socio-ambiental, refrendada por normativas internacionales que nuestro país ha suscrito con rango constitucional. Las resistencias ejercen la acción colectiva, las prácticas directas e indirectas de la democracia, y se presentan éstas como desafiliación -no del Estado, al que interpelan- sino a su administración gubernamental. Por otra parte, las resistencias no se limitan a los impactos socio-ambientales de notable envergadura, sino que, con distintos mecanismos sociales de desmentida, hacen estallar el discurso del “modelo nacional de desarrollo” en el que se legitima el discurso estatal-empresarial. Por ello, discrepa y recusa la categorización, ciertamente devaluadora que se asigna a las resistencias, esto es, la de ser “destituyentes”, según miradas gubernamentalistas.
Se trata de dos producciones de verdad: la “verdad justiciera”, que configura la casuística de los ilegalismos, ilícitos, irregularidades, incumplimientos, etc., en los que incurren funcionarios públicos, intermediarios y empresarios, y la “verdad epistémica”, que argumenta con fundamentos de distintas matrices epistemológicas, de la ética ambiental y también de la justicia ambiental. En este proceso se consolida la legitimidad epistémica de rastreadores en y del territorio. Además de los saberes implicados en el proceso extractivo, sus fases, sus consecuencias, y el valor del campo de experiencia y sus registros biográficos -comunales y territorializados- se ha consolidado un discurso argumentativo crítico plural.
Al contrastar el discurso ambiental de estas redes de resistencias, queda claro que las comunidades construyen, socializan y acumulan saberes relativos a lo eco-sistémico ambiental, político-económico y socio-cultural que fuertemente desmienten la construcción descalificadora que los agentes hegemónicos promueven contra las comunidades, los pobladores, los activistas y hasta los científicos críticos: los nuevos bárbaros y los desclasados epistemológicos.
Para abonar este punto, y en relación con la estrategia de “expertos” con la que se procura el aplanamiento del “problema minero” a una cuestión de experticia, valga decir que la construcción de saberes es múltiple, y lo “ambiental”, el devenir “ambientalistas”, se enlaza con la dimensión ciudadana de la cultura, donde prácticas colectivas construyen socialmente la verdad y propenden a la promoción social de la justicia. En todo caso, estos conocimientos que dan sentido a las prácticas contribuyen a la autoafirmación política, no delegativa.
Las resistencias sólo en una de sus dimensiones se manifiesta como performática, esto es, rituales de ocupación del espacio que recuperan como público, en tanto territorialización del conflicto: el escrache, los cortes, los desvíos de camiones con sustancias tóxicas, etc. Esta dimensión espectacular resulta el contenido de la forma, el poner en el espacio público como litigio, lo que se litiga en los ámbitos judiciales, lo que se demanda en espacios de mediación, como la defensoría del pueblo, las solicitudes que se dirigen como accountability o exigencia de respuestas, esto es, la obligación responsiva que tienen -pero no cumplen- distintos funcionarios y agencias públicas y privadas4; y la producción de informes de violaciones a derechos humanos.
Tesis de la Interculturalidad en acción: el territorio en el centro de la escena
La segunda tesis es socio-cultural, y se formula en torno a la interculturalidad en acción en las praxis de producción colectiva de significados y sentidos, que disputa con el monolingüismo de la ratio de dominación y control de la naturaleza que rige la lógica del modelo extractivista; interpela e impugna la “modernidad” como fundamento garante y su reactualizado imaginario del “progreso”, ahora retornado como espectro en sinergia con la lógica de lucro y la demanda irrestricta del mercado internacional de las hoy denominadas commodities.
Los sentidos territorializados que se construyen en el repertorio de las prácticas de las resistencias, por el contrario y en antagonismo con el paradigma extractivista, se corresponden con un proceso que hemos acordado llamar giro eco-comunitario, el que en sus manifestaciones concretas se muestra como interculturalidad en acción5. He elaborado la expresión giro eco-comunitario, como una extensión de la conceptualización del giro biocéntrico propuesto por Gudynas (Gudynas, 2009) a propósito de la Nueva Constitución de Ecuador, en la que por primera vez se reconocen derechos propios de la Naturaleza o Pachamama.
El autor pone el foco en la identificación con un sistema de valores que excluye la dominación y el control de la naturaleza; evidencia una nueva articulación con los saberes tradicionales, y provee de un marco conceptual desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, y también un marco valorativo -los impactos del concepto de valor intrínseco- para producir el contexto (y el desafío) en el cual generar las políticas y la gestión ambiental basadas en la buena vida (sumak kawsay) o buen vivir y en nuevas estrategias de desarrollo. El giro biocéntrico plantea, “(…) una alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas.” (Gudynas, 2009, 34)
Como parte de ese pensamiento, el giro eco-comunitario es aquí una designación motivada. En efecto, nombra el proceso de identificación por el cual en la red de redes territorializadas y ampliadas, se va configurando colectivamente, pero sobre todo se actúa, se hace praxis, un horizonte de valores en el cual lo eco-sistémico es claramente irreductible a lo mercantilizable como tópica de la ratio instrumental, y procede por convivencia equivalencial de valores -culturales, filosóficos, éticos, políticos, eco-epistémicos, etc.- y que por lo mismo, no responde a un único fundamento. Este haz de valores plurales está en el centro de la común visión de las comunidades del No, redes de actores que comparten intersubjetivamente otro mundo posible, tanto en la dimensión fenomenológica (percepciones y aprehensiones sociales), cuanto en la valoración ética y la validez epistémica para, no sólo denunciar al extractivismo, sino responder propositivamente ampliando el campo socio-argumentativo para el debate público desde otro paradigma, otras razones y pasiones, otro enlace sensible con la naturaleza.
En este contexto, la categoría abarca las redes, praxis y sentidos producidos colectivamente, ampliación que surge a la vez de indagar sobre los componentes precisamente de una constelación emergente del vivir en la corteza: el alcance del nosotros (o sujeto de la afectación); la percepción de la lesividad y la magnitud del daño, variables que determinan, a la vez, la significación del presente y sobre todo, las prospectivas del futuro.
El caso ecuatoriano permite iluminar y señalar la abroquelada carga de ideologemas con que en nuestro contexto nacional se descalifica a las resistencias socio-ambientales, ya como fundamentalismos y retrógradas posturas premodernas, ya como “ecologismo de la clase media ilustrada” (Martínez Alier)7. La figura del daño está -como el nosotros- en proceso abierto de ser socio-políticamente reconfigurada e interculturalmente transmitida, y su alcance, sus fundamentos y bienes tutelados, inscritos en los bienes comunes -aún si no pueden ser asimilados de modo pleno al buen vivir- habilitan dos fenómenos del orden del discurso el que no sólo es el medio de las luchas, sino también -tal vez, sobre todo- el objeto por el cual se lucha. Por un lado, superan y exceden con la universalidad irreductible de los derechos, y el principio de convivencialidad intergeneracional, las disputas basadas en las divisorias de intereses particulares y sectoriales que invocan profesionales, sindicatos, etc., vinculados a la mega-minería – que resultan funcionales a la lógica extractivista que rige el modelo-. Así conceptualizado, el daño está lanzado no sólo hacia el presente sino hacia el futuro; y la responsabilidad se acentúa por el carácter futurible de sus víctimas. Por otro, los significados en construcción pueden ser articulados con los fundamentos de los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental. La cuestión es, pues, como lo plantea Martínez Alier (2008), quiénes ostentan el poder de simplificar la complejidad imponiendo un determinado y único lenguaje de valoración, con lo que se procura eclipsar y arrojar fuera del sentido, a otros lenguajes de valoración, tales los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, la subsistencia humana, la sacralidad, el compromiso con el futuro.
En este proceso, se revalorizan los acervos culturales de los pueblos originarios, sus saberes ancestrales, también campesinos, y sus relaciones con el territorio, en la medida en que sus modos de acceso, uso y producción con la naturaleza y sus patrimonios ostentan un fuerte contraste con los escenarios de pérdida de biodiversidad, impactos socio-ambientales, etc., inscritos en la herencia de la modernidad -control y dominio de la naturaleza- y en los modelos extractivistas del capitalismo y la tecno-ciencia (Escobar 2005 y 2009)8.
Que se trata aquí a propósito del daño y sus significados en construcción, de un contenido programático, a manera de consigna de creación colectiva, se comprueba verificando el control quasi omnímodo del discurso, las narrativas y la semántica que han emprendido las empresas, el Estado y los mediadores simbólicos que coadyuvan a sus intereses, engarzadas en imaginarios de crecimiento y desarrollo, retóricas de integración regional, etc. Pero es en este asimétrico escenario que están planteadas las apuestas y las luchas colectivas.
El desafío es aportar al campo de la reflexión nacional y regional sobre la dimensión socio-cultural y política de lo ambiental en democracia, para la legitimación de paradigmas de pluralidad valorativa con eficacia pragmática.
Notas
1. Una primera versión más extensa y con cuantiosas referencias ha sido presentada como conferencia de apertura a las IV Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano, Movimientos Sociales y Cultura en América Latina. Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
2. CIDSE 2009. América Latina: Riqueza privada, pobreza pública, Quito, co-edición CIDSE- ALAI
3. Svampa, M. (2008) Cambio de época, Siglo XXI, Buenos Aires.
4. “La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento”. Darío Aranda, “Un estudio con dudas”, Página/12, Lunes 29 de marzo de 2010.
5.Tomamos en préstamo el sentido de interculturalidad que Daniel Mato propone, a propósito de los estudios reunidos en torno a experiencias de universidades interculturales en la región: “(…) en estas instituciones no se busca aprender de un saber mono-cultural, sino de los saberes acumulados, modos de producción de conocimiento y formas de aprendizaje, propios de diversas culturas, poniéndolos en relación”. (Mato, 2009:15) El destacado es nuestro. Mato, Daniel (2009). Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina Panorama regional, procesos interculturales de construcción institucional, logros, dificultades, innovaciones y desafíos., En Mato, D. (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. (pp. 13-78). Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
6. Gudynas, E. (2009) La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador, Revista de Estudios Sociales, 32, 34-47.Bogotá.
7. Martínez Alier, Joan 1998. “Deuda ecológica, y derechos económicos, sociales y culturales”, APRODH, dissponible en http://www.deudaecologica.org/Que-es-Deuda-Ecologica/Deuda-ecologica-y-derechos-economicos-sociales-y-culturales.htmlEntrevista a J. Martínez Alier 2008. Marc SaintUpéry, en Le Monde Diplomatique, Bolivia, diciembre.
8. Escobar, Arturo. 2009 “Una Minga para el postdesarrollo” América Latina en Movimiento, ALAI, 26-30.jun. y 2005. “El post-desarrollo como concepto y práctica social”, en Mato, D. (coord.) Políticas de Economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización (pp.17-31) Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
