Duclos sostuvo que la estrategia del Gobierno Nacional es “el mantenimiento de la matriz de los ’90” para la exploración y explotación minera, y criticó que se mantengan las regalías en el 3 por ciento que es, dijo, “muy por debajo de lo que pagan otros países”.
Zabalza, quien preside el bloque socialista, integrado al FAP, rechazó la “falsa contradicción sobre si somos prominería o contra la minería, “nosotros somos pro vida” afirmó.
Cortina (PS) criticó el modelo “extractivista” que permite el gobierno nacional a la minería y aseguró que el proyecto presentado es “riguroso, serio y responsable”, en tanto que Lozano marcó la necesidad de “desmontar un proceso que se desarrolló para darle marco a la minería en los 90”.
El texto presentado precisa que las empresas mineras deberán presentar dentro de los 180 días de sancionada la ley un nuevo informe de impacto ambiental con tres meses de antelación a una audiencia pública.
Además, señala que en el caso de que las explotaciones se ubiquen en territorios tradicionalmente ocupados por comunidades originarias, se deberá garantizar el cumplimiento del consentimiento libre.
Los titulares de los emprendimientos, a su vez, deberán acordar con las comunidades potencialmente afectadas los términos y condiciones bajo los cuales se autorizará la reconversión del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones que fija la iniciativa sería sancionado con la revocación de las concesiones otorgadas y la inmediata clausura de los proyectos.