Luego del ejercicio de conciliación que entrampó por 10 semanas la definición de la Corte Suprema frente al caso Termoeléctrica Castilla, sobre el que pesa un fallo de ilegalidad en el comportamiento de la autoridad sanitaria regional, Totoral y las comunidades de Atacama esperan ratificación de la sentencia que invalidó la construcción de la termoeléctrica más grande de América Latina.
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
El martes 24 por la tarde, en la Tercera Sala de la Corte Suprema de Santiago, cerca de 50 vecinos que habían viajado toda la noche desde la región de Atacama, acogieron de manera favorable el cese del proceso conciliatorio definido por los ministros de la Sala, al constatarse que un sector de los directamente afectados no estaba dispuesto a poner precio a sus derechos para posibilitar una nueva termoeléctrica en la región.
La Junta de Vecinos de Totoral, representada por el abogado de OLCA Alvaro Toro, y un sector de pescadores artesanales representado por el abogado Inti Salamanca, fueron tajantes en su voluntad de que se hiciera justicia, se respetara el fallo de la Corte de Antofagasta, y se finalizara un proceso conciliatorio que solo había traído división, incertidumbre y angustia a los vecinos. Por su parte, los abogados representantes de otro sector de pescadores, señores Lorenzo Soto, Ignacio Poblete y Cristián Tapia, buscaron por todos los medios obtener compensaciones económicas, llegando incluso a solicitar al ministro que separara los dos proyectos en cuestión, pidiendo conciliación para el puerto y fallo para la termoeléctrica, pero esto fue rechazado por el abogado Salamanca, entendiendo que él tenía representación en ambos casos y mandato para no conciliar en ninguno de los dos, lo que terminó por cerrar las posibilidades de mantener abierto el proceso de conciliación.
Llamó la atención de los vecinos el descaro de los abogados de los pescadores, en términos de que claramente no estaban defendiendo los intereses de sus representados, sino las comisiones que devendrían en el caso de que lograran que el derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación tuviera precio, sentando nefastos precedentes para la institucionalidad ambiental nacional.
En voz de los pobladores, la señora Raquel Araya, presidenta de la Junta de Vecinos, sostuvo que “están esperanzados de que la Justicia sancione a las autoridades que, presionadas por las empresas, actúan contra el bienestar de los vecinos, y entonces se considere lo que dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a que la aprobación del proyecto fue ilegal”.
En ese mismo sentido, Lucio Cuenca, manifestó que “es impresentable el grado de presiones y a la vez de impunidad con que actúan las autoridades regionales en el país, por lo tanto, esperamos que ahora que se terminó este paréntesis inédito de la conciliación, gracias a la fuerte convicción comunitaria de que hay cosas que simplemente no son negociables, se ratifique el fallo de la Corte de Antofagasta de marzo de este año”.
Si la Corte Suprema ratifica el fallo de Antofagasta, la termoeléctrica más grande de América Latina, del empresario Eike Batista asociado con la alemana E.ON, no tendría autorización sanitaria ni ambiental para operar, por lo tanto, sería inviable en el país.
Comunicaciones OLCA
Santiago-Copiapó, 24 de julio de 2012
