Organizaciones ecologistas y religiosas se unieron ayer para comenzar una batalla contra la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Minería, porque a su criterio solo favorece a las empresas que extraen metales y promueve el deterioro ambiental.
Funete: diario Prensa Libre
Guatemala – 01/07/09. Representantes de las organizaciones MadreSelva, Centro de Acción Legal y Ambiental (Calas), Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), Grupo Ceiba y la Comisión Pastoral de Paz y Ecología (Copae) de la Diócesis de San Marcos, en conferencia conjunta, anunciaron la alianza para evitar la aprobación de la iniciativa que promueve el diputado Alejandro Sinibaldi.
Afirman que ese proyecto no toma en cuenta aspectos como consultas comunitarias o regalías.
José Cruz, de MadreSelva, señaló que esa iniciativa se presentó durante el gobierno de Óscar Berger, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas, presidida en esa época por Sinibaldi.
A principios de este año, el presidente de esa sala, Christian Boussinot, invitó a todos los sectores a presentar propuestas y opiniones, a fin de consensuarla.
Las propuestas llegaron, pero la semana pasada esa comisión decidió no continuar el diálogo y remitir la iniciativa al pleno.
Gabriel Valle, de Fundaeco, calificó de burla el haberlos convocado a presentar propuestas y luego ignorarlas. Rafael Maldonado, de Calas, destacó que pedirán a los jefes de bloques del Congreso detener el proceso, y al presidente Álvaro Colom, que se pronuncie al respecto.
De no obtener respuesta de ambos poderes, recurrirán a los amparos y, por último, a las movilizaciones pacíficas, adelantó Maldonado.
Natalia Atz, de Ceiba, enfatizó que ni siquiera se puede hablar de regalías, porque la iniciativa de Sinibaldi no contempla aspectos como la protección ambiental, el recurso agua ni consultas comunitarias.
Maldonado agregó que como se declaró inconstitucional el otorgamiento ilimitado del subsuelo, la iniciativa de Sinibaldi pone un supuesto límite, de 50 kilómetros, lo cual consideró una burla, porque ninguna mina en el mundo llega a esa profundidad.
Rosa María de Frade, diputada, de la Comisión de Energía, comentó que el dictamen, como está, es lesivo a los intereses del país, por cuanto defiende intereses de las compañías mineras.
Resaltó que ahora se debe trabajar sobre posibles enmiendas y esperar a que el presidente del Congreso cite a jefes y subjefes de bloques para analizar, artículo por artículo, antes de pasar el dictamen al pleno.
Controles
Los grupos ecologistas reiteraron que los puntos a incluir obligadamente en una nueva ley de minería son la consulta comunitaria, regular el uso del agua y el vertido de drenajes para saber cuánto líquido utilizan y cómo lo desechan las compañías.
También exigen controles más estrictos y estudios de impacto ambiental para cada caso particular, previamente a cualquier actividad minera.
Demandan monitoreo ambiental obligatorio, así como una auditoría en la que se incluya a la Superintendencia de Administración Tributaria, para saber cuánto metal precioso se extrae y cuánto pagan las empresas al país.
