San José, Costa Rica – 24/10/07. A principios de este año 2007, la opinión pública costarricense fue sorprendida por la propuesta de la compañía canadiense Vannessa Ventures de seguir adelante y hasta ampliar la industria minera en la zona norte de Costa Rica. En su página de Internet (1) mostraba la expansión de la actividad minera y daba como un hecho el inicio de las actividades de la mina Crucitas, manifestando la necesidad de explotar la roca dura; aspecto que no está contemplado en los estudios de impacto ambiental y para lo cual evidentemente requieren iniciar todo el proceso. Los grupos opuestos a estas actividades de inmediato denunciamos tal atrevimiento porque la empresa minera NO CUENTA CON PERMISOS DE EXPLOTACIÓN, dado que la Sala Constitucional anuló el permiso y porque en Costa Rica está vigente la MORATORIA o prohibición de la actividad minera.(2)
Denunciamos que la presentación de la empresa podía afectar el patrimonio de los accionistas, quienes de buena fe estarían confiando en una inversión, que a la fecha, legalmente no se puede concretar, dado que el permiso de explotación minera de la empresa Vanessa Ventures, por medio de Industrias Infinito S. A., se encuentra anulado por nuestra Sala Constitucional y la Viabilidad Ambiental de dicho proyecto está múltiplemente impugnada. Por ello enviamos cartas a la embajada de Canadá y al Poder Ejecutivo costarricense para que tomaran las medidas pertinentes y evitar una posible afectación a los inversionistas.
Hasta la fecha no hemos tenido respuesta ni de la embajada de Canadá ni del Poder Ejecutivo, ni hemos conocido que hayan tomado acciones de protección a los inversionistas, al contrario, la actividad en la región norte se ha incrementado. La empresa tiene más personal y mayores gastos que hace un año atrás, es decir, la actividad de operación se ha incrementado en lugar de disminuir. Esto significa que la empresa continúa obteniendo fondos de la casa matriz para operar en Costa Rica y eso solo se debe a que la empresa continúe reportando a casa matriz que todo marcha bien, cuando es todo lo contrario. Recientemente la Sala Constitucional ratificó la anulación de la concesión, por lo que están trabajando de manera ilegal. Al respecto puede
consultarse, entre otros, el Voto número 13414-2004, de las9:29 horas del 26 de noviembre del 2004 (www.poder-judicial.go.cr/acunet/ConsultaVoto.aspx)
Nos preocupa que después de toda la información suministrada, que se refiere a la ANULACIÓN DE LA CONCESIÓN, la empresa continúe trabajando, incrementando personal e incrementando el presupuesto de operación. El ambiente en la empresa parece muy positivo y tienen una gran seguridad de que operarán la mina.
Pensamos que la empresa está muy confiada en que obtendrán la viabilidad ambiental para la roca dura, de hecho, han hablado ya con el viceministro para no presentar un nuevo estudio ambiental, sino un addéndum al anterior y además pretenden no tener que realizar una nueva audiencia pública. Esto activaría las acciones de protesta en la región, el país y en el ámbito internacional y lloverían las impugnaciones legales que entrabarían el proyecto.
Creemos que la empresa espera una respuesta positiva del gobierno de Óscar Arias, de que aprobará la viabilidad ambiental para la roca dura y levantará la moratoria a la minería de oro después del referéndum del TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Pese a la insistencia para que el gobierno se pronuncie al respecto, no lo ha hecho porque estaría
contradiciendo la política de Paz para la Naturaleza y por lo ocurrido con la mina de oro a cielo abierto en Miramar de Puntarenas, la que está a punto de causar un desastre ecológico sin precedentes en nuestro país.
DENUNCIAMOS que a la fecha el departamento de Geología y Minas no ha anulado la concesión de explotación, tal y como lo manda la Sala Constitucional y sigue tramitando solicitudes mineras, violando la moratoria minera. Esto se comprueba mediante el oficio de la Dirección de Geología y Minas DGM-OD-467-2007, en el que se nos reitera que se están tramitando los expedientes relacionados con la Mina Crucitas con los números 7559 y
7598. Reiteramos que estos expedientes no deberían tener trámite alguno, en virtud de la
mencionada moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
DENUNCIAMOS que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) continúa tramitando
un proyecto que no tiene sustento legal alguno. Puede comprobarse el trámite en SETENA de los expedientes, que según Geología y Minas, están archivados. Nos referimos específicamente a los expediente 343-07 al 349-07, del 635-07 al 653-07 y el 503-98.
DENUNCIAMOS también que SETENA siguió tramitando y dictó resolución final dentro del expediente 129-2002, a pesar que desde el principio tenía impedimento legal para hacerlo. Esa resolución final está impugnada ante el Ministro de Ambiente, quien a la fecha no ha hecho pronunciamiento alguno, que conozcamos.
Le hacemos llegar a ustedes esta información directamente para que puedan alertar a los inversionistas de la situación real del proyecto Crucitas.
Adjuntamos copias de cartas enviadas, la presentación de la empresa y las direcciones y estamos en la mayor disposición de suministrar la información que requieran.
Con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) pueden comunicarse a los teléfonos (506)234-3367, (506)234-3368, (506)234-3369 o al fax (506)225-8862.
A la Dirección de Geología y Minas pueden contactarla al teléfono (506)234-9697 o al fax (506)233-2334.
Al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) pueden contactarse por medio de
www.minae.go.cr.
Unión Norte por la Vida
Miembro de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON
Referencias:
(1) www.vannessaventures.com/s/Presentations.asp
(2) Al respecto puede consultarse la edición del Semanario Universidad número 538, año XI del 7 de junio del 2007
(www.semanario.ucr.ac.cr/archivo_digital/nuevas_ediciones/ediciones2007/M06JUNIO_2007/1715_JUN07/index.htm)
