La tecnocracia de derecha se instala en los gobiernos del proceso de cambio, se crean organizaciones paralelas y las dirigencias indígenas y populares son sometidas a descalificación y persecución.
Por Zulema Alanes B. publicado por Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE
25/04/2012. La criminalización como pedagogía del orden, parece ser la estrategia que vienen implementando los denominados gobiernos del proceso de cambio en varios países de América Latina, según concluye la activista ecuatoriana por los derechos ambientales e indígenas, Esperanza Martínez.
Acercarse a Bolivia, es como mirar en un espejo al Ecuador, advierte, porque “estamos viviendo presiones bien parecidas, desde los movimientos sociales le apostamos a procesos de cambio que no llegaron, sino que nos están costando presión, descalificación, persecución. Hay procesos de criminalización muy duros. Vivimos cosas en paralelo, por eso es importante compartir cómo nos estamos arreglando y cómo estamos enfrentando estas presiones”.
Martínez tiene en su haber una larga trayectoria de articulaciones regionales, en diferentes temas asociados a los derechos indígenas y ambientales y en muchas campañas entre las que destaca la que reclama por territorios libres de petróleo.
Llegó a Bolivia para participar en el Foro Debate Internacional \\\\\\\”Vivir Bien más allá del Desarrollo” que, con el auspicio de la Fundación Rosa Luxemburgo, convocó a expertos internacionales para analizar los desafíos pendientes en Bolivia, Ecuador y Venezuela, países que se plantearon, con la llegada de fuerzas políticas de izquierda al gobierno, un cambio social profundo que incluye al modelo de desarrollo que, sin embargo, parece difícil de concretarse.
En medio de ese debate, estuvo presente el análisis de las luchas indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isobore Sécure (TIPNIS) y, Esperanza Martínez, no puede menos que concluir que lo que ocurre en Bolivia se parece mucho a lo que sucede en el Ecuador, donde “al movimiento indígena lo están golpeando mucho, lo están criminalizando, todos los dirigentes están acusados de algo – terrorismo, sabotaje, malos manejos financieros -, algunos compañeros estuvieron hasta 6 meses en la montaña de clandestinos, para protegerse de las acciones penales del gobierno”.
Asegura que las estrategias son similares, en el caso de los indígenas ecuatorianos el gobierno también desató una campaña con el tema del manejo de recursos, “como administran muy mal el dinero porque no tienen contadores ni auditores a tiempo completo, no tienen cuentas claras y, entonces se los chantajea, y se les anuncia procesos por mala gestión económica, se los vincula con prácticas corruptas del pasado”. La campaña está dirigida también a los financiadores y a la cooperación internacional, a quienes con el argumento de la “transparencia” se está presionando para asfixiar económicamente a los movimientos sociales.
Un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) del 2011 revela que desde el 2008, Ecuador reporta 20 casos de criminalización por actos contra la minería a gran escala que se ha convertido en una creciente causa de conflictos, por los efectos sociales y ambientales. El resultado de estos casos fue que 124 personas fueron enjuiciadas o son investigadas por obstaculizar vías, invadir tierras, terrorismo y otros. Este estudio enfatiza que campesinos y dirigentes indígenas y sociales afrontan estas acusaciones por negarse a abandonar sus tierras para actividades mineras; por acciones de protesta contra la minería a gran escala y por movilizarse contra la aprobación de la Ley Minera y el proyecto oficialista de Ley de Aguas en enero de 2009 y mayo de 2010, respectivamente. “La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que cuestione (…) proyectos extractivistas”, anota este informe.
Este tipo de presiones, según Esperanza Martínez, que vienen acompañadas de descalificación pública funcionan a nivel psicológico pero también golpean moralmente. El resultado es que “la gente tiene miedo, a salir a las marchas, a protestar, se han dado cosas feas, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, cumple una pena de 6 años, acusado por terrorismo, ya lleva dos años y le acaban de ampliar un año más… La idea es aplicar medidas aleccionadoras”.
“Y todo el entramado de la estrategia deriva en un eslabón final: cooptar a las dirigencias indígenas y populares, descabezarlas si se resisten, y construir organizaciones paralelas, que felizmente no tienen larga vida porque las organizaciones no surgen de la nada”, asegura.
Las tensiones entre el movimiento social y el gobierno en Ecuador, son permanentes porque en los puestos gubernamentales estratégicos se han instalado tecnócratas con pasado de derecha. “Este gobierno ya dura cinco años, algo que no es propio de nuestra historia republicana, y a esta altura el único vínculo que le queda con el conjunto de la ciudadanía son sus políticas de bienestar social que se han traducido en la entrega de “bonos”. Se trata de bonos insignificantes que a veces apenas alcanzan para cubrir el costo del transporte para ir a cobrarlos, pero que han permitido al gobierno ganar mucho respaldo y una base social que le facilita la organización de grandes manifestaciones en oposición a movimientos sociales tradicionales”, explica la activista.
La renovación del aparato estatal es otra de las estrategias implementadas por el gobierno de Rafael Correa para asegurarse una base social oficialista. El mecanismo aplicado ha sido el de las renuncias voluntarias – algo parecido a la relocalización neoliberal implementada en Bolivia – que, con indemnizaciones de por medio, ha logrado remover del aparato estatal a un elevado número de médicos, trabajadores en salud y maestros, para sustituirlos por gente afín al régimen, sostiene Martínez.
Pero el prebendalismo estatal no ha tenido los efectos esperados, como ha quedado demostrado en la última marcha indígena que se inició con 200 activistas indígenas, y que aglutinó el apoyo de más de 40 mil personas a su llegada a Quito, el pasado 22 de marzo.
La movilización contra los proyectos gubernamentales que promueven la minería a gran escala en territorios indígenas, intentó ser saboteada por el gobierno que emitió un decreto prohibiendo la circulación de buses por territorios indígenas que no porten permiso especial, el objetivo, explica Esperanza Martínez, era que los indígenas no salgan de sus lugares para apoyar la marcha. Pero además, el presidente Correa convocó a una contramarcha, colocó buses para una gran concentración oficialista con la que pretendía enfrentar a los indígenas el día de su arribo a la capital, “la gente se vino en los buses del gobierno pero se fue a apoyar la marcha indígena…”.
La lucha no tiene tregua, y desde el aparato estatal se diseñan estrategias para enajenar los recursos naturales, violentar los derechos de los pueblos indígenas, vaciar y ocupar los territorios para implementar los mismos proyectos de siempre: petróleo, minería, carreteras, advierte Martínez, a tiempo de admitir que los pueblos indígenas y las organizaciones populares de América Latina tienen el desafío de articularse de manera más orgánica para responder a la arremetida de los gobiernos que hoy se distancian de las bases sociales que los erigieron.
