Con el amparo explícito del Gobierno nacional, los gobernadores de diez provincias mineras, los mismos que hace poco más de un mes crearon la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), firmarán hoy el llamado Acuerdo Federal para el Desarrollo Minero. A fin de reforzar su respaldo, Cristina de Kirchner los recibió anoche en su despacho de la Rosada.
Fuente: diario Ámbito Financiero
27/03/2012. Cristina de Kirchner recibió en su despacho en la Casa Rosada a los gobernadores de las provincias mineras y reforzó su respaldo para el acuerdo federal que firmarán hoy.
«La Presidenta nos ratificó su apoyo total y remarcó la estrategia para continuar adelante y afianzar la minería como actividad productiva», confió uno de los mandatarios a este diario, poco después de finalizada la reunión. Así, la jefa de Estado avaló el documento que se rubricará hoy al mediodía en la porteña Casa de Jujuy, que apunta a que las provincias, propietarias de los recursos naturales, tengan mayor participación en la renta minera.
De ese modo, y concretamente con la constitución de empresas públicas que operen en conjunto con las compañías extranjeras los proyectos mineros, se buscará que las bondades de los minerales y los metales desborden y apuntalen las economías del interior. La apreciación de la sociedad sobre la actividad más golpeada este último tiempo por sectores ambientalistas -suponen-, tendería a cambiar.
Con el mismo sentido, los mandatarios intentarán blindarse ante la escalada de protestas contra la megaminería con soluciones en materia de control del impacto ambiental y sin prohibiciones. Con el marco de la OFEMI, más el guiño nacional, podrían repartir -estiman- el costo político.
Despejar las dudas ante megainversores mineros sobre el ímpetu prominero del país es también -y sobre todo- una señal que la Presidente tiene en agenda. A eso apuntará además su visita este jueves a la mina santacruceña Cerro Vanguardia. Como argumento, alcanza con anotar que del total de tributos que pagan las mineras por producir en el territorio, la Nación se lleva el 88% (las provincias, el 12% restante).
Catamarca y Santa Cruz, dos de los tres distritos que cuentan con más ingresos mineros, en gran parte por las minas Bajo la Alumbrera y Cerro Vanguardia respectivamente, sirven de ejemplos para vislumbrar el modelo que promueve el acuerdo y que se pretende unificar en todo el país. Las distancia de San Juan, además, que ambas pusieron en marcha sus emblemáticos proyectos a fines de los 90.
En la primera provincia, al mando de la kirchnerista Lucía Corpacci, para explotar el cobre, el oro y el molibdeno se constituyó una unión transitoria de empresas (UTE) entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional, y Minera Alumbrera Limited, la firma que pertenece en mayor medida a la suiza Xstrata y a las canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold.
Por otro lado, Fomicruz, sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, participa de la operación de la mina de oro como accionista: posee el 7,5% de la firma Cerro Vanguardia. El resto es de la sudafricana AngloGold Ashanti.
San Juan, en cambio, lleva adelante otro modelo. Sin asociaciones del Estado provincial con las grandes mineras, el Gobierno de José Luis Gioja -que ya va por su tercer mandato consecutivo- incentivó el desarrollo de proveedores locales e instó a las mineras, como la canadiense Barrick, que opera desde 2005 la mina Veladero, a que los contraten, frente a la gran masa de empresas medianas y chicas de Chile, con más experiencia, que amenazaban con copar el sector de este lado de la Cordillera. A simple vista, si se juega a armar una grilla de conflictos antimineros, San Juan no aparece como uno de los focos más atacados. Al menos no por los sanjuaninos.
