El presidente panameño, Ricardo Martinelli, sancionó hoy una ley que prohíbe la minería y protege los recursos hídricos en la comarca Ngäbe Buglé, aprobada por el Parlamento la semana pasada tras fuertes protestas callejeras que dejaron dos indígenas muertos y decenas de detenidos.
Fuente: EFE
27/03/2012. La llamada ley 415 “establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe Buglé” y “recibió la sanción del presidente de la República (…) este lunes por lo que “queda lista para entrar a regir a partir de su promulgación”, indicó un comunicado oficial.
La misiva de la Secretaría de Comunicación resaltó que la norma especial “reúne lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el Gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas y que llevó este documento a la Asamblea Nacional donde fue aprobada en sus tres debates el pasado jueves 22 de marzo”.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y los líderes indígenas, con la mediación de la iglesia católica, culminaron el pasado día 16, cuando las partes acordaron prohibir las explotaciones mineras en la comarca indígena y condicionar los proyectos hidroeléctricos en la zona, lo que quedó plasmado en la ley 415.
Los indígenas exigían la prohibición tanto de la minería como de la explotación hidroeléctrica, y para ello promovieron a inicios de febrero protestas callejeras que finalizaron en enfrentamientos con la Policía y dejaron dos manifestantes muertos y decenas de heridos, entre ellos varios agentes del orden.
El proyecto legislativo aprobado el pasado jueves “prohíbe la explotación minera (…) y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca”, indicó entonces una nota de prensa del Parlamento.
También crea un fondo para el desarrollo de la comarca Ngäbe Buglé con los aportes que resulten del 5 % de la facturación anual de todo emprendimiento hidroeléctrico que se desarrolle, de acuerdo a la información parlamentaria.
Algunos grupos indígenas Ngäbe Buglé rechazan el acuerdo alcanzado entre las autoridades de la comarca y el Gobierno, porque la nueva ley permite las hidroeléctricas en sus territorios, y han expresado su intención de mantener las protestas callejeras, lo que el Ejecutivo ha advertido que no permitirá.
