Primera audiencia realizada en Cochabamba. Puso en evidencia la responsabilidad de gobiernos, instituciones financieras internacionales y corporaciones transnacionales en promover la expoliación de la Madre Tierra y el cambio climático. Sus disposiciones sostienen que el «modelo de producción y de consumo, llamado de desarrollo, que genera deuda financiera, ecológica y social, y es insustentable».

Dictamen de la Primera Audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

El Tribunal sesionó los días 13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia, donde examinó siete casos denunciados por organizaciones sociales. Gobierno colombiano detuvo a dirigente de una de las organizaciones denunciantes.

En la ciudad de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia, los días 13 y 14 de octubre del 2009, sesionó en Audiencia Preliminar el Tribunal Internacional de Justicia Climática, acogiendo con gran respeto la iniciativa de las organizaciones sociales bolivianas y de las redes internacionales. Se conoció la denuncia de siete casos sobre el impacto del cambio climático y la violación de derechos en comunidades, poblaciones y la Madre Tierra.

Estos casos fueron:

1. Violaciones de los derechos humanos resultantes del calentamiento global por actos y omisiones de los países incluidos en el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Presentado por la comunidad Khapi, La Paz, Bolivia.
2. Víctimas del cambio climático y de la negligencia del Estado Salvadoreño en comunidades empobrecidas de la zona norte del municipio de Jiquilisco». Presentado por la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa (ACUDESBAL), El Salvador.
3. FACE PROFAFOR, demanda contra la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono, FACE) y otros. Presentado por Acción Ecológica de Ecuador.
4. Los impactos climáticos causados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), demanda presentada contra los tres miembros de la Coordinación Técnica del IIRSA (el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Corporación Andina de Fomento CAF, y FONPLATA), así como entidades financieras como el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil BNDES, la Unión Europea, Banco Santander. Presentado por la Fundación Puente Entre Culturas, Bolivia.
5. Violación de los Derechos Humanos, Ambientales, Culturales y Laborales por la implementación de la falsa solución al cambio climático, Agrocombustible-Etanol con base en caña de azúcar en el Valle del Río Cauca. Demanda al gobierno de Colombia presentada por los Cortadores de Caña de Azúcar del Cauca, Colombia.
6. Niños y niñas con exceso de plomo en sangre en Cerro de Pasco (Perú) por gases y partículas contaminantes, demanda contra la Compañía Minera Volcán S.A. y el Estado de Perú. Presentado por la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, Cerro de Pasco, Perú.
7. Doe Run Perú, demanda contra el gobierno peruano y la empresa Doe Run Perú, que funde y refina metales, por la contaminación en la región Junín. Presenta el caso CooperAcción, Perú.

En el caso «Violación de los Derechos Humanos, Ambientales, Culturales y Laborales por la implementación de la falsa solución al cambio climático, Agrocombustible-Etanol con base en caña de azúcar en el Valle del Río Cauca», se lamentó la ausencia de José Oney Valencia Llanos, dirigente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, por haber sido detenido por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia en el momento de abordar el avión rumbo a Bolivia para presentar el caso en esta audiencia.

En su dictamen final, bajo el título de «Observaciones y Recomendaciones», el Tribunal Internacional de Justicia Climática señala a los responsables del cambio climático y hace un listado de los instrumentos internacionales vulnerados por esos responsables.

Asimismo, subraya que «se ha podido evidenciar que el Cambio Climático magnifica y profundiza injusticias existentes, incluyendo en particular la discriminación contra los pueblos y naciones indígenas y las mujeres». Y que la aplicación del modelo de desarrollo extractivista y exportador -perpetuado por gobiernos y corporaciones transnacionales- está provocando conflictos sistemáticos y permanentes con los derechos colectivos, el mal uso del territorio y la violación de los derechos de la naturaleza.

En la Audiencia Preliminar, además, se puso en evidencia la responsabilidad de gobiernos, instituciones financieras internacionales y corporaciones transnacionales en promover la expoliación de la Madre Tierra y el cambio climático a través del otorgamiento de créditos, asesoría técnica, condicionalidades y otras políticas que contribuyen a la configuración, imposición y mantenimiento de un modelo de producción y de consumo, llamado de desarrollo, que genera deuda financiera, ecológica y social, y es insustentable.

Esta responsabilidad fue denunciada sobre todo en relación al diseño e implementación de la IIRSA, que incluye más de 500 proyectos, incluyendo en particular la construcción de la carretera bioceánica Santa Cruz-Puerto Suárez, la construcción de una mega represa hidroeléctrica sobre el Río Madera, la expansión de la industria minera en el Perú, como en los casos de Cerro de Pasco y La Oroya, y de la agroindustria exportadora en El Salvador.

El Tribunal constató también «la poca pertinencia de las llamadas ‘soluciones de mercado’ para resolver los problemas derivados del cambio climático».

Entre sus recomendaciones, destacan la de exigir con urgencia a los gobiernos la promoción y adopción de medidas cautelares que incidan en la no-repetición de los crímenes denunciados, incluyendo la no mercantilización de la vida y de la naturaleza y la aplicación del principio de precaución en relación a las «falsas soluciones» al cambio climático; así como la de suspender la participación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de las Instituciones Financieras Internacionales y otros mecanismos financieros que han exacerbado el cambio climático e incrementado la deuda ecológica.

Las recomendaciones están dirigidas a las instancias de Naciones Unidas, la OEA, los gobiernos y las organizaciones denunciantes.

Cochabamba, octubre de 2009.
Coordinación General CAOI