El financiamiento que la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA, por sus siglas en inglés) otorga a proyectos de responsabilidad social corporativa, en su mayoría ubicados en la zona de influencia de las minas, tiene por objeto ayudar a las empresas mineras canadienses a competir por el acceso a lucrativos yacimientos minerales en países en desarrollo, frente a la creciente oposición local a la minería. Mientras escribo esto, miles de cajamarquinos en el Perú protestan contra la mina Conga de Newmont Mining, que va a destruir cuatro lagunas de las que dependen para su abastecimiento de agua y medios de subsistencia.
Por Catherine Coumans-MiningWatch
El mes pasado unas 10.000 personas se manifestaron en la oficina del gobernador en La Rioja, en Argentina, pidiendo la cancelación de un acuerdo con la empresa minera de oro Osisko. Temen por el agua que necesitan para sus vinos de categoría mundial, las aceitunas y las nueces.
Hay al menos diez moratorias provinciales y 32 municipales a la minería a gran escala en Filipinas, que condujeron a una resolución presentada en la Cámara de Representantes en 2010 donde se pidió una moratoria a la minería a gran escala en el país en su conjunto.
En América Latina, las comunidades están realizando cada vez más consultas o referendos para mostrar su oposición colectiva a la minería. Siempre mencionan la necesidad de proteger los recursos naturales de los que dependen su seguridad alimentaria y desarrollo futuro.
A nivel comunitario, la oposición de los pueblos pobres y marginales a la minería es creciente e implica grandes costos para ello mismos. En su mayoría sucede antes que una mina haya recibido los permisos. Incluso las comunidades remotas han tomado conciencia de los riesgos graves y de largo plazo que plantea la minería. A nivel local, la oposición y el conflicto son graves problemas para las empresas mineras que buscan asegurar el acceso estable a los recursos minerales. La industria reconoce esto cuando se habla de la necesidad de asegurar una “licencia social para operar”.
El conflicto llega a casa
En Canadá, encuentros entre parlamentarios y personas que viajaron desde muy lejos para dar testimonio del daño sufrido como resultado de las operaciones mineras canadienses condujo a un informe parlamentario pionero. En el año 2005, dicho informe recomendaba que el gobierno canadiense “estableciera normas legales claras en Canadá para garantizar que las empresas canadienses y los residentes tengan que rendir cuentas cuando haya evidencia de violaciones a los derechos ambientales y humanos, asociados con las actividades de las empresas mineras canadienses.”
Este informe derivó en mandatos gubernamentales producto de las Mesas Redondas de Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Extractivo, organizadas hasta el año 2006, para que se tome mayor conciencia entre los canadienses sobre los impactos negativos asociados a la minería en países en desarrollo.
Como participante del grupo asesor de contrapartes interesadas de las mesas redondas, escuché a los participantes de la industria minera en varias ocasiones condenar el daño a la reputación que la industria estaba sufriendo como resultado de una mayor atención en Canadá sobre sus problemas en el extranjero. También he oído pedidos de la industria para un mayor apoyo del gobierno canadiense que asegure una ventaja en la competencia de las empresas mineras que operan a nivel mundial.
En particular, los participantes de la industria pidieron un apoyo sin precedentes de la CIDA directamente en las minas, donde las compañías a menudo se enfrentan a una feroz oposición de la comunidad. La industria se opone firmemente a cumplir un mejor desempeño social y ambiental en el extranjero y toda medida que implique la obligatoriedad de rendir de cuentas en Canadá.
Juntando fuerzas
Cuando se presentó al gobierno de Canadá el informe final de las mesas redondas en 2007 los líderes de la industria, descontentos con las recomendaciones de consenso del informe, iniciaron reuniones a puertas cerradas con algunas grandes organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la creación de lo que iba a ser la “Iniciativa Devonshire”.
Supe que tanto la Iniciativa Devonshire, como líderes de ONG mineras y de desarrollo en conjunto presionaron a la CIDA para “asociarse” a los proyectos mineros y promover la responsabilidad social empresaria.
No fue sino hasta 2009 que el gobierno canadiense dio a conocer su respuesta al informe de las mesas redondas, denominada “Construyendo la ventaja canadiense”. Al CIDA se le dio oficialmente la cobertura política que necesitaba para entrar en asociaciones, a pesar de que no fue la intención del informe de las mesas redondas.
No es para nada sorprendente que Pierre Gratton, presidente de la Asociación Minera de Canadá, escriba un artículo que apareció en el Ottawa Citizen titulado “Los cambios de CIDA desde hace mucho tiempo.” Tampoco es particularmente sorprendente que la CIDA siga siendo una herramienta de los objetivos de política exterior del gobierno de turno. De esta forma está respondiendo a los llamados directos de la industria para canalizar el dinero de los contribuyentes hacia las empresas mineras y subvencionar sus proyectos de RSE principalmente cerca de los sitios mineros.
CIDA ha invertido U$6,7 millones para apoyar tres proyectos piloto: las ONG canadienses Plan Canadá, el Servicio Universitario Mundial de Canadá y Visión Mundial Canadá, que se están ejecutando en colaboración con IAMGOLD, Rio Tinto Alcan y Barrick Gold respectivamente.
Los proyectos incluyen la formación profesional y fomento de la capacidad de los líderes locales sobre todo cerca de los sitios mineros.
Las subvenciones a los proyectos de RSE de las bien dotadas multinacionales es un uso irresponsable de fondos públicos por el CIDA, ya que la RSE enmascara en lugar de exponer los graves déficits de desarrollo de nivel local y nacional causados por la minería.
Si el gobierno de Canadá estaba interesado en abordar los impactos negativos de la minería en los países en desarrollo, habría puesto en práctica las recomendaciones del informe parlamentario de 2005 y las Mesas Redondas de 2007.
Por primera vez, los altos ejecutivos de Visión Mundial Canadá, el Servicio Universitario Mundial de Canadá y Plan Canadá publicaron la semana pasada su punto de vista colectivo sobre las alianzas con las empresas mineras en el diario Globe and Mail. En un artículo de opinión, la Iniciativa Devonshire envió su propio mensaje argumentando que las empresas mineras “son ya importantes actores del desarrollo por derecho propio.”
Las empresas mineras se autodenominan como a favor del desarrollo, pero esa afirmación debe ser examinada críticamente y confrontada con la creciente literatura de la maldición de los recursos que vincula la minería con el aumento de la pobreza en los países en desarrollo (debido a la pérdida de competitividad y desarrollo en otros sectores económicos y la distribución desigual de los beneficios asociados con la riqueza mineral, por ejemplo) y con la creciente oposición a la minería en todo el mundo, especialmente a nivel local.
La Iniciativa Devonshire justifica sus alianzas con las empresas mineras por su participación “en el corazón de los propios planes de desarrollo económico de los países en vías de desarrollo”, que no muestran conciencia del hecho de que la propia industria, a través del Consejo Internacional de Minería y Metales, como he documentado en otros lugares, ha promovido la inclusión de la minería en las estrategias de reducción de pobreza y desarrollo de países ricos en minerales.
Por último, los ejecutivos de las organizaciones no gubernamentales señalan que “sentarse en la banca no es una opción.” En eso podemos estar de acuerdo. Estas ONG no jugaron ningún rol a favor de los intentos de los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar mecanismos de rendición de cuentas al Estado para garantizar los más altos estándares ambientales y sociales de las operaciones de las empresas mineras canadienses fuera de sus fronteras.
Su apoyo a este esfuerzo en curso, sería bienvenido.
*Catherine Coumans es coordinadora de investigación del programa Asia Pacífico de Mining Watch Canadá. Es autora del libro ¿De quién el desarrollo? Minería, la resistencia local y agendas del desarrollo.
