Buenos Aires, 5 feb (EFE).- El rechazo social a las actividades de la “megaminería” a cielo abierto en Argentina es creciente, con protestas de pobladores y ambientalistas que se multiplican en todo el país, donde las inversiones mineras alcanzaron un nivel récord en 2011.

En las últimas semanas las protestas se hicieron sentir con fuerza en la norteña provincia de La Rioja, donde habitantes de las localidades de Famatina y Chilecito mantienen desde el 2 de enero un bloqueo en el acceso a un yacimiento de oro que planea explorar la canadiense Osisko, un proyecto que, aseguran, contaminará su única fuente de agua potable.

 

La protesta en defensa del cerro Famatina alcanzó una dimensión inusitada cuando poblaciones de otros puntos del país que albergan proyectos mineros se adhirieron al reclamo, con actos y marchas.

El Gobierno de La Rioja, socio minoritario de Osisko en el proyecto, terminó por prometer la semana pasada que la exploración no se realizará sin la “licencia social” de los vecinos, para lo cual, anticipó, emprenderá una “campaña de información” sobre los beneficios de la minería, al tiempo que garantizó que no se afectará el medioambiente.

“Reclamamos que no se realice una explotación minera a cielo abierto en el Famatina, hermanados con el rechazo a todos los megaproyectos mineros que se están dando en toda Argentina, especialmente en los Andes”, dijo a Efe Yanina Millicay, una de las integrantes de la asamblea ciudadana de Chilecito.

El otro foco de fuertes protestas está en las norteñas provincias de Catamarca y Tucumán, donde también se realizan bloqueos para exigir el cierre de Bajo de la Alumbrera, uno de los principales yacimientos de oro y cobre del mundo, explotado por la anglo-suiza Xstrata en sociedad con las canadienses Goldcorp y Yamana.

Esta sociedad, que asegura operar bajo estándares de cuidado ambiental, tiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento también de oro y cobre, cercano a La Alumbrera y que los habitantes de la zona reclaman que no sea puesto en marcha.

“Hace varios años que luchamos contra La Alumbrera y ahora quieren explotar Agua Rica, que está en las nacientes de nuestros ríos”, dijo a Efe Ricardo Morel, miembro de la Asamblea Ciudadana de Algarrobo, una de las localidades que rechaza ambos proyectos.

Las protestas en La Rioja y Catamarca, donde varios pobladores fueron encausado judicialmente por los bloqueos, reactivaron reclamos contra otros proyectos mineros en las provincias de Río Negro, Chubut y Mendoza.

“La coyuntura de estas protestas es favorable porque hizo que este tema, que estaba tratando de ser ocultado por los poderes políticos de turno, saliera a la luz”, dijo a Efe Mariela Silvestein, presidenta de la organización ambientalista Conciencia Solidaria.

Silvestein consideró “urgente” que el Parlamento discuta un proyecto presentado por el senador opositor Eugenio Artaza para prohibir la megaminería y la extracción de minerales radiactivos y, en este sentido, apuntó que el “clima social” de rechazo ayudará a que esta iniciativa se debata.

En una entrevista publicada hoy por el diario Tiempo Argentino, el secretario de Ambiente argentino, Juan José Mussi, reconoció que el tema minero es “controvertido” y dijo que la movilización popular “debe servir para lograr consensos que equilibren la sustentabilidad ambiental con el crecimiento del conjunto de las poblaciones involucradas”.

Quienes rechazan la minería, que mayormente viven de la agricultura y el turismo, plantean que está en riesgo su fuente de trabajo.

Pero las provincias que conceden los derechos mineros ven en esta actividad en boga en Argentina suculentos ingresos para sus alicaídas arcas.

“No podemos darnos el lujo de prescindir de la minería”, dijo el ministro de Producción de Catamarca, Ángel Mercado.

Según datos de la Secretaría de Minería argentina, las inversiones mineras alcanzaron en 2011 un récord de 2.546 millones de dólares.

También fue récord la actividad exploratoria, con más de 1 millón de metros de perforaciones (41 % más que en 2010) e inversiones por 133 millones de dólares.

Argentina tiene unos 600 proyectos en actividad, que emplean directa e indirectamente a 517.000 personas, según datos oficiales