Perú – 12/11/08. Tres muertos, entre ellos un bebé de cinco meses, más de 66 heridos y casi un centenar de detenidos, fue el saldo provisorio de las protestas contra la modificación de la distribución de canon minero en el sur del Perú, hasta la instauración del Estado de Emergencia el pasado viernes. Una reunión de organizaciones de los pueblos originarios del pasado mes de setiembre, acordó la movilización para exigir la derogación de todos los decretos legislativos que atentan contra los derechos comunales; el rechazo a las concesiones mineras y proyectos a favor de intereses de empresas transnacionales; la renuncia del actual gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución neoliberal fujimorista de 1993.
Por Ernesto Tamara Surameircapress
Tras el decreto de Estado de Emergencia, que militariza la región e impone a las Fuerzas Armadas la instauración del orden público, y prohíbe toda clase de manifestaciones y reuniones, la región permanece en una tensa calma, mientras se teme que la violencia vuelva a resurgir cuando se implementen las protestas por la presencia del presidente norteamericano George Bush en la Cumbre del Pacífico que se celebrará del 20 al 23 de noviembre en Lima, la capital del país.
El gobernador de Tacna, Hugo Ordóñez, condenó la medida y mantiene el reclamo de un diálogo con el gobierno central. En tanto, el gobierno de Alan García dijo que no dialogará con las autoridades de Tacna, mientras no cesen los actos de violencia.
Perú que está viviendo una euforia minera, con crecimientos del PBI del 7 por ciento en los últimos años, está sacudido por las protestas de las poblaciones indígenas, el escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno, que ya provocó la salida del primer ministro y otro secretario de Estado, la denuncia de espionaje telefónico realizado a políticos y sindicalistas por una empresa privada, y ahora por la iniciativa de parlamentarios oficialistas de sancionar una amnistía para los militares involucrados en la violación de los derechos humanos en los últimos años, especialmente durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
El 30 de octubre, el Congreso peruano aprobó modificar el artículo de la Ley del Canon Minero, cediendo a las demandas de la región de Moquegua que pedía tener mayor participación de los recursos de la explotación de la empresa Southern Perú, que explota la mina Cuajone en Moquegua y la de Toquepala, en la provincia de Tacna (sur del país).
Los legisladores esperaban que con la aprobación de la nueva norma iba a cesar la huelga que mantenían los trabajadores mineros de Moquegua que exigían su modificación. Finalmente la nueva norma se aprobó por 51 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones.
El nuevo concepto de distribución del canon otorga más dinero a la región de la mina que más mineral ha vendido, y desestima el actual sistema de otorgar el canon por la cantidad de mineral en bruto que una mina produce, es decir, la tierra removida.
Los pobladores de Tacna denuncian que esta nueva forma de cálculo les quita más de 117 millones de dólares anuales de ingresos a la región.
Según el artículo 77 de la Constitución del Perú, se establece que el canon minero está constituido por el 50% de los ingresos y rentas que pagan las empresas dedicadas a la explotación de los recursos minerales al Estado. Esta norma fue sancionada en 2001, y tenía como objetivo obligar al gobierno a distribuir en las zonas mineras los recursos obtenidos por su explotación.
Según datos estadísticos, un 80% de la población rural de la sierra, donde se encuentra el mayor número de operaciones mineras, tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.
La medida del Congreso, apoyada por el presidente Alan García, no modifica para nada lo que debe pagar la empresa minera y sólo le quita a una región para otorgarle más a otra. Asimismo sostienen que las empresas mineras deben pagar canon por la tierra removida y los daños ecológicos que implica, y un impuesto aparte por la venta del mineral. De lo contrario podría darse el extremo de destruir todo un territorio en busca de mineral sin pagar nada o muy poco.
Poco después de la decisión del Congreso, la región de Tacna comenzó un paro en la zona, afirmando que podría perder 117,8 millones de dólares.
Otras demandas
Aunque las protestas en Tacna son presentadas como un reclamo por la reducción a la región de los canones mineros, distintas organizaciones participantes tienen otros reclamos, que van desde la recuperación de los santuarios indígenas, como Machu Pichu, para que pasen a ser administrados por las comunidades quechuas y aimaras, la nulidad de los contratos de explotación de gas y petróleo en el país, hasta la exigencia de presentar una denuncia en la Corte Internacional de La Haya contra España, por el genocidio contra los pueblos originarios y el saqueo de los recursos naturales desde 1532 en adelante.
Una reunión de organizaciones de los pueblos originarios del pasado mes de setiembre, acordó la movilización para exigir la derogación de todos los decretos legislativos que atentan contra los derechos comunales; el rechazo a las concesiones mineras y proyectos a favor de intereses de empresas transnacionales; la renuncia del actual gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución neoliberal fujimorista de 1993.
Por otra parte, organizaciones de Cusco y Puno, en una asamblea de mediados de octubre, reclamaron la recuperación de los santuarios Koricancha, Sacsayhuaman, Machupicchu y otros, para ser administrados directamente por las comunidades quechuas y aimaras, así como la revisión de las las privatizaciones y la nulidad de los contratos y concesiones de los proyectos mineros, petroleros y gasíferos.
Ocupación de un puente
Resueltas las protestas de Moquegua, los habitantes de Tacna, ciudad de 97.000 habitantes, a 950 kilómetros al sur de Lima, se movilizaron contra la decisión del Congreso.
En sus protestas, los habitantes del departamento de Moquegua habían ocupado el puente Locumba que los une a Tacna, y lo mismo intentaron los pobladores de esta región. En ambos casos hubo choques con la policía, pero en las protestas de Tacna, el pasado 30 de octubre, un joven de 24 años, recibió un impacto de bala cuando la policía intentaba desalojar la ocupación del puente.
Esta muerte provocó otras movilizaciones, y un grupo de personas se dirigió a la sede municipal del distrito de Ciudad Nueva y las instalaciones del Poder Judicial en el distrito de Alto de la Alianza, cerca de la ciudad de Tacna. Allí arrojaron un coctel Molotov y se desató un incendio en la sede municipal. Otra vez la policía dispersó a los manifestantes y un taxista de 37 años resultó herido de bala, falleciendo poco después.
Los manifestantes también denunciaron la muerte de un bebé de cinco meses que inhaló los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Un funcionario de la Fiscalía, negó el efecto de los gases lacrimógenos y atribuyó la muerte del infante a otras causas.
Poco después, el gobierno decretó el Estado de Emergencia por 30 días en esa región.
Estado de Emergencia e impunidad
El nuevo primer ministro, Yehude Simon, advirtió de inmediato que buscará los responsables de los “disturbios”, sugirió que “radicales” de otras regiones habían viajado a Tacna para provocar las protestas, y adelantó que ningún policía será acusado por las muertes de los manifestantes.
“Aquí hay responsables y no va ser responsable el policía, sino el que está provocando” dijo Simon en conferencia de prensa.
“Jamás permitiría que la policía dispare a matar, pero imaginen que esté rodeado por 2 mil 500 personas con piedras y palos: tampoco puede sacrificar su vida. Cuando muere un policía, nadie lo llora, sólo la viuda o la institución, sin que reconozcan que gracias a la policía no se quemó a Tacna”, remarcó.
También denunció la supuesta presencia de “radicales” de otras regiones en la provocación de las protestas, y sostuvo que una vez detenidos serán proporcionados sus nombres.
“Les puedo asegurar que hay gente que ha llegado de otras regiones y que está preparando toda una serie de condiciones para poder golpear directamente al país en APEC (Foro de Cooperación Asia Pacífico) y golpear a la democracia”, dijo Simon.
“No estoy viendo fantasmas, hemos hecho seguimiento, tenemos informes de inteligencia, y de la propia gente de Tacna que está asustada”, aseguró Yehude Simon.
Ese fue su principal argumento para defender el Estado de Emergencia y disponer la intervención de las Fuerzas Armadas para establecer el orden.
Dijo que hubiera sido “un irresponsable total” dejar a la población civil en manos de gente extraña a la región.
Perú será sede de la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que reunirá en Lima entre el 22 y el 23 de noviembre a líderes de 21 economías ribereñas de la cuenca del Pacífico, incluidas China, Estados Unidos, Japón y Rusia.
El presidente norteamericano, George Bush, confirmó su presencia en la cumbre y ya las organizaciones sindicales están anunciando movilizaciones de protesta por su preencia en el país.
Las autoridades del gobierno venían anunciando desde antes de las protestas en Tacna, sobre supuestos planes para desestabilizar el país en los días de la cumbre de Foro.
El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, fue uno de los primeros en denunciar que las protestas en la región del sur buscaban crear un clima de caos y zozobra de cara a la cumbre APEC.
Siguen las protestas
Hombres, mujeres y niños hicieron sonar ollas en casi todos los barrios y especialmente ante los transportes de tropas y otros carros blindados que usa el ejército para controlar la ciudad. El jefe de las fuerzas militares, general Carlos Farash, dijo que su misión es restablecer la tranquilidad y el orden y admitió que sus tropas son rechazadas por la población.
José Mejía, coordinador del Frente de Defensa de Tacna y otros dirigentes sociales y autoridades de Tacna coincidieron en llamar al gobierno a establecer cuanto antes el diálogo con las organizaciones lugareñas, a fin de evitar que la situación se desborde.
El presidente regional (gobernador) de Tacna, Hugo Ordóñez, condenó las medidas de emergencia, y consideró que ello es evidencia de que el gobierno sólo tiene respuestas represivas para las demandas tacneñas.
Acusó a las fuerzas armadas de bombardear desde un helicóptero a los manifestantes, y disparar contra ellos.
Rechazó igualmente la declaración del primer ministro Simon de que elementos radicales han llegado de otras ciudades a Tacna para azuzar el conficto.
Fiesta minera
Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un discutido decreto presidencial de mayo pasado le permite al gobierno disolver las comunidades indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus proyectos.
La sanción del decreto 1015 fue rechazada por las organizaciones indígenas que se han mantenido movilizadas.
Las organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el derecto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios “y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización”.
Explicaron que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.
En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una “asamblea” con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.
A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea.
Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse “legalmente” de esas tierras amañando “asambleas”.
De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunicades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.
En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.
Cruz expuso que actualmente existen más de “200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades”.
Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de “unos Andes prácticamente vírgenes” en cuanto a exploración, unidos al “sostenido crecimiento económico del país” y un gobierno que “emite buenas señales para la inversión” convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.
Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares.
Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.
Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.
Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.
