La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos.
Por Alberto Acosta [1]
“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”. Michael J. Watts (1999) [2]
Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), optó por la represión.
Desplegando una inusitada violencia policial se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera, financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNIS para facilitar la explotación de yacimientos petroleros. Y, de paso, ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.
La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar: “Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Este gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación”.
Seguramente serán muchas las (sin)razones oficiales para explicar dicho acto violento que nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la Naturaleza e incluso a la sociedad. Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales.
Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales. Estos países estarían atrapados en la lógica perversa de “la maldición de la abundancia”[3]: ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?
Violencia y autoritarismo de la mano del extractivismo
La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión enYukumo, Bolivia, por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o la que se produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007.[4]
Inclusive hay una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política. Eso explica por qué los gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización pasadista…
Estas actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivistas en las que participan grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede ahora en el Bloque Armadillo en Ecuador, en donde -constitucionalmente- está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas.
La violencia incluso aflora ahora también, cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial.
En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo.
Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a Libia parece que van también en esa dirección.
Esta violencia casi innata a esta maldición de la abundancia está vinculada, con mucha frecuencia, a regímenes autoritarios. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables, depredadora en esencia, es posible atropellando a ciertos segmentos de la población en beneficio de la colectividad y para lograr el desarrollo, al decir de los gobernantes.
Los masivos ingresos obtenidos han permitido el surgimiento de Estados paternalistas y autoritarios, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera, así como a su capacidad de imponer nuevos proyectos extractivistas supuestamente indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía; proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían para proteger el ambiente…
Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder, acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman como indispensables para transformar las sociedades. Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia represiva y política.
En estas economías extractivistas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.
Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana), aparecen en escena los diversos grupos de poder, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.
Todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.
Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza justicia, cogobierno, equidad, etc.), y de desplazarlos democráticamente del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores. América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo.
Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo. Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obra de infraestructura.
En definitiva, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.
Esta es una gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.
Del extractivismo colonial al extractivismo del siglo XXI
Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.
Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.
Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.
Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.
Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.
Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de esta aseveración.
Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantesprogresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.
Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernos progresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de acumulación extractivista.
Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.
Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”de partelos gobernantes progresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).
En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.
Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.
En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.
Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la trampa del extractivismo es indispensable.-
Loja, 30 de septiembre del 2011
Notas:
[1] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.
[2] Watts,Michael J.; “Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and politicalecology”, WorkingPapers, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la violencia petrolera en Nigeria y Ecuador.
[3] Acosta, Alberto; La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, 2009. Disponible en http://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf Sobre este tema se pueden encontrar en el mismo portal http://www.extractivismo.com/ aportes valiosos de Eduardo Gudynas, JürgenSchuldt, HumphreysBebbington y A.J. Bebbington, MariastellaSvampa, entre otras personas.
[4] Hay que recordar que la Asamblea Constituyente, al año siguiente, otorgó la amnistía para las personas víctimas de dicha represión.
