El “Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio” suscripto entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia de Río Negro, cedería cerca de 320 mil hectáreas por un plazo de 20 años para la producción agrícola destinada al consumo de ese país asiático, constituyendo un verdadero enclave en territorio argentino, regido por sus propias leyes.
Fuentes: Agencia Periodística del Mercosur
13/06/2011. El convenio firmado en China en octubre del año pasado por el gobernador Saiz, cedería a la empresa china -exceptuándola de todo tipo de gravámenes- un territorio compuesto por diversos valles y mesetas de una superficie mayor a quince veces la ciudad de Buenos Aires, 3 mil hectáreas para la realización de un campo experimental de cultivos, el uso exclusivo del aeropuerto de San Antonio Oeste, las instalaciones del puerto de San Antonio Este y la concesión de una nueva terminal portuaria por un plazo de 50 años con renovación automática.
“Si negocian con nuestra Soberanía, nos imponen la Colonia” denuncia el Foro Permanente Por una Vida Digna -integrado por numerosas organizaciones sociales, sindicales, académicas y ambientales- en un paralelismo entre lo sucedido con el Pacto Roca-Runciman suscripto con el Reino Unido en 1933, en donde las empresas británicas gozaban de un trato preferencial para la adquisición de carnes argentinas.
En ese sentido, el gobierno de Río Negro ofrece alquilar tierras privadas a cambio de mejorar su infraestructura de riego para la producción de soja, maíz, trigo, cebada, cebolla, papas, avellana, vid y leche que sería vendida exclusivamente al gigante asiático por un lapso de 20 años.
Según informó al diario La Nación el consultor externo del proyecto, Oscar Gómez, se generarán 100.000 puestos de trabajo, aclarando que “serán todos argentinos”. Una suma exagerada, considerando que la agropecuaria Los Grobo siembra cerca de 300 mil hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, empleando solamente alrededor de 800 personas.
El acuerdo suma críticas en contra de la “sojización” y el deterioro que sufrirían los suelos rionegrinos, cuestión minimizada por el gobernador Miguel Ángel Saiz, que promete garantizar la sustentabilidad de los recursos y el ambiente.
Según el diario citado, el subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Maximiliano Bruno, explicó que “el proyecto cuenta con el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de las universidades de la región”. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue expresó a ese mismo matutino que “con este acuerdo se puede comprometer la soberanía agroalimentaria y la sustentabilidad de los sistemas” iniciando un serie de charlas de debate a la comunidad, al igual que en el Concejo Deliberante de la capital provincial, Viedma, en donde se convocó a funcionarios provinciales e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas (CONICET).
Por su parte, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se sumó al debate a través de una resolución de su Consejo Directivo a pedido de una estudiante de la casa, en donde no avala los términos del acuerdo y propone instancias de debate en torno a la temática de Soberanía Alimentaria.
La resolución de la FPyCS-UNLP expresa que “se aprecian incertidumbres acerca del futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias socioeconómicas, ambientales, culturales y sanitarias” y que “con este acuerdo se crean condiciones preferenciales para proyectos agroalimentarios en manos de monopolios extranjeros y que se realizó sin los estudios de impacto ambiental ni las audiencias públicas correspondientes”.
Según la denuncia penal presentada recientemente por el Grupo de Reflexión Rural en contra del gobernador de la provincia de Río Negro, “no se están respetando los principios básicos del uso del suelo, ocupación, protección del acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, de las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, la integración regional, desarrollo rural con colonización del territorio, asiento de familias campesinas y protección del arraigo de las existentes”.
En otro pasaje, la denuncia expresa que el acuerdo se enmarca en lo que se conoce a nivel mundial como acaparamiento y extranjerización de tierras: “proceso mediante el cual países industrializados y/o faltos de tierras, están acaparando tierras en continentes como África, Latinoamérica e incluso en zonas de Asia con el fin de asegurarse la provisión de alimentos y piensos para sus ganados en detrimento de la Soberanía de los pueblos”.
La empresa china anunció recientemente su intención de invertir en Brasil, África y Oceanía; cuenta con 800.000 empleados y abastece al 11 por ciento de su población: alrededor de 150 millones de personas.
