Minería: el saqueo subterráneo – El mismísimo modelo en Argentina, Chile, Perú, Bolivia.
¡El saqueo de Potosí repetido al infinito! – Cinco siglos igual
“Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, se escuchó decir en un sincericidio, al ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, en los albores del menemato, cuando presentaba ante todo el país lo que llamó “el Decálogo Menemista de
la Reforma del Estado”, es decir, el puntapié de la entrega privatizadora.
La historia es conocida por todos. Las “joyas de la abuela” como llamaron a todas las conquistas populares, fueron “expropiadas” por monedas, con un velo de legalidad mediante concesiones de explotación, por el capital transnacional. Al tiempo que avanzaban las privatizaciones, engordaban las cuentas bancarias suizas abiertas por funcionarios argentinos en una simetría directamente proporcional.
Como advertencia a los ferroviarios, Carlos Menem advirtió: “Ramal que para, ramal que cierra”. Finalmente, los ramales fueron cerrados por la privatización de los trenes, provocando la literal desaparición de decenas de pueblos que se habían desarrollado y
vivían alrededor de remotas estaciones de trenes.
No sólo esto provocó la desaparición de pueblos. Mediante la reforma a la legislación minera se provocó un daño mayor y casi irreparable: el Estado dejaba de explotar el subsuelo argentino y entregaba en “concesión” a empresas privadas extranjeras las minas abiertas y por abrir. El Estado cobraría sólo un canon, y su único papel al respecto es la exploración para luego, “conceder”, es decir, el Estado genera información y le indica al inversor donde apostar sin riesgo alguno, lo cual, al gastar en explorar, muestra un subsidio indirecto. El
combo legislativo se completaba en ese entonces con las leyes de Inversión Minera, 24.196, de mayo de 1993; y la 24.224 de Reordenamiento Minero de la Nación. Petróleo, oro, hierro y todo lo que estuviese bajo tierra, comenzó a ser lucrado por el capital foráneo. Una historia similar al sistema de las encomiendas españolas: un barco de carga escoltado por buques armados llevando recursos no renovables a la metrópoli imperial. Sólo que esta vez, ni
escolta necesitan. Por el contrario, bajo el amparo de la “modernización”, se daban ventajas al capital transnacional ventajas como la exoneración del Impuesto a las Ganancias, a los activos y de sellos, liberación de derechos de importación por la introducción de bienes de capital y equipos, limitación del pago de regalías que corresponda a las provincias con un máximo del 3 por ciento del valor de boca de mina. Y desde hace cinco años, la Cámara de Diputados está impulsando la modificación del artículo 22 bis de la Ley Nacional de Minería para que a estas regalías se le descuenten los costos de transporte, flete y seguros, de trituración, molienda y todo proceso de tratamiento hasta la venta final del producto, costos
de fundición y refinación. Hasta un menemista, el entonces diputado Edmundo Soria dijo que de aplicarse esta metodología, “a este paso estaremos peleando para no tener que compensar a las empresas”. La idea sigue en algún cajón del Congreso.
Asimismo, en mayo de 2003 el flamante gobierno de Néstor Kirchner decretó la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones, mientras el resto de los sectores exportadores, como el agro, deben liquidar ante el BCRA. Este privilegio fue otorgado por Menem, y mantenido por la Alianza, hasta que Eduardo Duhalde declaró la Ley de Emergencia, por las que debían liquidar las divisas en el país. Pero el decreto 417/03 del 7 de mayo, en el Día de la Minería, rubricado por Duhalde y Lavagna con el visto bueno de
Kirchner, volvió todo a la rapaz normalidad y se hizo retroactivo hasta diciembre de 2001, y el Cronista Comercial, tituló el 8 de mayo: “El gobierno le alegró el día a las mineras”. El principal lobbysta para que esta medida se aplique fue la minera de Cerro de
Vanguardia, de Santa Cruz, que explota oro y plata y está en manos de la sudafricana Anglo Gold, una de las más grandes del mundo. La segunda parte del decreto es toda una perlita: asienta la “estabilidad impositiva”, es decir, quedan a salvo de cualquier futuro proyecto de aumento de impuestos. En casi todas las provincias las transnacionales no pagan ni
impuestos ni las regalías, no pagan por las máquinas e insumos que traen al país, ni cuando se las llevan. Sobre las regalías, bajo la mentira de la creación de puestos de trabajo, casi todas las provincias no les cobran nada por boca de mina. Asimismo, el negocio para estas corporaciones es aún más redondo: estas cotizan en la Bolsa de Vancouver (Canadá), por lo que, exploten o no, hacerse cargo de una mina les hace subir su valor, al tiempo que desgravan Impuesto a las Ganancias en su país de origen. Al igual que en el resto de Latinoamérica, gran parte de la explotación de las minas quedaron en manos de empresas canadienses, y un funcionario del Ministerio de Economía confiesa que generalmente,
detrás de la bandera de Canadá, en realidad están los dólares estadounidenses, operando así para “no provocar mayor rechazo”. Pese a haber martillado con la etiqueta de que Argentina es “el granero del mundo”, es también para los inversores extranjeros la última
frontera minera del mundo occidental, con enormes riquezas de plata y oro, teniendo una de las mayores reservas mundiales del dorado metal, que a la sazón es la moneda más estable del mundo. Estas empresas no se desvelan por la explotación, sino por conseguir las reservas. En Catamarca, ya podrían haber extraído toda la explotación aurífera, pero tienen permiso para seguir otras tres décadas con todas estas ventajas. Así, oro, cobre, uranio, mármol, carbón o lo que sea, tiene puesta una bandera extranjera, siendo un prólogo del ALCA en práctica, pese a que aún no se haya firmado esa rendición incondicional. Tal tratado, para ser más explícito, señala que el Estado no puede controlar ninguna de este tipo de empresas. La revolución menemista “Desde el socavón de la mina de Sierra Grande empezará la revolución productiva”, dijo el traidor del peronismo, Carlos Menem, durante el
último tramo de su campaña electoral que lo llevaría a su primer período presidencial. Luego, la única revolución que trajo fue la neoliberal, bajo la Ley 23.696 de Reforma del Estado, apenas un año después de asumir la presidencia. El complejo minero de Sierra Grande, a 320 kilómetros de la capital de Río Negro, Viedma, es la reserva de hierro más grande de
Latinoamérica y en 1993 recibió el tiro de gracia: se dispuso la cesación de la explotación. Dos años antes había recibido la primera advertencia: el decreto 160/91 dispuso que 1.300 mineros de Sierra Grande quedaran sin trabajo. En 1969 la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco de Río Negro y el Banco Nacional de Desarrollo crearon Hipasam (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera), para extraer de Sierra Grande
unas 2 millones de toneladas de pellets (producto que contiene un 68 por ciento del mineral), para alimentar los gigantescos hornos de Somisa, en San Nicolás, previa extracción y procesamiento de 3.5 millones de toneladas de hierro. Como cualquier gran emprendimiento,
se produjo una ola migratoria en busca de la nueva fuente laboral. El pueblo de Sierra Grande llegó a tener casi 20.000 habitantes que vivían alrededor de la mina y la economía que generaban los 5.000 obreros, dando trabajo incluso a un puerto en el Golfo de San Matías, con capacidad de 60.000 toneladas. El complejo minero ha sido, en todos estos años, explotado apenas en un 20 por ciento, quedando por extraer el 80 por ciento restante, y todas las reservas de fósforo que rodean al mineral principal. Hipasam fue cerrada definitivamente en 1992, pese a las puebladas y protestas populares silenciadas por los medios. En 1997 la empresa alemana Lurgie Metallurgie, se presentó ante el gobierno provincial para explotar el complejo de Sierra Grande para la producción de hierro esponja, mediante la última tecnología, de un valor mucho mayor a los pellets que se sacaban anteriormente. Pero quedó en la nada, al igual que la intención de una corporación japonesa que desde el 2000 puso los ojos para reactivar la mina. Esto no correspondería a ningún interés patriótico para explotar el hierro en beneficio del Estado: también habría reservas de cobalto, mineral esencial para la fabricación de armamento nuclear, desarrollo que tanto Alemania como Japón tienen prohibido desde que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y que por décadas fue monopolio exclusivo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la extinta Unión Soviética. Tampoco es un dato menor que las minas de uranio de La Rioja, Mendoza y de la Patagonia, se encuentren en la mira de empresas extranjeras. Más allá de la importancia militar que implica estratégicamente, la mina Sierra Pintada (San Rafael, Mendoza), es la que abastecía a todas las centrales de energía nuclear de la Argentina. Hoy es trabajada por la estatal Dioxitek SA, aunque las denuncias por peligro ambiental aumentan mes a mes. Las reservas en Argentina de uranio concentrado son de al menos 9.000 toneladas. La explotación de Sierra Grande estuvo siempre bajo la tutela de
Fabricaciones Militares, y Menem, como con otras tantas cosas, logró lo que ni siquiera pudo Martínez de Hoz en la última dictadura. “Fuimos los únicos a quienes el gobierno nacional dejó directamente sin trabajo, llegamos a proponer que la privaticen como se hizo con
tantas otras cosas, e inclusive sugerimos que se usen los 30 millones de dólares que puso el Estado en indemnizaciones para volcarlos en la planta, pero no nos escucharon”, cuenta Raúl Severino, uno de los primeros obreros que llegó en 1976 para el inicio de la explotación.
De los 20.000 habitantes que supo tener Sierra Grande, apenas quedan unos 4.500 y de los 5.000 operarios que trabajaban en la mina, hoy son menos de 20 que se dedican al mantenimiento, y la mayoría sobrevive apelando al recurso del turismo minero, llevando a los
turistas a recorrer el primer tramo de la mina, que se extiende por 96 kilómetros de túneles. Muchas de las casas construidas para el personal militar, del que no queda ni un efectivo, destinado a custodiar el complejo, son utilizadas por mochileros que recorren la Patagonia y el pueblo es casi un desierto. De los días de la dictadura de Jorge Rafael Videla, permanece hoy en la entrada a la mina un letrero destinado a los obreros: “El silencio es trabajo”.
Para 1992, el silencio se hizo patente con un éxodo poblacional superior al 60 por ciento de los serranos. Y las respuestas siguen sin llegar, pese a que el gobierno provincial creó en 1993 Hiparsa (Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima) con la supuesta intención de volver a poner en marcha la mina más grande al sur de Río Grande.
Chubut:
Victoria popular Los precios que el Estado pide por exploración son vergonzosos. En el
2002, en Chubut se le pidió a IMA Exploration Inc., de capitales canadienses y franceses, tan solo 1.25 pesos por cada una de las 10.000 hectáreas que serían relevadas para explotación aurífera en el proyecto minero de Laguna de los Toros. La última reglamentación publicada en el Boletín Oficial del 1º de Julio de 2002, según establece la Resolución 60/02 valores del canon minero, dice que las minas de Categoría A (las de mayor riqueza, es decir, oro, plata,
etc.) debían abonar apenas 80 pesos por año de pertenencia. Los socavones pagarían por año mucho menos: 40 pesos, y para la exploración aérea apenas se paga 1 peso por cada kilómetro cuadrado relevado. Aunque la exploración la hace el Estado y le ofrece la información en bandeja a las corporaciones, y en Chubut, no pagan canon.
Esquel fue un caso notorio de enfrentamiento social ante el asalto perpetrado. La empresa canadiense Meridian Gold iba a realizar la explotación aurífera de la mina El Desquite, a 10 kilómetros de la ciudad, que es a tajo a cielo abierto, es decir, oro a superficie y una parte de forma subterránea, aplicando cianuro puro. La usufructo se iba a iniciar dinamitando 30.000 toneladas de rocas diarias. A esto, por día, se iban a aplicar 7 toneladas de cianuro, con un
inmenso consumo de agua que pondría en riesgo el abastecimiento de la ciudad. La producción de drenajes ácidos implica un riesgo de contaminación absoluta de las aguas durante siglos, luego del abandono de la mina. El Estado provincial y la municipalidad estaban de acuerdo con la corporación, alegando que los puestos de trabajo palearían la angustiante realidad social. El gobierno chubutense inclusive ha ignorado toda legislación de la Constitución Nacional. Los acuerdos en vigencia sobre territorios aborígenes, obligan que
estas comunidades deban ser consultadas previamente antes de realizar cualquier tipo de explotación, tal como indica la Ley Nacional 24.071. En esto se amparan sobre el Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, que pasa por arriba toda legislación sobre Parques Nacionales y Provinciales, reservas indígenas y todo lo que se encuentre en área fronteriza, pasando incluso por sobre cuestiones de soberanía nacional; lo cual lleva a
una irremediable contradicción entre un tratado y la Constitución. Es decir, el territorio que queda bajo el paraguas de este tratado, es virtualmente tierra de nadie, fuera de toda legislación nacional. De todos modos, las movilizaciones impidieron, momentáneamente, que
el proyecto siga adelante, y se realizó un referéndum por el cual el pueblo de Esquel logró impedir la explotación de Meridian Gold. ¿Qué hubiese implicado llevar adelante esta explotación? La ciudad de Esquel recibe suministros de agua potable desde la laguna
Willimanco. La mina El Desquite, para funcionar, requiere de gran parte de los recursos hídricos de la zona en detrimento de la población y zonas de riego. El geólogo Fernando Máximo Díaz, especialista en hidrología, afirma que “durante el período de actividad minera, primero se agotará o disminuirá notablemente el caudal del afluente más importante de la laguna, luego, cuando la mina esté cerrada, el agua volverá a la laguna arrastrando
contaminantes de drenajes ácidos e hidrocarburos”. La constante movilización social que mostró el pueblo de Esquel logró parar un desastre que pudo ser irremediable. Sin la firme
organización que volcó a miles de personas a la calle, esta nefasta operación hubiese sido realizada bajo el cómplice silencio de los burócratas de turno. Los riesgos de contaminación tienen que ver con las intenciones de las empresas. En el mundo hay explotaciones auríferas a cielo abierto más grandes que la de Esquel. La cuestión pasa por la inversión en
seguridad, y esto no quiere decir que en el llamado “primer mundo” respeten estas normas, ya que las denuncias en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña son frecuentes. Aquí, como se verá en el caso de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, ni se denuncian.
El cianuro, si es tratado con la inversión correspondiente para su reciclado, no implicaría un riesgo mayor. Pero los proyectos vistos no contemplan tales cuidados. Es por demás conocido que el cianuro es un químico mortal, por pequeñas que sean sus dosis. Y aquí hablamos de toneladas diarias. En minería se utiliza por su alto poder de combinación con el oro. Una de las combinaciones más peligrosas el la del cianuro con un metal soluble, lo cual le da a este potente veneno movilidad para contaminar el agua. Al mismo tiempo, los
desechos de metales pesados y drenajes ácidos perduran siglos. Lucha por el carbón
En Río Turbio, provincia de Santa Cruz y cerca de la frontera con Chile, se encuentra la única cuenca carbonífera del país, inicialmente explotada por Yacimientos Carboníferos Fiscales, creada en los ’40, con el fin de reemplazar las importaciones de carbón que
viajaban unos 20.000 kilómetros desde Inglaterra. En 1994, la mina de Río Turbio fue entregada en concesión durante el llamado “boom minero” menemista. Sergio Taselli se hizo de la explotación y ese año, el entonces gobernador Néstor Kirchner fue increpado por los obreros ante el ostensible vaciamiento de la empresa. Finalmente la concesión fue revocada y la empresa volvió a control del Estado provincial. Pero la planta quedó parada. Su
infraestructura fue arrasada casi en su totalidad y su producción fue llevada casi hasta la paralización, dejando en la agonía a los 600 obreros que trabajaban allí en tres turnos diarios. Pero el negocio no pasaba por elevar la ganancia productiva, sino por las exenciones
impositivas, y especialmente por el suculento subsidio de 20 millones de dólares anuales que recibía la empresa, cuando su máximo potencial de producción es de 1.5 millones de dólares por año. Sin ser escuchados, los mineros de Río Turbio, denunciaron en 1996 los abusos a los que fueron sometidos. Se vieron obligados a trabajar los 365 días del año, no a punta de pistola sino bajo la amenaza constante del modelo neoliberal: de no acatar la orden, la mina
cerraría, quedarían desempleados los obreros y las cinco mil personas que viven alrededor del carbón de Río Turbio correrían la misma suerte que Sierra Grande. Desde hace 15 meses, el Estado nacional puso en marcha la mina, gracias principalmente a la resistencia de los obreros que no abandonaron el lugar. Si bien no es un polo fabril, Río Turbio permanece como un ejemplo que divide las aguas entre la resistencia obrera y la burocracia sindical. El 24 de agosto de 2003, partió a pulmón de los trabajadores, el primer tren con destino a Punta Loyola para ser exportada finalmente a Holanda, siendo la primer exportación en seis décadas. Y toda la producción del 2004 ya está vendida. Irak al sur Catamarca es una de las provincias más pobres del país, y se la conoce casi como un desierto sin recursos. Pero allí está la tercer mina de oro más grande de América: Bajo de la Alumbrera. Este es el ejemplo más recalcitrante de saqueo enmascarado. La compañía Minera Alumbrera Ltd., hasta hace poco pertenecía en un 50% a la australiana MIM Holdings LTD (Mining Institute and Metallurgie, un 25% a North Limited y otro tanto de Río Algorn Ltd, estas últimas británicas que reemplazaron a sus compatriotas Wheating River y BHP Billinton. Hoy Xtrata, de capitales suizos y británicos, compró el paquete mayoritario a MIM, y un 12% pertenece ahora a capitales canadienses, y como socio ínfimo y minoritario, la argentina Aconcagüa. Originariamente, la canadiense Musto Ltd, se había hecho por concurso, pagando 5 millones de dólares en 1992, el derecho a la explotación del yacimiento. Así tomaron la novena mina de cobre del mundo, y la decimocuarta en oro a nivel planetario, y la tercera en importancia en América. Estas son las estimaciones pesimistas: algunos señalan que Bajo de la Alumbrera es la quinta mina de oro y cobre del mundo. También figura como socio la estatal YMAD (Yacimientos Minerales Agua de Dionisio) que administra las 34.400 hectáreas de la reserva nacional Farallón Negro, donde además de Bajo de la Alumbrera, se encuentran enormes cantidades de reservas de plata, oro, cobre y sulfato de magnesio. La mitad del oro de Bajo de la Alumbrera se encuentra en estado totalmente puro, es decir, no se encuentra
disuelto con otros minerales. En el 2002, Minera Alumbrera declaró haber extraído 202.420 onzas de oro concentrado, 405.116 onzas de plata y 50.976 toneladas de cobre. La producción anual aumentará a 200.000 toneladas de cobre y 700.000 onzas troy de oro, finalizando la explotación dentro de trece años. La empresa calcula extraer durante la vida útil de la mina, por lo menos 3,3 toneladas de cobre y 12 millones de onzas, como piso.
El contrato entre Minera Alumbrera LTD y la YMAD, establece que la primera es la operadora del diseño y ejecutora de la explotación, mientras que la estatal YMAD debe hacerse cargo de todos los trabajos de reparación de daños de contaminación posteriores al cierre de la
mina. Pese a que la empresa dice emplear a unos 740 obreros, en realidad estarían trabajando poco más de 200 operarios. En tal sentido, el diario Ancasti había reflejado que el Gerente de Compras de Alumbrera había dicho ante empresarios catamarqueños que no sabía “quién había metido tantos pajaritos en la cabeza sobre el milagro que generaría
la explotación minera en la zona”. Las condiciones laborales obligaban a los mineros a trabajar 12 horas diarias, 14 días de corrido, por $450. Pero cuando se comenzó a conocer esto, durante el proceso de preparación de la explotación, el Obispo Miani se presentó
en la mina y desacreditó las denuncias de los trabajadores por malos tratos, mala alimentación y superexplotación. Se compraron las tierras que están sobre la mina, se expropiaron otras y hasta el ombudsman tucumano demandó a la empresa por la
usurpación de reservas paleontológicas por las que pasa el mineraloducto de 320 kilómetros que llega hasta esa provincia, donde es cargada la producción en los 150 vagones que tiene la empresa y que van hasta el privado Puerto Alumbrera, en San Lorenzo, Rosario, desde donde parte al extranjero, a las refinerías en Japón, Corea del Sur y Canadá. Con 510 millones de dólares en el 2002, Minera Lumbrera LTD es la octava exportadora del país, en un ranking donde las diez principales, lideradas por Repsol-YPF, no figura ninguna industria manufacturera. El control es cero. La empresa paga a Catamarca un 2% de lo que declara que sale de boca mina, pero si un funcionario quiere penetrar en esa fortaleza custodiada cuasi militarmente, debe avisar (o pedir permiso) con 48 horas de anticipación. Lo que sale por el puerto, carece también de control. El oro exportado aquí es en bruto, por lo
que el pago a la provincia es mucho menor que si fuera oro elaborado (procesado y en lingotes). Para no verse en estas condiciones, jamás pasó por la cabeza de la empresa montar una refinería, que emplearía además a mucha más gente. Luego, Argentina importa oro elaborado. La falta de control, también se refleja la inexistencia de denuncias por los derrames tóxicos del mineraloducto. La empresa recibe la devolución del IVA por exportar, así como también está exenta de impuestos por los insumos químicos y maquinaria que ingresan y egresan. Siempre, lo que paga la empresa, es lo que ella declara y no lo que el gobierno controla, todo está basado en las planillas presentadas ante la AFIP-Aduana, por lo que entonces el Estado pone plata, vía devoluciones o exenciones, por algo que no controla. Y el pago del 2% es irrisorio si se lo compara con otros países saqueados, como Perú, donde las mineras extranjeras deben pagarle al Estado el 12% del valor de la extracción. También aquí el negocio sería más grande por las devoluciones del IVA que por la propia producción. Teniendo en cuenta el primer pago en concepto de regalías, realizado en noviembre de 1998, de 1.6 millones de dólares, en los próximos 20 años abonará alrededor de 135 millones de dólares, apenas el 0,00013% de las ganancias previstas para el 2017 que tienen un piso de 15.000 millones de dólares netos. La gesta del gobierno provincial es conseguir que pague el 0,00025%, con lo que las regalías serían de apenas 254.7 millones de dólares.
La provincia de Catamarca fue denunciada por la DEA como la plataforma de tránsito de estupefacientes y químicos, como los utilizados para la minería, hacia Bolivia. La falta de un sistema de radares, y la abundancia de pistas clandestinas, reafirma esta teoría.
En Tucumán, el mineral baja del mineraloducto y es secado, mientras que el agua contaminada no es procesada y es arrojada como residuos al río. El ingeniero en Minas, Héctor Nieva, realizó un estudio para la Escuela de Minas de Nancy (Francia), que demostró que el dique de cola de Bajo de la Alumbrera presenta filtraciones de aguas ácidas que contaminan al Ríos Vis Vis y el Amanao. En la localidad de Los Baños, a 4 km de los diques de cola, un estudio comparativo entre los niveles de sulfato en el agua, entre 1999 y 2000, presentaban un registro donde casi se duplicaba la contaminación. Por otra parte, la provincia de Santiago del Estero denunció a la empresa por la contaminación del Río Hondo. El 30 de mayo de 2002, el Defensor del Pueblo de la provincia, Oscar David Beltrán, en
referencia a las previas actuaciones 0089/97 y 0100/97, inspeccionó personalmente el río Salí-Dulce, donde constató la contaminación de la cuenca y pidió que se analicen, por la concentración de cobre y arsénico, la plata de secado de Minera Alumbrera en la provincia de Tucumán. La primer causa se remonta a 1995, cuando el señor feudal de Santiago del Estero, Carlos Juárez, se quejó ante el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Mairano, y la denuncia penal está registrada en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, dando origen al Expediente Nº 708/97, y la fiscalía santiagueña origina el Expediente Nº 3498/97, por la contaminación de Río Hondo, pidiendo la citación de varias empresas, entre ellas Minera Alumbrera LTD. ¿Dónde está Greenpeace? Beltrán, presentó un amparo judicial el 31 de mayo de 2002, contra la provincia de Tucumán y el Estado de la Nación “por el volcado de residuos industriales y efluentes cloacales en el territorio de la provincia de Tucumán, que afectan a los ríos que llevan sus aguas al Dique Frontal de Termas de Río Hondo”, y que aguas abajo, afectan a Santa Fe y Córdoba. Estudios
ambientales realizados en el río Salí por Gendarmería, en marzo de 2003, encontraron diversos metales en el agua, entre ellos cromo y cobre, y el Defensor del Pueblo de Tucumán, Juan Rojas, demostró que esas aguas reciben residuos industriales “de una empresa que opera en Catamarca”. El nivel máximo permitido de cobre por litro de agua es
de 0.002 miligramos. El estudio arrojó 0.20 miligramos, es decir, cien veces más.
Además, Catamarca tiene una relación conflictiva con el agua, justamente por falta de ella. Antes de la entrega de Bajo de la Alumbrera, la minería ocupaba un quinto lugar en la actividad industrial, ya que la prioridad de las reservas de agua es el consumo
humano y el riego. Hoy hay poblaciones en la zona de Belén y Santa María con imposibilidad de acceso al agua potable, ya que el mineraloducto, para funcionar, traspasó tres napas de agua. Ni la Secretaría de Minería, ni UGAN (Unidad de Gestión Ambiental de la Nación), ni la UGAP (provincial), por falta de personal y/o omisión, realizan serios controles, ni revisaciones de los contratos, ni se aplican multas serias. Esto es lo que traen y dejan las “reformas
(achicamiento y vaciamiento) del Estado”. Bajo de la Alumbrera es una suerte de paralelo a Irak, pero sin balas ni bombas. Una provincia desértica, casi sin otro recurso que el oro,
que cuando se acabe, nada quedará. El segundo boom minero Las medidas adoptadas por el gobierno menemista, desató el llamado “primer boom minero”, que propició el arribo de capitales transnacionales para la explotación de recursos nacionales. Así y todo, van por más. Las empresas cementeras estadounidenses, en “coincidencia” con la Corte Penal Internacional, denunció en Estados Unidos a Amalia Lacroze de Fortabat por tener el monopolio en la Argentina de la industria del cemento y vivir del Estado. No se la demandó por nada desconocido. Inclusive, la Justicia estadounidense falló a favor de sus compañías declarando culpable a Fortabat, pero el único móvil es que son ellos quienes no pueden hacer estos negocios en Argentina. Por ahora. Hoy está en el Congreso la posibilidad de generar el “segundo boom minero”, cambiando la legislación sobre la explotación de las minas no metalíferas (cal, cemento, arcillas, rocas blandas, etc.). Es decir, los “inversores” extranjeros, a cambio de la “generación” de empelo, tendrán todas las exenciones impositivas que hoy tienen las explotaciones metalíferas, con sus respectivas devoluciones de IVA y el pago de cánones irrisorios. Y la entrega continúa. ¿Yo señor? El 26 de julio de 1993 se promulgó la Ley 24.228 de Acuerdo Federal Minero, suscripto el 6 de mayo de ese año por el entonces procónsul Carlos Menem, y los gobernadores. Sus puntos números 4 y 5 exhorta a que el Estado nacional y sus pares provinciales hagan lo posible para atraer al capital extranjero a “invertir” en la explotación minera, y “profundizar el modelo de descentralización”, es decir desentenderse, “de las funciones básicas del Estado” en cuanto a minería (exploración, prospección, explotación). ¿Quiénes firmaron semejante barbaridad? Entre otros, y encabezados por Menem, los gobernadores Eduardo Duhalde de Buenos Aires; de Chubut, Carlos Maestro, de Córdoba, Eduardo Angeloz; de Entre Ríos, Mario A Moine; de La Pampa, Rubén Marín; de Misiones, Ramón Puerta; de Neuquén, Jorge Sobisch; de Río Negro, Horacio Massaccesi; de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Néstor Kirchner; de Santa Fe, Carlos Reutemann; de Tucumán, Ramón Ortega; el ministro de Economía Domingo Cavallo; el ministro del Interior, Gustavo Beliz y el secretario de Minería, Ángel Eduardo Maza. Sólo las reservas de oro no explotado ascienden a 40.000 millones de dólares, en un país donde cada habitante, por capricho de los Martínez de Hoz, Cavallo y López Murphy, le debe al extranjero unos 4.300 dólares, siendo el país con la mayor deuda externa per cápita de Latinoamérica, duplicando al segundo, Chile, donde el pinochetismo le arrojó por la cabeza una “deuda” de 2.266 dólares a cada chileno. Esto es apenas una muestra de un tema no tocado, ya que en campaña se golpean el pecho por el gas y el petróleo, infinitamente más controlable que la riqueza minera. Cuando era ministro de De la Rúa, José Luis Machinea prorrogó, en diciembre de 2000 y por lo cual ambos tienen una causa judicial, por otros 10 años la concesión a Repsol-YPF del yacimiento Loma de la
Lata, por el cual pagó al país 300 millones de dólares: su potencial ganancia alcanza los 40.000 millones de dólares. Tenemos aquí, entre las reservas auríferas y las de tan sólo un yacimiento petrolero, riquezas por 80.000 millones de dólares, de los cuales podría disponer la Nación, no para el tradicional pago de deuda, sino para una seria mejora de la educación, inversión en infraestructura y producción, reestablecer y ampliar la red ferroviaria e inclusive
construir una marina mercante propia, como supo tener este país. La discusión del país pasaría así hacia qué proyecto de Nación se pretende, y no qué hacer o no con los piqueteros. Así y todo, con toda esta entrega, si el Ministerio de Planificación no mirara para
otro lado, emprendería el montaje de infraestructura para las cooperativas mineras que explotan recursos de forma artesanal, siendo esta y no las grandes minas, la que más generación de empleo inmediato presentarían. Pero es mejor para “los mercados”, una foto
con “inversores” que con un grupo de mapuches que a pico y pala sacan menos de 70 gramos de oro para subsistir. En este sentido Brasil conformó un fuerte cooperativismo para los mineros artesanales del Amazonas. Este gobierno se dice “fundacional”. Tan fundacional, que además de que el actual presidente Néstor Kirchner festejara la enajenación de YPF, el “servicial” Carlos Escudé, en una ponencia en San Luis durante la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá dijo el 30 de junio de 2002, : “Tengo noticias de que funcionarios de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, viajaron a España para sondear a funcionarios y directivos de Repsol-YPF para conocer su actitud potencial frente a la eventual independencia de la Patagonia, ya es proverbial la lección que nos brindó a todos el gobernador Kirchner, depositando las reservas provinciales, de unos 1.000 millones de dólares en Luxemburgo, (…) esto es patriotismo”, según consta en la denuncia de Juan Gabriel Labaké, el 20 de agosto de 2002. La nacionalización del cobre en Chile, le costó a Salvador Allende la
presidencia y la vida, en aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, y el mapa mundial de las corporaciones mineras es casi idéntico al actual. José Cademartori, que fuera ministro de Economía de Allende, dice: “Son cinco o seis empresas, que se conformaron por fusiones y
concentraron el poder minero mundial”. El año pasado, la gigante canadiense Barrick Gold reactivó los trabajos en el mayor yacimiento de oro y plata del mundo sin explotar, en Valadero, San Juan, ratificado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el de Economía, Roberto Lavagna. La explotación, a media máquina, será de 530.000 onzas de oro. ¿Cuál es entonces la pregunta? ¿Es este un país pobre o es un pobre país? Que abunden riquezas en nuestro territorio no quiere decir nada. Los economistas, hoy evalúan otro índice mucho más importante que el PBI, que es el PBN (Producto Bruto Nacional), por lo que la producción que genera una minera canadiense en la Argentina, es registrada en el PBI de nuestro país, pero en realidad esa generación de riqueza queda inscripta en los balances de Canadá, España o el origen de la empresa que fuera. En manos extranjeras están las riquezas, se sigue legislando para ellas y la generación de empleo sigue esperando. Populismo es la práctica política hacia lo popular, y Gobernar es mucho más que medidas “progresistas” para la tribuna, sino que el deber es recuperar total o parcialmente (en el menor de los casos) los resortes esenciales de la economía, porque desde la muerte de Mariano Moreno, salvo el interregno 1946-55, Argentina sigue siendo colonia y como desde hace cinco siglos, el oro se va y la pobreza queda.
Gabriel Martín
gabriel_martin@arnet.com.ar
