Entre el 22 y 24 de abril de 2004 se realizó en Tafí del Valle (Tucumán) el Taller de Minería, Derechos Humanos y Ambiente organizado por la Intersectorial Tafí del Valle y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).

DOCUMENTO DEL ENCUENTRO:

Reunidos los integrantes de las comunidades de:

Tafi del Valle (Tucumán) – San Juan – Andalgalá (Catamarca) – Santa María (Catamarca) – Las Estancias (Catamarca) – Salta – Trancas (Tucumán) – Jujuy – Amaicha del Valle (Tucumán) – Quilmes (Tucumán) – Chasquivil (Tafi Viejo – Tucumán) – Santa Fe – Ingeniero Jacobacci (Río Negro) – Esquel (Chubut) – Paraje El Mollar (Tucumán) – San Miguel de Tucumán – Comunidad de Casas Viejas (Tucumán) – Comunidad Rodeo Grande de Trancas (Tucumán) – Las Carreras (Tucumán)

Caciques y miembros de comunidades de Pueblos Originarios: Diaguita; Calchaqui, Quilmes, Collas.

Autoridades del Centro de Capacitación Indígena (INCAI)
Intersectorial de Tafi del Valle
Universidad Nacional del Litoral
Asociación Civil de Organizaciones Campesinas de Santiago del Estero ( EL Ceibal)
Sindicato de Guarda parques Nacionales
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA),

con motivo del taller de Minería, Derechos Humanos y Ambiente:

REAFIRMAMOS: La declaración emitida por la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de la Argentina (CAMA) el 24 de noviembre del 2003 en la ciudad de Bs. As. (se adjunta por separado).

DENUNCIAMOS: Que la actividad de la Gran Minería, apoyada en una legislación absolutamente divorciada de la realidad del Pueblo Argentino, provoca en nuestras comunidades.

UN FUERTE IMPACTO AMBIENTAL por la contaminación del aire, aguas superficiales, perdida de la Biodiversidad (Flora y Fauna), Erosión del Suelo, Daño al Paisaje, que trae como consecuencia graves afectaciones a la salud de los Pueblos, tanto física como psíquica y daños irreparables a los ecosistemas.

UN IMPACTO CULTURAL en la perdida de la identidad, desarraigo, crisis moral (prostitución, drogadicción, corrupción).

UN IMPACTO AL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO y ARQUEOLOGICO: y avasallamiento al patrimonio histórico, cultural y espiritual de los Pueblos Originarios.

UN IMPACTO A LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: dado en el avance sobre nuestros territorios, por parte de las Empresas con complicidad del Estado; en la afectación a su cosmovisión, violando los espacios ceremoniales y sagrados, negándoles su participación en la elaboración de las Políticas Públicas que afectan a su desarrollo y sus intereses, negándoles el derecho a dar un consentimiento informado en las áreas de influencias de sus territorios ANTES de iniciar la Prospección, Exploración o explotación minera, de acuerdo a la operatividad de art. 75 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT (Organización de las Naciones Unidas) (OIT).

UN IMPACTO ECONOMICO en el costo de oportunidad elevadísimo que sufrimos las comunidades, deterioro y/o desaparición de las economías regionales Sustentables, Saqueos y agotamiento de Recursos Naturales que podrían servir a un genuino desarrollo.

UN IMPACTO SOCIAL, en el enfrentamiento y divisiones que se producen dentro de las comunidades, como resultado de las políticas de las Empresas Mineras, para comprar las voluntades de la gente a través del asistencialismo y las dádivas.
Dependencia de la población respecto de las Empresas, debido a la transferencia de las funciones del Estado a esta ultimas, comprometiendo las Soberanía del Estado.
En la saturación de los servicios e Infraestructuras Publicas, en la militarización de los sectores mineros por parte de las Empresas que impiden la libre circulación y comunicación de los Pueblos.

IMPACTOS SOCIOPOLITICOS: a través de la omisión de producir Información Publica por parte del Estado y de brindar información fehaciente por parte de las Empresas, la difusión organizada de información Falsa o desinformación; la manipulación sobre los medios de comunicación; la persecución a periodistas, comunicadores sociales y vecinos que activamente se manifiestan en contra de la minería lo que dificulta la posibilidad de recibir y difundir información, de ejercer los derechos ciudadanos, y de participar libremente en los asuntos de Interés Comunitario.

Todos estos impactos violan en primer termino nuestro derecho constitucional a gozar de un Ambiente Sano y Equilibrado, y vulneran además otros Derechos Humanos fundamentales consagrados en Instrumentos Internacionales de Rango Constitucional en nuestro País; como lo son: el Derecho a la Vida, Derecho a la Información, a la Libertad de Opinión y de Expresión; Derecho a la Participación, Derecho a la Propiedad Individual y Colectiva, Derecho a recibir Protección Judicial, Derecho de Igualdad ante la Ley; Derecho a decidir sobre la forma de desarrollo, Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, entre otros.

Por todo esto:

EXIGIMOS A NUESTRAS AUTORIDADES:

REFORMULACION de las políticas Publicas que se refieren a minería, asegurando la Efectiva Participación de los Pueblos Originarios y de la ciudadanía toda.

REVISION EXHAUSTIVA de toda la legislación Minera vigente y declaración de NULIDAD y/o MODIFICACION de las mismas, garantizando que las mismas, se ajusten a la legislación supranacional que protege los Derechos Humanos Fundamentales.

REGULARIZACION y el ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que se traduzca en la entrega de títulos de Propiedad Individual y Comunitarios sobre la tierra.

LA PROHIBICION de cualquier actividad Minera Empresarial en los territorios Indígenas del NOA (Noroeste Argentino) y cumplimiento del convenio 169 OIT en todas las comunidades Indígenas.

Que se contemple la CREACION de AREAS PROTEGIDAS que prohíban expresamente la actividad Minera en las mismas

FOMENTAR las actividades económicas social y culturalmente sustentables como alternativas a la Minería en todas las Comunidades.

OPTIMIZAR los mecanismos de control Supervisión y sanción de la actividad Minera.

IMPLEMENTAR la Educación Ambiental en las currículas de todos los NIVELES de educación formal del país.

REVISION de los acuerdos en vigencia entre el Estado y las Empresas Mineras que actualmente operan.

Que CUMPLAN con los compromisos asumidos por el Estado ante la Comunidad Internacional por la SUSCRIPCION y RATIFICACION de instrumentos jurídicos, y por lo tanto GARANTICE el pleno y efectivo Ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales allí consagrados.

RESARCIMIENTO económico de parte de las EMPRESAS MINERAS por daños y perjuicio por depredación de los Recursos Escénicos Arqueológicos.

Invitamos a todas las Comunidades a integrarse a la Red de Comunidades afectadas por la Minería de la Argentina.

Firman entre otros:

Mariela Pereyra ( CEDHA)
Ricardo L. Mascheroni ( vecinos por la vida , Santa Fe)
Dra. Gloria Carrizo.
Silvia Perez Bulacio ( CENA)
Julia Silva ( Tafi del Valle)
Marcos Barragan ( San Juan).
Andrés Camerlingo ( Tafi del Valle).
Isabel Romano (Tafi del Valle).
Alfredo Powell (Tafi del Valle).
Monasterio Gladys ( Tafi del Valle).
Daniel Cerresano ( Secretario Estado de Turismo de Tucumán).
Ana Raffo ( INCAI)
Dra. Clara de Pastrousa.
Gustavo Macayo (Esquel)
Roberto Armella (Intersectorial del Valle)
Antonio Caro ( Quilmes)
Víctor Daniel Fizzera ( Ing. Jacobacci- Río Negro)
José Flores ( INCAI).