Basta una visita a la página web de la Secretaría de Minería de la Nación para comprobar que la explotación minera es un eje fundamental de la política económica del actual gobierno. Son públicas sus intenciones de convertir a Argentina en un país minero, y conocido el discurso oficial que exhibe a esta actividad como sinónimo de desarrollo económico y social. Actualmente, existen una veintena de proyectos de minería metalífera “a cielo abierto” en marcha, y el gobierno pretende que continúen aumentando exponencialmente durante los próximos años.
Por Espacio de Bienes Comunes del Frente Popular Darío Santillán
El escenario y los personajes
25/03/2011. Desde hace algunas décadas asistimos a la maduración de una nueva etapa del capitalismo, que ha sido caracterizada por algunos autores marxistas (Harvey) como de acumulación por desposesión. Se trata de un modelo basado en la apropiación, la rapiña de los recursos naturales de la periferia, que debido a su escasez adquieren una importancia estratégica para sostener las posiciones hegemónicas y el consumo de los centros de poder. En este escenario, América Latina se ha convertido en uno de los principales blancos del capital transnacional que, con la complicidad de los gobiernos, impone un conjunto de proyectos extractivos / destructivos de los bienes de la naturaleza en nuestros territorios. Una concepción del desarrollo económico que no da cuenta de las necesidades de los pueblos sino de la valorización del capital. En nuestro país la política económica del actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se alinea sin fisuras con estas necesidades, como ya lo venía haciendo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Junto con los hidrocarburos y la soja, la gran minería forma parte de un modelo económico primario, basado en la exportación con un tipo de cambio devaluado que asegura ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y el capital concentrado local, a costa de la depredación y agotamiento de nuestros recursos estratégicos: agua, tierra, petróleo, gas y minerales.
La continuidad de un modelo económico
En la década del 90, el gobierno de Carlos Menem sancionó un conjunto de leyes desregulacionistas y prebendarias, creando las condiciones jurídicas ideales para que las grandes empresas mineras se establezcan en nuestro país con ganancias extraordinarias que hoy -con el aumento del precio de los minerales- se calculan en más de 5.000 millones de dólares anuales para los grandes proyectos. Como resultado de estas modificaciones, las empresas no pagan retenciones, sólo entregan al Estado el 3% de regalías por los minerales extraídos, gozan de beneficios de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, exención de aranceles, tasas aduaneras, impuesto a las ganancias, devolución anticipada y financiamiento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), descuentos sobre gastos de exploración, infraestructura y comercialización. Además, no existen controles de ningún tipo (económicos, fiscales, ambientales, laborales); todo se realiza por declaración jurada de las propias empresas. Como si fuera poco pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas obtenidas.
Néstor Kirchner profundizó las condiciones favorables a la inversión haciendo de la minería una política de Estado, a través del Plan Minero Nacional 2004. Ya en 2006 la gran minería se convertía en el tercer sector exportador. Actualmente, se desarrollan 17 megaemprendimientos mineros “a cielo abierto” en 9 provincias que exportan millones de toneladas de oro, plata, cobre, uranio, plomo, litio y otros minerales como el niobio y el molibdeno.
El caso testigo: Bajo La Alumbrera
“Bajo La Alumbrera” es el nombre del proyecto más antiguo del país (1997) y uno de los más grandes del mundo, situado en la provincia de Catamarca. Este mega emprendimiento exporta 190 mil toneladas anuales de concentrado de cobre y 23 mil toneladas de oro según sus propias declaraciones juradas.
Los altos niveles de pobreza y desempleo y las limitaciones del sistema educativo y de protección social facilitaron, en las comunidades aledañas, la creación de expectativas positivas por la llegada del nuevo emprendimiento y colaboraron a subestimar los impactos ambientales que aparecían muy difusos y alejados en el tiempo.
Pero si en un principio hubo alguna ilusión, bastó poco tiempo para que comenzaran a aparecer las consecuencias socio-ambientales y el pueblo se empiece a organizar. Cabe aclarar que la megaminería metalífera es una de las actividades económicas más nocivas para el medio ambiente debido a los dos métodos combinados que utiliza en el proceso de obtención de minerales: la extracción a “cielo abierto” y la “lixiviación con cianuro”. El proceso se inicia con la voladura de miles de toneladas diarias de montaña que dejan cráteres de varios kilómetros de longitud, provocan la destrucción de los ecosistemas y generan la suspensión en el aire de un conjunto de sustancias tóxicas, que por efecto del viento llegan a las comunidades. Como segundo paso, se utiliza una solución de cianuro o acido sulfúrico para separar los metales de la roca en enormes piletones que contaminan las vertientes de agua que consume la población y provocan la muerte de animales y plantas.
Luego de los numerosos desastres ecológicos que estas técnicas de explotación dejaron como saldo en varias partes del mundo, la megaminería metalífera está prohibida en Montana y Colorado (EEUU), Turquía, República Checa, Nueva Gales del Sur (Australia), Ciudad Cotacachi (Ecuador), Costa Rica y Alemania.
Todo esto está pasando en Catamarca con Bajo Alumbrera y en otros proyectos que ya están entrados en años, como el de Veladero en la provincia de San Juan, ante la mirada aprobatoria de los gobernadores y el amparo del gobierno Nacional.
En estas condiciones, las economías regionales tradicionales se encuentran amenazadas de muerte. El argumento principal del Plan Minero es la creación de fuentes de trabajo, mientras que la cantidad de puestos generados es baja: por ejemplo, Bajo La Alumbrera ocupa menos de 200 personas de Andalgalá, Belén y Santa María, las localidades más cercanas al emprendimiento, al tiempo que miles de pequeños productores se ven afectados por la falta de agua, que provoca la pérdida del 70% de la producción agropecuaria, además de la mortandad de cientos de animales por enfermedades “desconocidas”, al decir del director de ganadería de Catamarca. Más notables aún son las numerosas denuncias de personas afectadas por enfermedades respiratorias y cancerígenas. Por otro lado, el mineraloducto que transporta los minerales desde Catamarca hasta los puertos en el Atlántico sufre roturas y pérdidas periódicas en su recorrido, lo que está afectando a las provincias que atraviesa.
Para completar el panorama, en Catamarca se está construyendo otro mega emprendimiento, Agua Rica, que duplica el tamaño de Bajo La Alumbrera. Si multiplicamos los efectos generados por Bajo La Alumbrera por la cantidad de emprendimientos que se proyectan para todo el país el escenario se oscurece aun más para las próximas décadas.
Cuando los pueblos dicen basta…la resistencia de la Unión de Asambleas Ciudadanas
A pesar de la constante criminalización de la protesta social y las estrategias de extorsión, cooptación y desgaste que las empresas mineras utilizan sistemáticamente como forma de obtener luz verde por parte de los gobiernos locales y de quebrantar cualquier intento de resistencia por parte de la comunidad, existen cada vez más experiencias de autoorganización popular, muchas de las cuales han logrado frenar el avance de estos emprendimientos.
La primera e histórica de estas experiencias fue en Esquel, donde en 2003 una masiva consulta popular logró la prohibición de la actividad minera a cielo abierto. En Catamarca durante todos estos años, también hubo múltiples movilizaciones y piquetes para enfrentar a la minería (interrupciones del tránsito de los camiones que proveen insumos que duraron meses), especialmente para enfrentar a Bajo La Alumbrera y a Agua Rica. En Diciembre de 2009, ante la noticia de que el gobierno provincial había entregado derechos para explotar un predio que comprendía directamente al ejido urbano de la localidad de Andalgalá (12.000 habitantes), la Asamblea de vecinos autoconvocados “El algarrobo” inició un nuevo corte de ruta que fue brutalmente reprimido dos meses después, lo que sumó el apoyo de toda la población, que salió a las calles destruyendo las oficinas públicas y de las empresas mineras, una verdadera revuelta popular.
En la provincia de San Juan se sostiene actualmente una lucha contra la Barrick Gold y por la aplicación de la ley nacional de glaciares, la cual fue apelada ante la justicia por el propio gobernador. De todos modos, la no reglamentación de la ley de defensa de los glaciares en ninguna provincia del país, su falta de presupuesto y el “cajoneo” por parte del gobierno nacional bajo la presión de los gobernadores provinciales, es otra prueba evidente de que el modelo minero es defendido en primer lugar por el gobierno nacional. Luego de haber sido vetada por la presidenta Kirchner en una primera oportunidad (2008), todo indica que esta ley volvió a ser promulgada por los senadores oficialistas (2010) y de la oposición con el sólo objeto de contener la protesta social, a sabiendas de que no sería jamás aplicada.
En La Rioja, los autoconvocados de Famatina y Chilecito mantuvieron un corte de ruta ininterrumpido durante meses, evitando la actividad de la empresa Barrick Gold; en Tucumán y Santiago del Estero se están dando fuertes movilizaciones y escraches debido a que sufren el recorrido del mineraloducto de Bajo la Alumbrera.
Y la lista continúa… existen más de cuarenta Asambleas de autoconvocados contra la minería a cielo abierto en Argentina. La mayor parte de ellas confluyen junto con otras asambleas ambientales (contra el modelo sojero, las represas, contaminación urbana, etc.) y organizaciones sociales y políticas en la Unión de Asambleas Ciudadanas. La UAC es hoy la herramienta de coordinación a nivel nacional más importante que tiene el movimiento ambiental en Argentina. Lleva ya 14 encuentros cada tres meses de forma ininterrumpida, y este 25 de Marzo se realiza el 15º Encuentro.
Los piquetes y escraches como metodología de lucha, sumados a las consultas populares como prácticas de decisión política masivas, y al carácter estratégico de los bienes naturales en el actual momento del capitalismo, permiten valorar estas luchas como verdaderas y nuevas experiencias resistencia del campo popular en la zona cordillerana. La posibilidad de articular estas luchas con las que levantan los desocupados, los ocupados, los estudiantes, los pueblos originarios, los que no tienen casa, los que no tienen acceso al agua, a la salud, etc., ya está teniendo lugar, es hoy un paso difícil pero central para hacerle frente al capitalismo y construir una sociedad más justa y solidaria.
Espacio de Bienes Comunes del Frente Popular Darío Santillán
