Pocos días atrás, el juez federal de San Juan, Angel Manuel Gálvez, decreto la suspensión parcial de la ley de protección de glaciares (Nº 26.639) en la provincia de San Juan. El juez se despachó en 48 horas, sin darle participación alguna a la contraparte (la Nación). La estafa procesal urdida por el gobernador Gioja y el juez Galvez, en complicidad con los sindicatos obreros y empresarios relacionados con la minería, consiste en el empleo ardidoso de éstos para obtener por parte de la justicia exprés que tanto critica el kircherismo, una medida cautelar que adquiera el carácter de cosa juzgada, en un pleito que necesariamente terminará en algún momento en la Corte Suprema de Justicia. O sea que la medida cautelar habría sido dictada, por quien en manera alguna le correspondía hacerlo.
Por Javier Llorens
Noviembre 2010
La suspensión de la ley de protección de glaciares por parte de un juez federal de San Juan
Pocos días atrás, el juez federal de San Juan, Angel Manuel Gálvez, decreto la suspensión parcial de la ley de protección de glaciares (n º 26.639) en la provincia de San Juan. Lo hizo con una medida cautelar, ante un pedido efectuado por el sindicato de obreros mineros (AOMA), la Cámara Minera de San Juan, y otras entidades privadas relacionadas con la minería. Más rápido que Juancito Gálvez, el juez se despachó en 48 horas, sin darle participación alguna a la contraparte (la Nación). Y sin pedirle demostración alguna a los interesados, porqué la ley los perjudicaba directamente, y en qué casos concretos. En una sentencia de cuatro hojas, de contenido aún más pobre que su extensión, Gálvez adujo en sustancia que la aplicación de la ley avallasaría la autonomía provincial de San Juan.
Del juez Gálvez se puede decir que es un peronista de ley, que siempre ha sabido ponerse cerca del calor del poder. Apenas recibido de abogado durante la dictadura de Lanusse, fue designado Director General del Trabajo en Neuquén. Seguidamente, durante el interregno peronista, conservó su puesto como asesor del Director. Y durante la dictadura pasó a desempeñarse con el mismo cargo en el Ministerio de Trabajo en San Juan, conservándolo hasta 1995. Se desempeñó además como diputado provincial por el justicialismo, presidiendo el Bloque Lealtad y Transformación, desde 1991 hasta 1995. Año en el cual, por los servicios prestados, Menem lo nombró juez federal de San Juan. Con los mismos requisitos intelectuales y morales con los que había designado a los famosos “jueces de la servilleta”. En base a estos méritos, hasta hace muy poco Gálvez integró el Consejo de la Magistratura nacional en representación de los magistrados, como hombre confiable para el poder.
La índole de la estafa procesal: la gambeta y burla a la Corte Suprema de Justicia
En el derecho se conoce como estafa procesal, el fraude realizado en un expediente judicial, mediante engaños al juez, para obtener una medida judicial por parte de este. Esta medida cautelar emitida en directo beneficio de la Barrick Gold, que vería seriamente afectados sus proyectos de Pascua Lama y Veladero con la aplicación de la nueva ley en cuestión, también se revela como una estafa procesal. Solo que el juez Gálvez no sería el engañado, sino el cómplice en ella, y los engañados seriamos todo el pueblo argentino.
En efecto, si la ley de protección de glaciares avasalla supuestamente la autonomía provincial de San Juan, como dice el juez Gálvez en su resolución; ni el sindicato ni la cámara minera tendrían personería para hacer valer los derechos de la provincia de San Juan. Esto corresponde exclusivamente al gobierno de la provincia, encabezado por el infatigable lobista de Barrick, José Luis Gioja. Quien sin embargo aparece en la causa entre bambalinas, en un discreto segundo plano como “tercero interesado”. Y no como representante del directamente interesado y supuestamente perjudicado, la provincia de San Juan.
¿Por qué esta actitud elusiva del gobernador Gioja, quién cuando el Senado sancionó la ley, dijo que la cuestionaría en la Justicia, en defensa de la minería (lease de la Barrick) “sin importarle el costo político”?
En esto consiste precisamente la estafa procesal, dado que si Gioja hubiese cuestionado el supuesto avallasamiento a la autonomía de su provincia, tendría que haberlo hechodirectamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el único tribunal que tiene competencia en un conflicto entre una provincia y la Nación (art. 117 Constitución Nacional). La que nunca hubiese dictado una medida cautelar como la que dicto velozmente el juez Gálvez. Que tiene tanta mala leche a favor de la Barrick, que hasta suspende la realización en San Juan del inventario de los glaciares que según la ley, debe realizar el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), para que nadie independiente vea lo que realmente está haciendo la Barrick con ellos. Se trata de algo así como prohibir la realización del censo del INDEC en San Juan. Y nada menos que por parte de un juez federal, quien supuestamente debe defender esa jurisdicción conforme la ley.
El previsible curso de la tramoya
La estafa procesal urdida por Gioja y el juez Galvez, en complicidad con los sindicatos obreros y empresarios relacionados con la minería, consiste en el empleo ardidoso de estos -que en realidad serían los terceros “indirectamente” interesados – para obtener por parte de la justicia exprés que tanto critica el kircherismo, una medida cautelar que adquiera el carácter de cosa juzgada, en un pleito que necesariamente terminará en algún momento en la Corte Suprema de Justicia. O sea que la medida cautelar habría sido dictada, por quien en manera alguna le correspondía hacerlo.
Es previsible que la tramoya se completará con la intervención de la Cámara de Apelaciones de Cuyo (Mendoza) que hace unos meses confirmó la suspensión total de la ley de medios audiovisuales, porque supuestamente el Congreso no había respetado los formalismos para su sanción. La que en consecuencia seguramente ratificará la resolución de Gálvez. Y por su parte la Corte Suprema evitará expedirse sobre la cuestión, dado que en su jurisprudencia sostiene que no le corresponde a la Corte expedirse sobre medidas cautelares. Habiendo ratificado esto recientemente, en relación con la suspensión parcial de la ley de medios planteada por el grupo Clarín.
Y esa acción se agregarán otras similares, digitadas por otras provincias mineras, como ha anunciado hacerlo Catamarca, etc. Las que irán nutridas de interminables chicanas, para que esos juicios de inconstitucionalidad duren indefinidamente. O por lo menos hasta que la Barrick haya tenido tiempo de destruir los glaciares, y llevarse el oro y la plata. O hasta que, en uno de las tantas componendas bipartidistas dinamizadas por intereses empresarios, se sancione una nueva ley de glaciares, a gusto de la Barrick. O hasta que se derogue la ley actual, con algún articulito deslizado de contrabando en la ley de presupuesto, o cosa parecida. Barajar y dar de nuevo, en eso consistió la estrategia de la Barrick, Gioja y el kirchnerismo, prosiguiendo la partida en la justicia, y con naipes marcados.
La esencia de la estafa procesal en relación a la medida cautelar, consiste en la no intervención de la Corte, en un asunto que es de su exclusiva competencia. El historiador romano Tácito dijo hace dos mil años, que “jamás se vio mercancía pública tan venal como la perfidia de los abogados”. Que en los tiempos modernos ha aumentado exponencialmente; y por esa razón la mayoría de los políticos argentinos son abogados.
El veto bis o recargado de la Presidenta Fernández de Kirchner
Ahí no acaba la estafa, porque ella también se nutre de otros engaños astutamente trenzados por el juez Gálvez. Quién para considerar plausibles los reproches efectuados a la ley por parte de los sindicatos mineros, se basó en ¡los fundamentos del decreto 1837/08, con el cual la Presidenta Fernández de Kirchner, veto la primera ley de protección de glaciares sancionada en el 2008!
O sea que en sustancia, lo que posibilitó la suspensión de la ley dispuesta por Gálvez, fue un veto bis, o “veto recargado” de la Sra. Presidenta. Pese a que esta había prometido que no iba a vetar por segunda vez dicha ley. Ella no lo hizo directamente, pero si sus acólitos promineros, con Gioja a la cabeza, explotando desvergonzadamente los dichos de ella en el veto del año 2008.
Gálvez transcribe extenso párrafos de dicho decreto, al que puso así nuevamente en vigencia, haciendo hincapié donde dice que la ley resulta excesiva, “no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto ambiental mínimo”. Dado que bien “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas…”. Se trata esto de una exageración y deformación inadmisible, tanto para una Presidenta, como para un juez, similar a sostener que se impide en todo el país la agricultura de la soja, por haberse prohibido el uso de glifosato en torno las zonas urbanas.
Seguidamente tanto el juez como la Presidenta muestran la pata de la Barrick en la cuestión, al sostener que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera (sobre los glaciares) incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglaciar saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.”
La huella de Néstor
¿Esta es una tramoya urdida exclusivamente por el clan Gioja, que ha convertido a San Juan en un “bolcheviquismo minero”, donde se ha sustituido la dictadura del proletariado por la dictadura de la Barrick; y en donde la literatura que cuestiona la minería está rigurosamente censurada en kioscos y bibliotecas?
Hay múltiples indicios que indican que esto no es así. Y que por contrario este veto judicial sería una de últimas triquiñuelas urdidas por Néstor Kirchner antes de su fallecimiento. Quien como abogado y como Ulises, era “rico en ardides”. Tanto cuando estaba en juego su poder. O los negocios y negociados mineros y petroleros que lo acompañaron a lo largo de su proficua labor pública, desde sus lejanos comienzos como intendente de Rio Gallegos y gobernador de Santa Cruz.
En tal sentido, no es casual que Kirchner haya fallecido simultáneamente con la –demorada- promulgación de la ley de protección de glaciares a fines de octubre, pese haber sido sancionada un mes atrás. Cuando como contrapartida, la Presidenta solo demoró 24 hs en vetar la ley que consagró el 82 % móvil a favor de los jubilados. Por un lado el Senado demoró inexplicablemente remitir al Ejecutivo la ley de glaciares aprobada. Y por el otro lado, demostrando su total mala voluntad hacia ella, la Presidenta dejó que ella fuera promulgada de hecho, al transcurrir diez días hábiles sin vetarla ni promulgarla.
Estas demoras en la promulgación de la ley, le permitieron a los Gioja terminar de ensamblar la tramoya, de forma tal que la suspensión de ella por parte de Gálvez, se dictó sobre el pucho, cinco días después de su promulgación. Los lazos que ligaban a Kirchner con el gobernador Gioja, eran más que estrechos. Mencionándose incluso a este último como compañero de fórmula de Néstor para las presidenciales del 2011, quién posiblemente sea ahora reemplazado por Cristina.
La complicidad de los diputados kirchneristas
Pero las huellas digitales del Néstor no acaban allí. A mediados de julio estaba previsto en Diputados aprobar nuevamente la ley vetada en el 2008, rechazando a la par la que había venido del Senado, digitada por el clan Gioja. El kirchnerismo bajo la batuta de Néstor Kirchner, pese al acuerdo a que habían arribado los legisladores Bonasso y Filmus para su sanción; pidió una prórroga de esa sesión, con el cuento de que quería estudiar la ley en profundidad, la que no le fue concedida.
Pero en el curso de la sesión, aprovechando un descuido de la bancada opositora en la madrugada, el kirchnerismo logró que se levantara la sesión por falta de quórum. Por esa razón fue fijada una nueva sesión para principios de agosto. La que no pudo concretarse. No solo porque el kirchnerismo no dio quórum, sino porque tampoco lo hicieron la bancada del Pro, y algunos integrantes del Peronismo Federal, contaminados también por los intereses de la Barrick.
Esas prorrogas y demoras en la sanción de la ley, que recién fue aprobado en Diputados a mediados de agosto, nofueron para nada inocentes. Como si estuvieran ejecutando un plan B -en reemplazo del plan A de aprobación de la ley digitada por los Gioja en el Senado- en el ínterin varias provincias mineras, encabezadas por los Gioja y por la provincia de San Juan, sancionaron por su cuenta leyes provinciales de supuesta protección de glaciares, que eran una copia exacta del proyecto que el clan Gioja había digitado en el Senado de la Nación.
Contaron para ello con sus legislaturas, que funcionan como cajas de focas de los intereses mineros, y de la Barrick Gold. Cosa que también parece hacerlo ahora la Justicia de ellas. Se cumplió así nuevamente el aserto que dice que en la minería del oro, el oro es el que la reglamenta.
Todo esto viene a cuento porque el juez Gálvez en su resolución, dice textualmente que la suspensión de la aplicación de la ley nacional de protección de glaciares; “no traería consecuencias dañinas al ambiente protegido, toda vez que existe vigente la (flamante) ley 8.144 de la provincia de San Juan que regula dicha protección”.
Ante la imposibilidad de sacar adelante la ley tal como los proyectos de la Barrick lo requerían, el plan B de Néstor Kirchner, Gioja, y la Barrick, fue primerear con la sanción de leyes provinciales, a gusto del paladar de la Barrick. Y luego dirimir el conflicto que se suscitaría entre ellas, armando un bolonqui en la Justicia, como el que está sucediendo.
La trama de la estafa procesal se revelará en el próximo episodio
Esta explicación de la trama de los acontecimientos, se pondrá en evidencia en los próximos días, con la postura que en definitiva adopte el Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha. Quién debe ser notificado de la sentencia del juez Gálvez, y obrar en consecuencia. Con los amplios límites que le permite el pérfido ejercicio de la abogacía, conforme el dicho de Tácito.
Si el procurador Rocha hace una simple apelación de la medida cautelar, sin pedir la nulidad de ella y de la causa, por la insuficiente personería de los sindicatos y cámaras mineras para entablar una demanda de esa naturaleza, claramente se estará prestando a la jugada de los Gioja, la Barrick, y el kirchnerismo; al consolidar el curso de estafa procesal, estando el resultado de esas apelaciones casi cantado.
Por otro lado el procurador Rocha no la tiene nada fácil para desobedecer a los Kirchners. O mejor dicho a Fernández de Kirchner. Ha sido acusado nada menos que por Horacio Verbistky, mentor intelectual del gobierno en aspectos decisivos, de jugar pérfidamente en relación a la ley de medios audiovisuales, la cuestión de Papel Prensa, y la candidatura de Scioli. Razón por la que este sector del kirchnerismo requiere su renuncia.
Con respecto la ley de medios audiovisuales, Rocha efectuó una defectuosa apelación ante la Corte Suprema, que favoreció directamente al grupo CLARIN. Olvidó esgrimir la “gravedad institucional” que representaba el hecho de que la cautelar dispuesta a favor del grupo, impedía en la práctica que se cumpliera el plazo de un año fijado en la ley para concretar la desinversión. Este error fue advertido por Verbistky. Y por eso Rocha ahora obligadamente comenzó nuevamente a recorrer el espinel de la Justicia, para tratar de llegar nuevamente ante la Corte y reparar ese furcio.
Con respecto Papel Prensa, Rocha tuvo una anodina intervención, esquivándole incluso el poner el gancho a la denuncia; además de mantener amistad y negocios comunes con el ex Bunge y Born Gustavo Caraballo, que juega para el bando contrario. Y respecto la candidatura de Scioli, Rocha procuró realizar la difícil acrobacia -que también procura Scioli- de cabalgar sobre dos caballos, hasta ver cuál de los dos se manca primero. En el próximo episodio se dilucidará para quien juega realmente el procurador Da Rocha. Si en defensa en la instancia que corresponde, de la ley sancionada legítimamente por el Congreso Nacional, o en defensa de la Barrick.
¿Qué hará al respecto Julio Cleto Cobos?
Otro de los que está en la lista de los sospechables de intervenir en la tramoya, es el vicepresidente Julio Cleto Cobos, que detenta la representación del Congreso. Y que por ello bien podría intervenir en la causa truchada por el juez Gálvez, para aclarar los tantos en ella, en defensa de las prerrogativas legislativas del Congreso. Pero tiene sus límites. Cobos llegó a la vicepresidencia de la Nación, seleccionado por el dedo de Néstor Kirchner, por la empatía que también sentía como gobernador de una provincia cordillerana, por los negocios petroleros y mineros. Razón por la que ubicó a su gente de confianza en la secretaría de Energía, donde se cuecen los negociados en torno de ella.
Y si bien Cobos perdió enteramente la simpatía de los Kirchners, no la perdió en manera alguna por los comunes amigos petroleros y mineros. Su plan de gobierno como posible candidato a presidente, cuya redacción confió nada menos que al mendocino Raúl Baglini (el autor del penoso teorema de la resignación y subordinación de la política, frente al establishment empresario y los banqueros) está centrado en como devolverle la rentabilidad internacional a los primeros, sin provocar un shock en el pueblo. O sea el difícil arte de servir a Dios y al Diablo.
La bizarría de Cobos en defensa de sus actos e ideas, queda demostrada con la entereza con la que soporta estoicamente el mote de Judas y traidor por parte del kirchnerismo; tras su voto “no positivo” en la cuestión de la famosa resolución 125. Cuando bien podría haber revertido enteramente esos calificativos, si hubiese exigido el funcionamiento de la “Comisión Bicameral Investigadora de presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de productos agropecuarios” que fue aprobada por ley 26.397 en agosto del 2008. Inmediatamente después de terminado el conflicto con el campo motivado por dicha resolución. Ley a la que no por casualidad la presidenta se abstuvo de promulgar, razón por la que quedó promulgada de hecho.
La patraña de la resolución 125, que Cobos eludió destapar
Si esa comisión investigadora hubiese cumplido con su cometido, sin caer en el olvido en la que la hundió Cobos, con la complicidad bipartidaria del PJ y la UCR, habría revelado al pueblo la patraña y el enorme negociado que se escondía detrás de la resolución 125. Que fue dictada para favorecer exclusivamente a las exportadores de granos, cuyos intereses estaban representados en el gobierno por el senador kirchnerista Urquia.
Dichas exportadoras, con falsas declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) habían congelado las retenciones a pagar por sus exportaciones, al nivel de un año atrás. Quedándose en consecuencia con el diferencial entre las retenciones móviles de la resolución 125, y las que regían previamente. Llevándose así puestas, lo que supuestamente iba ir parar a manos de los pobres.
Si Cobos no hubiese traicionado a la verdad, y sido fiel y complaciente con la mentira, habría revelado el rostro oculto en la penumbra de los Kirchners. Que declamaban su voluntad de redistribuir la “renta agraria extraordinaria”. Cuando en realidad como Hood Robin, la estaban concentrando, para que se la llevaran puestas las multinacionales más ricas y poderosas del mundo. Tal como sucedió a todo lo largo de la vigencia de la resolución 125, como se puede verificar simplemente, apelando a los despachos de Aduana, y los informes de la ONCCA y AFIP.
Muy otra sería la situación actual del kirchnerismo y del mismo Cobos, si esa verdad hubiese salido oportunamente a la luz del día, en este país gravemente enfermo de engaños y mentiras. Hoy el pusilánime vicepresidente Cobos se encuentra con la cuestión de la Barrick y las mineras, ante una situación parecida.
¿La República Argentina, o los Emiratos Argentinos Unidos?
Recientemente la Presidenta dijo en un discurso que”muchas veces nos dividieron y nos enfrentaron, para que sólo un puñado pudiera disfrutar y acumular riqueza”. Eso es exactamente lo que los Kirchners hicieron con la resolución 125, poniendo al país al borde del abismo de una guerra civil, e incendiándolo ideológicamente; cuando en realidad estaban operando a favor de las cerealeras multinacionales. Y pagó muy caro esa actitud, con una sustancial pérdida de su imagen positiva ante la sociedad. Que entiende poco de las cuestiones complejas, pero tarde o temprano sabe olfatear donde no hay autenticidad.
Lo mismo hicieron con la ley de provincialización del petróleo, para que los gobernadores como jeques árabes borrachos, pudieran prorrogar anticipadamente las concesiones a las multinacionales extranjeras por cuarenta años más, hasta que se agoten enteramente. En circunstancias en que se anticipa que el petróleo va a ser el bien más escaso y costoso de la Tierra.
Siguiendo la zaga de Menem y Cavallo en relación a la megaminería, ahora han provincializado las leyes de protección de glaciares, para que las megamineras hagan con ellos lo que quieran. En circunstancias de cambio climático, en que se anuncia que el agua potable será aun más escasa y costosa que el petróleo.
También ha provincializado el conflicto de Malvinas, poniéndolo en cabeza de la provincia de Tierra del Fuego. Para que su gobernador o gobernadora, como un jeque árabe borracho, legalice la extracción del petróleo por parte de Inglaterra. A cambio de la percepción de unas migajas, no como regalías soberanas, sino como servicios ambientales.
El kirchnerismo no parece advertir que esta política de provincialización de cuestiones y de recursos estratégicos, representan una aguda fractura, y un desempoderamiento de Argentina como Nación. En momentos en que enfrenta el conflicto geopolítico que es actualmente es el más importante del mundo, y el más grave en su historia, como es la cuestión de Malvinas.
Con el accionar de los Kirchners, los Gioja, los Das Neves, los Sapag, los Cobos en pos de sus negocios o negociados, Argentina bien podría reformar sus estatutos, y convertirse en vez de una federación de estados provinciales, en una confederación de emiratos unidos. Que podrían estar integrados por los Emiratos Mineros Unidos de las provincias cordilleranas. Los Emiratos Petroleros y Pesqueros Unidos de las provincias patagónicas. El gran Emirato de Tierra del Fuego, Malvinas, y la Antártida. Los Emiratos Sojeros Unidos de la pampa húmeda y semihúmeda. Y los Emiratos Hundidos de las provincias norteñas, libradas a la buena de Dios.
¿Hasta cuándo puede aguantar el doble discurso del kirchnerismo, sin su líder “rico en ardides”?
El kirchnerismo declama estruendosamente ser Nac & Pop (Nacional y Popular). Pero por la aguda inclinación que tenía por los negocios su jefe fallecido, más bien parece ser Pol & Neg (Política y Negocios). Ya que con la declamada opción preferencial por los pobres, convive una marcada opción preferencial por los hombres de negocios; como se puede advertir con la pléyade de rumbosos empresarios que lo rodea, y tienen como interlocutor a De Vido. Y si se trata de recursos naturales no renovables, más bien evidencia ser Ent & Cor (Entrega y Corrupción), como lo pone claramente en evidencia la cuestión minera y petrolera, y la referida a la protección de los glaciares.
El poeta inglés William Blake dice en sus Proverbios, que”aquel que habla y no obra, engendra peste”. ¿Qué peste engendrará aquel que habla, y obra en sentido contrario de lo que habla?
Javier Llorens – Noviembre 2010
