La medida asumida por un juez federal, tildando de inconstitucionalidad a varios artículos de la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial, era imaginable en provincias como la de San Juan, manejada por un hacendado de la cosa pública, una “estancia” de casi 90.000 kilómetros cuadrados convertida en feudo, organizada para impedir la libertad de expresión, la libertad de prensa, las audiencias públicas, las consultas populares en emprendimientos relevantes, que son ambiental y socialmente insostenibles. Una provincia donde se obliga a retirar de los estantes los libros que cuestionan la minería o que objetan cualquier medida de gobierno.
Por Javier Rodríguez Pardo
04/11/2010. Que un juez dicte sentencia no significa que haga justicia, de modo que titular en los medios de información que “la justicia argentina suspende artículos de la ley de protección de glaciares” es magnificar una acción predecible en términos de que ocurre en un estado que ejemplifica el uso dictatorial de la democracia, aunque sea doloroso advertir que una democracia despótica resulte en la actualidad paradigma de obscenidad política.
Minutos después de la votación en el senado, José Luis Gioja, gobernador de San Juan, no tuvo reparos en anunciar que desconocería la ley de protección de glaciares aprobada por el Congreso Nacional. Con la firma del juez federal Miguel Ángel Gálvez, cumplió lo prometido. Hasta cierto punto podrá preocupar lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, si esta opera del modo en que consideró los residuos radiactivos provenientes de Australia como “combustible nuclear gastado”. Es que las decisiones de los Supremos rondan a veces la imbecilidad intelectual o la inmoralidad del cohecho.
Gioja presentó la medida cautelar a través aquellas fuerzas locales que maneja con pulgar neroniano: la CGT cuyana, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) y la Cámara de la Construcción de la República Argentina, sindicato virtual poder de choque contra los militantes movilizados en asambleas. Que un letrado urda semejante dictamen, “no frena” la ley de protección de glaciares, como se ha dicho reiteradamente, lo intenta sin duda, a costa de generar el repudio de gran parte de la población y de orquestar mayores movilizaciones de protesta. De hecho, ya se habían apurado a sancionar una ley provincial afín con la ferocidad extractiva, intentando cuestionarle a la ley nacional el dominio en las alturas glaciales y periglaciales.
Por lo visto, los gobernantes mineros perpetraron una declaración de hostilidades al resto del país; entre otros formatos, reflotan antinomias de federales y unitarios en tiempos de la globalización neoliberal, con sórdida ridiculez beligerante en el campo legislativo. A los gritos de que los glaciares les pertenecen, quieren impedir que el agua continúe su viaje interprovincial hacia el Atlántico. “Los glaciares son nuestros”, gritaban el gobernante sanjuanino, el riojano y el salteño en el trasnoche del senado nacional, y en los 4.441 kilómetros longitudinales de cordillera cedida a las mineras, donde los glaciares componen el botín de las transnacionales, enfrentando al activismo ciudadano.
La medida cautelar del juez Gálvez no cuenta con espacio maniobrable. Sin embargo, ante este arquetipo presente, son inevitables las preguntas ¿movimientos sociales o jueces serviles? ¿De quien es el futuro?
Javier Rodríguez Pardo
MACH, RENACE, UAC
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