Desde hace una década, nuevas y variadas formas de resistencia social han visto la luz en América Latina para enfrentar las exacciones de las empresas transnacionales (ETN). La disputa entre bienes y derechos comunitarios y universales, de un lado, y la ganancia privada y la expoliación, del otro, adquiere mayor relevancia en la medida que el capitalismo está agotando las posibilidades de seguir ilusionando con la idea del “progreso social”.
Por Alfonso Moro * publicado en Revista Pueblos
15/09/2010. Entre el 2000 y el 2009, América Latina y el Caribe (ALC) recibieron alrededor de 465 mil millones de dólares como ingresos de inversión extranjera [1], una suma sin duda considerable. Independientemente de que esas inversiones se dirigieron a pocos países, todo indica que hay una fuerte correlación entre la llegada de esos flujos de capital y el incremento de las luchas de resistencia contra las ETN que en los últimos años han marcado la geografía latinoamericana. Pese a que la etapa más importante de privatizaciones y enajenación de bienes y recursos públicos que promovió la ola neoliberal conocida como “Consenso de Washington” se concentró entre mediados de los años ochenta hasta el final de los años noventa, los ingresos captados en estos años sirvieron muchas veces para consolidar y/o expandir la presencia de las ETN, sobre todo europeas o estadounidenses.
También en esos años varios países de la región firmaron distintos acuerdos de libre comercio, y/o de inversiones, con los Estados Unidos o la Unión Europea, o aplicaron agresivas políticas para atraer la presencia de ETN en su territorio, bajo el argumento de que eso permitiría un mayor crecimiento económico, reducir la pobreza y avanzar en la carrera por la competitividad mundial. En contrapartida, como reacción a los nefastos efectos generados por las prácticas de muchas de esas ETN, emergieron en el subcontinente organizaciones, frentes y coaliciones sociales de diverso tipo, marcadas por un propósito común: la defensa de lo que consideran son derechos universales o comunes.
Pese a los discursos y recetas neoliberales aplicadas reiteradamente en la región, América Latina sigue siendo, sobre todo, exportador de materias primas y se mantiene como una fuente tradicional de acceso de recursos naturales para las potencias capitalistas y, recientemente, China. Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú están entre los 10 primeros países del mundo en términos de biodiversidad. En consecuencia, no sorprende que las luchas populares contra la privatización del tríptico tierra-agua-energía hayan adquirido un protagonismo de primer orden estos últimos años [2].
Las nuevas experiencias de resistencia contra las transnacionales no pueden comprenderse sin tener en cuenta las luchas generadas en la última década del siglo pasado, que sirvieron para sedimentar un campo de acción muy amplio, primero contra los intentos del imperialismo estadounidense de apropiarse del continente a través del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) [3] y, posteriormente, contra el desembarco de las transnacionales europeas, sobre todo españolas. Aunque ahora las cosas parecen evidentes, es necesario subrayar que, al menos hasta mediados de los años noventa, amplios sectores de la población y no pocos movimientos sociales fueron arrullados por la ilusión de que las ETN europeas eran socialmente más responsables que las de Estados Unidos [4].
Avanzando sobre la cuerda floja
Estos últimos años, una serie de elementos han venido a sumarse para enriquecer el acervo de las revueltas populares [5], aunque también plantean mayores desafíos. En particular, nos referimos a la proliferación de formas de coordinación social transnacional, muy eficaces para combatir las acciones de las ETN con presencia en varios países, así como las victorias electorales de candidatos “progresistas” en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Argentina que, en algunos casos, objetivamente han ayudado a frenar las violaciones de derechos sociales y el saqueo de recursos naturales por las ETN.
En el primer caso, la lista de experiencias y movimientos es tan amplia que resulta imposible hacer un recuento completo; no obstante, parece que existen algunas características comunes entre ellas. En un primer tiempo surgen inconformidades y protestas contra las violaciones de las ETN, que desembocan en gestiones institucionales y eventualmente en algún diálogo con las autoridades y representantes de las empresas. Como en general no hay respuestas satisfactorias, las protestas aumentan y se pasa a acciones más directas. La intimidación, la represión y la criminalización del movimiento de protesta aparecen rápidamente como un recurso gubernamental y de las mismas empresas, al que las víctimas responden intentando sumar mayores fuerzas y una mejor coordinación.
En cuanto a la compleja y delicada relación entre gobiernos y movimientos sociales que buscan recuperar la soberanía de los recursos naturales, se han impulsado reformas constitucionales como un reflejo de la importancia de las victorias alcanzadas. Así, el Gobierno de Hugo Chávez ha expandido la presencia estatal en los sectores del petróleo, agua, electricidad, bancos y telefonía, y otro tanto han hecho Evo Morales con el petróleo, gas, agua y teléfonos, o Rafael Correa con el petróleo. Aunque bien vale recordar que la estatización no implica ni mucho menos el control social del sector.
Hay además una línea roja que si no se atiende podría desembocar en una regresión de las conquistas alcanzadas estos últimos años. Aunque esos tres gobiernos han limado algunas de las aristas más perversas de las políticas neoliberales, persiste una visión productivista, desarrollista, cuya lógica inevitablemente lleva a la confrontación con los movimientos sociales de resistencia a las ETN.
Tal es el caso del proyecto que todos los gobiernos de América del Sur apoyan sin excepción: la IIRSA, el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, surgido hace una década bajo auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha provocado una fuerte contestación contra sus devastadores efectos, en particular las acciones realizadas por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que integra organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Más de 500 proyectos que incluyen la construcción de oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas, etc., afectarán, sobre todo, a los territorios donde habitan poblaciones indígenas de esos países. Entre las ETN involucradas en este megaproyecto están las brasileñas Odebrecht (construcción), Petrobrás, Tedesco Maggi (principal exportador de soja de Brasil) [6].
La IIRSA se complementa con otro importante programa, el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, como se rebautizó al Plan Puebla Panamá (PPP), que a su vez promueven los gobiernos de México, Centroamérica y Colombia. Ese ambicioso megaproyecto neocolonizador que ha beneficiado a las ETN españolas y mexicanas de la electricidad, telefonía y construcción, entre otras [7], llevó en 2001 a la realización del 1er Encuentro Mesoamericano contra el PPP impulsado por más de 100 organizaciones mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.
En otros casos, los presidentes “progresistas” han servido de punta de lanza a los intereses de las ETN, como Lula da Silva en Brasil y su apoyo a las transnacionales brasileñas de la soja, los agrocombustibles, o el petróleo; o el Gobierno de Daniel Ortega y su apoyo implícito a las violaciones reiteradas de Unión Fenosa en Nicaragua.
La firma de tratados comerciales y acuerdos de inversiones que varios de esos gobiernos promueven o aceptan son un veneno que objetivamente debilita las posibilidades de creación y/o consolidación de una alternativa social que favorezca a las mayorías, pues dichos ordenamientos sirven fundamentalmente para favorecer los intereses de las ETN. Un dato puede ayudar a comprender la esencia de este punto. En 1990 los bienes primarios representaron el 44,1 % de las exportaciones de América Latina hacia la Unión Europea, mientras que en sentido inverso los bienes industriales de fuerte contenido tecnológico representaron más del 45 %; en 2008 (último año del que se dispone de cifras oficiales), ambas proporciones fueron de 42,5 % y 44,3%, respectivamente.
En esos 18 años una enorme parte de la riqueza social de América Latina fue privatizada y/o transnacionalizada. Dos casos sirven de ejemplos del asalto cometido. El proyecto de transnacionalización de la Amazonía peruana [8] impulsado primero por Alberto Fujimori y ahora por Alan García, para la implantación de grandes empresas de monocultivos para agrocombustibles, de minería y de lotificación petrolera sobre territorios indígenas. En México, 24 mil concesiones mineras fueron otorgadas por el Gobierno entre 2000 y el 2010. Tan sólo en lo que va de este año, 231 ETN han obtenido concesiones por 50 años sobre 2 millones de hectáreas [9].
Los efectos de la crisis
La crisis capitalista que emergió hace dos años y medio está lejos de resolverse. Las dificultades que enfrenta la acumulación del capital no hacen sino exacerbar la lucha entre las firmas transnacionales y países por la obtención de los recursos naturales y menores costos de explotación. La firma de acuerdos de libre comercio entre los países de América Central, Perú y Colombia con la Unión Europea va a agravar la explotación de los recursos naturales de la región. En este sentido, y dado que el tema de la “propiedad intelectual” está integrado en esos acuerdos, conviene citar un ejemplo de resistencia social contra las ETN. Se trata de organizaciones de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador involucradas en una campaña de denuncia contra la Unión Europea y sus laboratorios farmacéuticos, implicados en la incautación de medicamentos genéricos en puertos europeos destinados a las poblaciones de América Latina. La Unión Europea ha violado las reglas internacionales para proteger sus laboratorios, en detrimento de los derechos humanos de las poblaciones de los países afectados por las incautaciones.
Los pueblos de ALC han pagado caro el aprendizaje sobre la presencia de las ETN de Estados Unidos y Europa, principalmente. Desde las trabajadoras de las maquiladoras de México o Centroamérica, hasta los productores de pescado de la región de Atacama o la región de los Lagos en Chile enfrentados a las empresas salmoneras, pasando por los pueblos indígenas de Mato Grosso, Brasil que luchan contra los impactos de la producción de soja para agrocombustibles, la región es un enorme mosaico de movimientos sociales que resisten y construyen alternativas. Ahora un problema se dibuja en el horizonte cercano y sus consecuencias pueden ser tanto o más catastróficas. Se trata del capitalismo salvaje que día a día avanza en China y el peso creciente que el gigante asiático está ganando en ALC. Minerales, petróleo, soja, maderas son requeridos por el apetito insaciable de la acumulación capitalista en ese país, sin que, aparentemente, los gobiernos latinoamericanos se inquieten por sus efectos devastadores.
Por último, es importante destacar iniciativas como las que desde 2004 promueven diversas organizaciones sociales y políticas de la región en asociación con organizaciones de la Unión Europea, vinculadas en la red birregional Enlazando Alternativas. Entre 2006 y mayo de este año, con apoyo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, Enlazando Alternativas promovió tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar las políticas neoliberales y las multinacionales europeas en América Latina y el Caribe. Este tipo de experiencias confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos en una perspectiva largo aliento: rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y a través de ella defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por las ETN.
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Alfonso Moro es miembro de la Dirección de France Amérique Latine (FAL) e integrante de la Red Birregional Enlazando Alternativas.
Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.
Notas
[1] La Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2009 , CEPAL, Santiago de Chile, abril 2010.
[2] Ver, por ejemplo: Castro S, G., “El movimiento social Mesoamericano por la defensa de los recursos naturales”, OSAL, n° 17, mayo-agosto 2005, Buenos Aires.
[3] “El Área de Libre Comercio de las Américas”, Alternativas Sur vol II (2003) n° 1, Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve, Centro de Investigación para la Paz, Madrid.
[4] La excepción de esta regla fue México, por ser el primer país del subcontinente en conocer los efectos devastadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 1994, y también el primero en firmar un «Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación» con la UE, en 1997.
[5] La diferenciación entre movimiento social, movimiento político y movimiento revolucionario propuesta por Adolfo Gilly, referida a los marcos dentro de los cuales unos y otros se mueven, es de mucha utilidad para intentar comprender lo que sucede en ALC. Ver Gilly, A. «Fragmentación y resocialización de las demandas y los movimientos. Pasaje después de una derrota», Inprecor para América Latina n° 32, mayo 1993, Paris
[6] Ver: Empresas transnacionais brasileiras na américa latina, um debate necessário, Expressão popular e Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, São Paulo, 2009.
[7] Moro, B. (2002), “Une recolonisation nommée ‘Plan Puebla Panamá'”, Le Monde Diplomatique, París.
[8] Rumrril, R. (2008), La Amazonía peruana, la última renta estratégica del Perú en el S. XXI o la tierra prometida, CONAM, PNUD, Lima.
[9] Ramírez, E., “Entregan oro y plata de México a transnacionales”, revista Contralínea, n° 179, abril 2010, México.
