El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) presentó este lunes el fallo recogido en un texto provisional en el que se acusa a las empresas transnacionales europeas de conductas que infringen los derechos civiles, económicos, sociales y medioambientales de los pueblos latinoamericanos y en el que se califica de «cómplice» a la Unión Europea (UE) por su omisión o falta de actuación ante estas violaciones. Entre los casos se condenó la violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp en Guatemala.

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Fuente: diario Prensa Libre
18/05/2010. «Al amparo del Derecho Internacional, de la declaración de los Derechos Humanos y la declaración de los Derechos de los Pueblos» y con los testimonios documentados de las víctimas, el tribunal ha solicitado a Naciones Unidas que se cumpla una serie de «medidas cautelares» entre las que se encuentran la suspensión inmediata de todos los grandes proyectos de las empresas europeas denunciadas, 30 de ellas españolas, en territorios latinoamericanos.

Perfecto Andrés Ibáñez, miembro del TPP y magistrado del Tribunal Supremo español, ha presentado el fallo del «tribunal no institucional», que se ha basado en un marco jurídico que «tiene vigencia razonable en la Unión Europea» pero que es inexistente en los países en los que estas empresas llevan a cabo sus planes económicos.

Al respecto, Ibañez indicó que «aunque es desconocido, existe el marco jurídico para enjuiciar estas causas».

Este fallo, que tiene como objetivo incidir en la opinión y dar visibilidad a situaciones de «injusticia», denuncia que los actores económicos como las multinacionales son «impunes y lo son porque tienen cómplices en el espacio político. Espacio de los gobiernos, de las instituciones multilaterales y de la gobernanza de las grandes regiones», señaló el director de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS), Marcos Arruda.

Subrayó que se debe cambiar la situación de impunidad a una situación de responsabilidad debido a que los gobiernos y las empresas deben de estar al «servicio del ser humano y de la sociedad y no al servicio de sus propios intereses egoístas de ganancias y acumulación de poder».

El caso Goldcorp

En el caso de Guatemala se condenó la violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp, acusada de violar los derechos de los pueblos indígenas de por la explotación en el departamento de San Marcos. El proyecto de Goldcorp también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y al acceso al agua, entre otros.

Los elevados beneficios de la compañía se destinan a los fondos de pensiones de accionistas procedentes de Suecia, Noruega e Irlanda. Los impactos sociales de la minera benefician el pago de las pensiones privadas en Europa.

El caso será presentado por las entidades Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina.

La Mina Marlin I, operada por la subsidiaria de Goldcorp en Guatemala, Montana Exploradora, se encuentra en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos.

Varios de los derechos violados por la empresa se encuentran protegidos bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución guatemalteca.

Según los denunciantes, el accionar de Goldcorp ha contado con el consentimiento del Estado Guatemalteco» y la «complicidad» de varios fondos de pensiones europeos, que son accionistas de la corporación canadiense. Hay fondos provenientes de Suecia por US$31.2 millones, el fondo de pensión al extranjero de Noruega con US$86.6 millones y el Fondo Nacional de Reservas de Pensiones de Irlanda, con US$3 millones.

Se responsabiliza al Estado de Guatemala por crear un marco legal que favorece a las empresas, por no informar ni consultar a las poblaciones de Sipacapa y San Miguel antes de otorgar el permiso minero y por desplegar fuerzas de seguridad en la zona. Agregan que el Estado ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar las luchas sociales.

Asimismo, el caso presentado ante el TPP estipula que el Banco Mundial ha financiado la construcción de carreteras y de tendido eléctrico para las operaciones de la mina, sin realizar las consultas necesarias.
Además, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado al Estado guatemalteco para que se desarrollara un nuevo marco legal para atraer las inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. «Los estados europeos como miembros y donantes al Banco Mundial son entonces cómplices en las violaciones», dice el escrito entregado al Tribunal.

El Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina exigen que el parlamento de la Unión Europea reclame a los gobiernos de Suecia, Noruega e Irlanda que sus administradores de fondos de pensión actúen con rapidez y en forma efectiva ante acusaciones de comunidades y organizaciones sociales. Presionan además para que las poblaciones afectadas sean compensadas, que se atiendan sus demandas y que el Estado de Guatemala respete las recomendaciones de la OIT.

Es que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de esa organización solicitó en febrero la suspensión inmediata de las operaciones en la Mina Marlin I. Expresó su preocupación porque el gobierno «reitera la información presentada con anterioridad», lo que trae aparejado «falta de progresos», según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandaron nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.

A su vez, la dirigente comunitaria de Guatemala, Ramona Chacón, denunció la represión de la empresa Cementos Progreso, en complicidad con la multinacional suiza Holcim, contra las comunidades y sus representantes».

Ramona recordó la crueldad de esta empresa poniendo ejemplos concretos: «uno de nuestros dirigentes ha sido condenado a 150 años de prisión y su hijo ha sido torturado y asesinado por oponerse a las prácticas de la cementera». Sus palabras fueron especialmente emotivas cuando concluyó que «no lograrán que abandonemos nuestra lucha en defensa de la madre tierra, de la que dependen todas nuestras comunidades».

¿Qué es el tribunal?

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene su origen en 1979 en el llamado Tribunal Russell, un tribunal ‘inventado’ desde la sociedad civil para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam. Ante la ausencia de instrumentos efectivos para defender a la gente y enjuiciar al poder, históricamente se ha vuelto necesario inventar nuevos repertorios de acción. Es el caso de reconstrucciones ciudadanas simbólicas como las consultas sociales (cuando el Estado se niega a plantear ciertas discusiones), las cumbres alternativas (cuando los gobiernos toman grandes decisiones internacionales a espaldas de la gente), las contrajuntas (cuando las juntas de accionistas se olvidan de todo menos de sus beneficios) o los propios tribunales de opinión (una respuesta popular cuando las élites que gobiernan los Estados bloquean cualquier iniciativa para juzgar poderes fácticos aparentemente intocables).