La Argentina es un país que se constituyó como unidad política territorial mediante un violento proceso de aniquilamiento de las poblaciones originarias. Si bien fue el Congreso Nacional el que permitió la “campaña al desierto” que llevó a cabo Julio Roca, se produjo en ese acto una flagrante violación de la Constitución de 1853, que ordenaba mantener un “trato pacífico con los indios”.
Por Norma Giarracca * publicado en el diario Página/12
05/03/2010. Es decir, Roca procede violando los pactos fundantes de la Nación y estableciendo la violencia como un modo “naturalizado” de gobernar y relacionarse con las poblaciones subalternas. Con él, se naturaliza la presencia del poder militar en el gobierno de la Nación así como la violencia como dispositivo regular del Estado. Estos rasgos perduraron durante gran parte del siglo XX con graves consecuencias para la sociedad, hasta desembocar en el ominoso golpe militar de 1976.
Desde 1984 nos propusimos desactivar para siempre estos rasgos del Estado y, sin embargo, la violencia estatal insiste en aparecer como el síntoma de un viejo trauma. En estos tiempos nuevamente se juegan los territorios, pero ya no les son arrebatados a las poblaciones originarias por el Ejército, sino que son ocupados por grandes corporaciones económicas internacionales o inversores nacionales con un reiterado apoyo institucional (andamiaje jurídico montado en los años ’90). Nuevamente se violan tratados internacionales con jerarquía constitucional referidos a las poblaciones indígenas y una normativa avanzada del derecho ambiental. Todo bajo la fuerza de sistemas represivos provinciales y la actuación complaciente de sus poderes.
Las poblaciones que defienden estos territorios otorgados a privados para explotarlos de modo extractivo y contaminante han demostrado una gran sabiduría para enfrentarse a las corporaciones y socios. Utilizan la “acción directa” bajo una lógica de protestar orientada a entorpecer los elementos que interesan al capital pero nunca dañando a los cuerpos, a las personas. Son acciones definidas por todos los especialistas como “no violentas”: cortes de ruta para no dejar pasar camiones con materiales; barreras en los cerros; boicot a los proveedores de las empresas; resistencias en los territorios, etcétera. Hemos registrado en nuestros trabajos muchas “acciones directas”, pero nunca una acción violenta destinada intencionalmente a lastimar cuerpos humanos o a otros seres vivos (hay muchos documentales nacionales e internacionales que confirman esta afirmación). Sin embargo, los registros de las intervenciones policiales en las provincias muestran imágenes donde se arrastran, lastiman, golpean brutalmente a los manifestantes y hasta se los mata. Los llamados “cuerpos especiales” policiales retrotraen al pasado violento y ni que hablar de los grupos represivos privados y tolerados que queman casas, rompen radios comunitarias, además de golpear y asesinar (recuérdese el caso de Javier Chocobar).
La situación de Andalgalá, en la Catamarca minera que resiste férreamente un segundo emprendimiento, nos alarma porque después de la feroz represión del 15 de febrero los medios locales están construyendo una imagen del movimiento asambleísta como violento, destinada seguramente a justificar un nivel represivo mayor o aislar a la asamblea.
Por eso, es necesario recordar una vez más que somos un país traumático en relación con la violencia. La sociedad civil ha dado un ejemplo al mundo esperando que la Justicia reparara el infinito sufrimiento por el que pasó en los años ominosos aunque actuó lenta y complicadamente (se aceleró en los últimos siete años). Del mismo modo, en estos tiempos de pérdida de derechos de todo tipo, las organizaciones sociales han protestado con modos y estéticas de protesta diversas sin recurrir a la violencia y aislando a quienes la proponen. Los muertos, que son muchos (la mayoría de la Alianza), fueron producto de la violencia estatal. Alertemos y trabajemos desde todos los espacios, sin distinciones partidarias u organizativas, para que esa ominosa costumbre de maltratar y matar del Estado argentino termine de una vez. En el aniversario del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba, es el mejor homenaje que podemos hacerle.
* Socióloga; investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).
