Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, ene (IPS) – En apenas dos años creció 400 por ciento la cantidad de proyectos mineros en Argentina, concentrados en el occidente del país, en la frontera con Chile. La novedad alarma a ambientalistas y organizaciones vecinales.
Empujadas por un fuerte incremento de los precios internacionales de los metales y por leyes muy favorables, las inversiones en exploración y desarrollo de este tipo de proyectos se duplicaron entre 2003 y 2005.
En ese mismo período hubo un récord de perforaciones, un dato que sugiere que la zona posee un gran potencial minero.
Toda la línea de provincias que limitan o están cerca de Chile, país con un gran desarrollo del sector, albergan proyectos: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Pero los mayores emprendimientos se ubican en San Juan, 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
“Para lograr este boom fue muy importante mantener las reglas del juego que se establecieron en los años 90 y modificarlas solo para mejorarlas, porque estas inversiones son de mucho riesgo y de muy largo plazo”, explicó a IPS José Herrera, del área de Comunicaciones de la Secretaría de Minería de Argentina.
Las normas prevén deducir el pago de impuestos a las ganancias de las empresas en los gastos que demanden las etapas de prospección y exploración, liberar a los proyectos de la carga de múltiples tributos (impuestos al gasóleo, tasas de estadística, de sellos, impuestos al cheque) y admitir la importación de insumos libres de aranceles.
También establecen que la exportación de minerales no pagará regalías al tesoro nacional pero sí a las provincias en las que se extraen, aunque solo hasta un tope de tres por ciento, de acuerdo con el Código de Minería y las leyes y decretos reglamentarios de la actividad.
En los últimos años, el precio internacional de los metales subió aceleradamente. Desde 2001, el oro aumentó casi 90 por ciento y la plata, 80 por ciento.
Ésos son los minerales más buscados bajo suelo argentino, aun cuando para su extracción se requiere cianuro, una sustancia que podría contaminar aguas subterráneas..
En la localidad turística de Esquel, provincia de Chubut, un plebiscito convocado por vecinos determinó en 2003 que más de 80 por ciento de los votantes se negaban a albergar un gran proyecto minero de extracción de oro a tajo abierto a cargo de la compañía canadiense Meridian Gold.
Herrera minimiza estos riesgos.
“Los minerales están a gran altura y lejos de zonas urbanas. Justamente por eso consideramos que es una buena alternativa para regiones que no fueron favorecidas por la naturaleza, como es el caso de la Pampa Húmeda, o por su cercanía a los puertos, como es la zona este”, explicó el funcionario.
Uno de esos grandes proyectos pertenece a la compañía suizo-canadiense Bajo La Alumbrera, en la noroccidental provincia Catamarca, que produce oro y cobre.
Los operarios dinamitan paredes de montaña y transforman la roca en polvo, al que luego diluyen en ácidos. El mineral bruto se dirige a través de una tubería hacia otra provincia, Tucumán, y desde allí en tren a Buenos Aires.
La mina, que funciona hace 10 años, fue el primer gran proyecto amparado en las leyes de estabilidad fiscal sancionadas en la década del 90. Sus defensores aseguran que creó empleos, pero sus detractores señalan que contaminó agua, aire y suelo.
En esa misma zona, un nuevo emprendimiento, pero tres veces mayor, divide a los pobladores. Muchos de los vecinos se han organizado para resistirse al proyecto.
La actividad promete crear empleos e infraestructura de caminos, luz y agua potable allí donde antes había solo naturaleza.
“Por cada puesto que genera la minería se crean entre cuatro y cinco empleos más en la construcción y en servicios que brindan los proveedores del yacimiento”, añadió Herrera.
Pero no existen establecimientos locales de refinación ni otras industrias vinculadas con la minería. Para eso se requerirían muchas más minas, argumentan los empresarios.
Por lo tanto, el sector eléctrico de Argentina debería importar cobre procesado en Chile, aun si Bajo La Alumbrera exportara el metal sin refinar.
Herrera minimizó por completo el riesgo de contaminación. La actividad minera tiene su propia legislación ambiental, básicamente preventiva, que exige la presentación de informes de impacto antes del inicio de cada etapa de los proyectos.
Para Herrera, algunos de los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y vecinales son “extremistas” y responden a la “falta de información”. Pero, de surgir problemas, las provincias, como dueñas de los recursos naturales, se encargarán de aplicar las normas y de controlar su cumplimiento, advirtió.
Justamente ése es el principal temor de los que están en alerta ante el avance minero.
Las provincias, sedientas de inversiones, adaptan las normas al interés de los empresarios y ejercen un control casi nulo sobre muchos de los proyectos, dijo a IPS Raúl Montenegro, director de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
“Funcionarios de carrera del área de ambiente nos piden a nosotros que frenemos algunos de estos proyectos porque saben que las autoridades no van a intervenir para limitar emprendimientos nocivos”, explicó el ambientalista.
Montenegro, galardonado en 2004 con el Right Livelihood Award (el denominado Premio Nobel Alternativo), destacó el caso de la provincia de San Juan, donde se afincaron dos granes proyectos mineros de la empresa canadiense Barrica Gold: Veladero y Pascua-Lama, este último binacional porque se extiende hacia Chile.
Veladero es un emprendimiento de gran magnitud, ya avanzado. Buena parte de la infraestructura alimenta también a Pascua Lama, el cual tiene una magnitud tres veces mayor.
En ambos casos producirán oro y plata, a cielo abierto y con cianuro para separar el mineral de la piedra.
“Veladero y Pascua-Lama afectan principalmente las cuencas de alimentación de los calles de Huasco en Chile y de Jachal en Argentina”, advirtió Montenegro, que informó el año a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados chilena sobre el impacto del proyecto.
La empresa explotadora anunció que en el caso de Pascua Lama debería desplazar glaciares ubicados en la zona mineral. Para el ambientalista, el pedido es absurdo. “Ya destruyeron glaciares para construir caminos hacia Veladero”, denunció.
Asimismo, vecinos de San Juan advierten que si bien el mineral está principalmente bajo suelo chileno, el dique de colas –sitio destinado a los residuos contaminantes de la mina– se construye del lado argentino. Y en una zona sísmica.
El mayor terremoto registrado en Argentina, a mediados del siglo XX, tuvo epicentro en la provincia de San Juan. El desastre ocurrió en 1944 y dejó un saldo de casi 10.000 muertos, unos 20.000 heridos y alrededor de 30.000 viviendas devenidas en ruinas.
Montenegro también remarcó que el proyecto afectó partes de la Reserva de Biosfera San Guillermo, declarada área protegida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Algunas zonas de la reserva fueron desafectadas por el proyecto con el fin de construir caminos y otras obras para Veladero, sin que las autoridades establecieran un límite a pesar de que la ley se lo permitiría, remarcó.
Los argumentos basados sobre la creación de empleos o a los beneficios fiscales que deja la actividad también son minimizados por Montenegro. Si bien hay puestos de trabajo nuevos, muchos de ellos son temporarios, como los que se crean en torno a la construcción del proyecto, y otros se pierden, como los agrícolas.
Los productores del valle alrededor de Pascua Lama fueron tentados con un millonario “fondo de reparación” ofrecido por Barrick Gold para el caso en que se vean perjudicados por el emprendimiento.
Pero ese fondo se activa sólo en el caso de que la mina se ponga en marcha sin trabas y se demuestre el impacto. (FIN/2006)
Publicado en IPS – Inter Press Service News Agency
