La minera Barrick respondió las acusaciones de Picolotti. La empresa dijo que está siendo acusada sin evidencias. La ex secretaria de Medio Ambiente denunció esta semana ante el parlamento canadiense que fue había sido amenazada de muerte cuando intervino en temas relacionados con las mineras.

Fuente: diario La Voz del Interior

26/11/2009. Luego que la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti denunciara que ella y su familia fueron amenazados de muerte cuando intervino en temas relacionados con mineras canadienses, la empresa Barrick SA emitió hoy un comunicado en el que respondió a las acusaciones que se le están haciendo en el Parlamento de Canadá.

La minera -que tiene a su cargo los emprendimientos Veladero y Pascua Lama, en la provincia de San Juan- dijo que está siendo acusada sin evidencias y recordó que “en cada país soberano en el cual Barrick opera, existen instituciones gubernamentales, regímenes regulatorios, autoridades de vigilancia, procedimientos legales y cortes de justicia”.

La minera está siendo investigada por una comisión del Parlamento canadiense, por la actuación que está teniendo en Argentina. Barrick, lo mismo que otras grandes empresas canadienses, reciben dineros estatales. Legisladores canadienses están preocupados por saber si su país está financiando empresas que violan los derechos humanos en el extranjero.

El comunicado está firmado por Deni Nicoski, vicepresidente de Relaciones Inversoras, y Vincent Borg, vicepresidente de Comunicaicones de Barrick Gold.

La ex secretaria nacional de Medio Ambiente denunció que ella, sus hijos y sus ex colaboradores fueron amenazados de muerte cuando intervino en asuntos relacionados con las compañías mineras internacionales que operan en Argentina.

Picolotti hizo esta revelación hace dos días, cuando testificó ante una comisión parlamentaria de Canadá.

En conversación con La Voz del Interior , Picolotti dijo ayer que no quiere “hacer una cuestión mediática” del tema y explicó que su testimonio “tenía por objetivo apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en Canadá para controlar a sus empresas mineras, que operan en el extranjero y están financiadas por dineros del gobierno canadiense”.