Ayer a la mañana el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), decidió recibir ese dinero manchado de sangre, sin admitir debates abiertos. La determinación sólo tuvo tres votos en contra: la de un decano y de los dos consejeros estudiantiles y una abstención del representante de los graduados. Diferentes alternativas a la aceptación de los fondos ni siquiera fueron sometidas al voto. Una proponía organizar un debate público que incluya también a miembros de la sociedad civil: organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ambientalistas, asambleas ciudadanas y poblaciones afectadas.
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Por Adolfo Perez Esquivel
Buenos Aires, Argentina – 27/08/09. En el día de ayer, a las 9hs de la mañana, se reunió el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presidido por el Dr. Rubén Hallú, rector de la universidad. Uno de los temas a tratar era la incorporación al presupuesto de la suma de más de 3,4 millones de pesos (AR$ 3.470.236), fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.
En una carta del 10 de junio de 2009, enviada al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los rectores de todas las universidades nacionales, pedimos que se rechacen “esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”. Si bien esta distribución de utilidades líquidas y realizadas de YMAD se hace conformemente a la ley 14.771, cabe resaltar que el espíritu de esa ley sancionada en 1958 fue totalmente alterado por la reforma de su artículo 5 durante la última dictadura militar. Además, la empresa Minera Alumbrera Ltd. que explota el yacimiento está actualmente procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio, e investigada por lavado de dinero.
Por todas esas razones, repudiamos fuertemente la decisión tomada hoy por el Consejo Superior de la Universidad, de aceptar ese dinero manchado de sangre. Sólo hubo tres votos en contra (de Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y de los dos consejeros estudiantiles presentes, Mariela Solesio y Mariano Blumenfeld), y una abstención (de Pablo Pazos, representante de los graduados).
Con esta decisión, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires prefirieron recibir fondos generados por una actividad que perjudica gravemente a las condiciones de vida de las poblaciones de varias provincias del norte argentino, en lugar de pronunciarse en defensa del interés del pueblo como debería hacer toda institución pública.
Más grave aún, el Consejo Superior se rehusó a todo debate abierto. Por votación, se le negó la palabra a mi asesora que había ido a la reunión en representación mía, con la intención de informar al Consejo Superior sobre diversos aspectos relacionados a esta explotación minera, y presentar los argumentos en contra de la aceptación de ese dinero. También estaban presentes miembros de asociaciones estudiantiles y jóvenes investigadores de la UBA que tampoco pudieron hablar.
Por otro lado, cabe destacar que incluso los consejeros a favor de la aceptación de los fondos reconocieron que se necesitaba ampliar las informaciones acerca del impacto provocado por esa empresa minera, principalmente en cuanto a la contaminación ambiental que provoca.
Varios pidieron que la resolución vuelva a la comisión de presupuesto (proposición rechazada por 13 votos contra 9). El decano de la Facultad de Ciencias Sociales propuso que se crease una comisión formada por investigadores de las distintas disciplinas, ya que la mega-minería afecta todos los aspectos de la vida del pueblo. A través de la voz del consejero estudiantil, ampliamos la propuesta de Federico Schuster pidiendo que se organice un debate público, y que de formarse dicha comisión, que su composición incluya también a miembros de la sociedad civil: organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ambientalistas, asambleas ciudadanas y poblaciones afectadas. Esas diferentes alternativas a la aceptación de los fondos ni siquiera fueron sometidas al voto.
Esta actitud de la gran mayoría de los miembros del Consejo Superior es altamente condenable. Recordamos que las universidades públicas deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Las universidades públicas, y sobre todo una de gran renombre como es la UBA, tienen el deber de abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.
Reiteramos nuestro fuerte repudio a la aceptación de los fondos de YMAD por parte de la Universidad de Buenos Aires, y condenamos la actitud de su Consejo Superior de negarse al debate.
Buenos Aires, el 26 de agosto de 2009
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
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