La Defensoría del Pueblo de Panamá emitió una resolución que pide rescindir el contrato y recomendó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) suspender las operaciones de la empresa Petaquilla Gold, que explota los yacimientos de oro de Molejón, en Colón. El ombusman Ricardo Vargas señaló que la minera ha violentado el derecho constitucional a un ambiente sano y ha incurrido en incumplimientos a la legislación ambiental.

Vista de la mina Petaquillas en construcción (foto de archivo) Fuente: diario La Estrella
Panamá – 08/06/09. Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, presentó el documento resolutivo que enmarca una serie de anomalías de esta concesión de la minera, investigados a raíz de una queja del señor Pastor Durán, presidente de la Coordinadora Ambiental de Panamá, y que denunciaba daños en el medio ambiente de las comunidades vecinas al proyecto de extracción metálico.

Vargas señaló que la minera ha violentado el derecho constitucional a un ambiente sano y ha incurrido en incumplimientos a la legislación ambiental.

Recomendó al MICI que estudie la posibilidad de preparar un proyecto de ley que rescinda del contrato N° 9 de 1997, sobre la base de incumplimiento sustancial.

El documento solicita al MICI y a la ANAM que deben contestar por escrito argumentando la aceptación o no de las medidas que fueron comunicadas en el documento. En la presentación participaron miembros del Comité Procierre de Petaquilla, quienes denunciaron que la minera continúa contaminando las fuentes hídricas con químicos, y los campesinos son objeto de agresiones por parte del equipo de seguridad de la empresa minera.

Pintada de verde
Fuente: Panamá Profundo

Panamá – 10/08/09. Descaro. Tras la petición de suspensión de las operaciones de la minera Petaquilla Gold hecha esta semana por el defensor del pueblo, Ricardo Vargas, el vocero de la empresa, Carlos Salazar, hizo su aparición –lanza en ristre– descalificando lo actuado por el ombudsman. Normal. No ha dejado de hacer cosas similares desde que se iniciaron las denuncias de los vecinos de Coclecito, científicos, ambientalistas y ciudadanos conscientes de lo que se nos viene encima con la minería a cielo abierto.

En un comunicado que lleva su firma, Salazar alega que no existe justificación alguna para la petición del Defensor porque, dice, la Anam le aprobó a la empresa el estudio de impacto ambiental correspondiente. Como siempre, medias verdades y muchas mentiras.

¿Por qué calla el hecho de que la resolución de Anam incluyó 40 nuevas medidas de mitigación y requisitos que debía hacer la empresa antes de iniciar operaciones? ¿Por qué calla que las operaciones van viento en popa, ignorando completamente las nuevas exigencias de Anam? ¿Por qué deja de mencionar los procesos administrativos en marcha por el incumplimiento de la normativa ambiental? De eso se trata, señor Salazar y señores de Petaquilla Gold: del descarado incumplimiento de la legalidad vigente que, pareciera, no ha llamado la atención al nuevo inquilino del Palacio de las Garzas.

Hasta ahora, las buenas nuevas sobre el fin de la impunidad –en las concesiones de Amador, en las “botellas” de la planilla oficial, en los constructores que incumplen medidas de seguridad– no han llegado por los lados de Coclecito. Y es que el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, recibió ya el tour VIP que los señores de Petaquilla Gold ofrecen cuando les conviene y a quienes pueden engañar. Con ese tour, aquel “clima propicio para las inversiones” tan manido y que en realidad significa que la seguridad jurídica solo juega a favor de los empresarios y no del Estado y los ciudadanos, está ganando terreno.