El legado del Tratado de Libre Comercio en Centroamérica. La minera Pacific Rim Cayman LLC, radicada en Nevada, Las Vegas, EUA; quien tiene como filiales a Pacific Rim Mining Corp., y Dorado Exploraciones, S.A. de C.V. interpusieron una demanda al Estado salvadoreño, argumentando la pasividad de éste último para otorgar la concesión de explotación de oro y plata en el suelo salvadoreño, pese a que la empresa dice haber cumplido con los requerimientos legales que le establece la ley nacional.
Fuente: OMAL
El Salvador – 23/06/09. Hoy en día el interés por la explotación minera, para obtener oro y plata, ha recobrado mucha fuerza como producto de los beneficios derivados de un entorno político, económico y jurídico favorable para la industria minera.
La minera Pacific Rim Cayman LLC, radicada en Nevada, Las Vegas, EUA; quien tiene como filiales a Pacific Rim Mining Corp., y Dorado Exploraciones, S.A. de C.V. interpusieron una demanda al Estado salvadoreño, argumentando la pasividad de éste último para otorgar la concesión de explotación de oro y plata en el suelo salvadoreño, pese a que la empresa dice haber cumplido con los requerimientos legales que le establece la ley nacional (Ley de Minería y Ley de Medio Ambiente).
Es así, que las empresas representadas bajo el nombre de Pacific Rim Cayman LLC, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana (CAFTA – DR por sus siglas en inglés) demandan al Estado por una cantidad inicial de US$77 millones de dólares, en concepto de indemnización por daños a la inversión realizada en nuestro suelo.
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM, en un primer esfuerzo para informar a la población y advertir el impacto que esta acción empresarial tiene sobre la sociedad salvadoreña, presenta esta Investigación Especial de Coyuntura sobre el tema, de modo que pueda servir de insumo, tanto para informar a la población en general, así como de generar luces para enrumbar el análisis de esta problemática.
De igual forma, es un irrespeto a la soberanía nacional que, una empresa se valga de instrumentos jurídico-comerciales como el CAFTA – DR, el cual fue firmado y ratificado pese a la negativa y advertencias que el movimiento social hizo sobre los impactos que este representa para el país. Por lo cual, se sigue enfatizando la inconstitucionalidad de dicho acuerdo y por consiguiente la ilegitimidad de dicha demanda. El pago de esta demanda representaría un atentado contra la población, dado que son recursos del pueblo y para el pueblo, y no para resarcir “daños” a una empresa que no es grata a la población y por otra parte viola los derechos humanos de la población salvadoreña. En definitiva este hecho sienta otro precedente negativo ante la inversión extranjera explotadora y contaminante, en el marco del CAFTA-DR.
Metodológicamente, esta investigación fue elaborada utilizando dos fuentes de información. Una es la postura gubernamental, recogida a través de documentos oficiales y entrevistas realizadas a funcionarios del ex Gobierno en turno; y la segunda, es el planteamiento y la información recopilada por el seguimiento periódico de las noticias relacionadas con la temática, además de toda la documentación, referida a estudios, análisis, debates e investigaciones realizadas al respecto.
Conclusiones
Como último punto, pero quizá sin duda, el más relevante, es el tema referente a las actividades concretas que la población salvadoreña puede y debe de realizar, en torno a este escenario.
Y es que resulta tan necesario este análisis, ya que es la población salvadoreña la que en definitiva enfrentará las consecuencias de este caso. Es decir, que no se debe de focalizar solamente el caso que está a la vista en este momento, sino más bien, se deberá de trascender en el análisis de las personas,
en tanto que debe de debatirse el tema de fondo, el cual es lo que provoca este tipo de consecuencias.
En ese sentido, nos referimos al tema de los Tratados de Libre Comercio, la Ley de Minería, la Ley de Inversiones, entre otros aspectos. Pero a la vez, habrá que pasar a la acción, mediante hechos concretos que nos permitan a todos y a todas, los y las salvadoreñas poder defender nuestra soberanía.
Por tanto, a continuación se presentan algunas consideraciones generales que abonen al debate nacional:
Unificar la lucha contra la minería metálica
La población salvadoreña debe unir y sumar esfuerzos en torno a esta problemática, en tanto que no se puede dejar de lado que es un problema que atenta no solo a un grupo de la población, sino a todo el pueblo en general, estemos o no de acuerdo con la minería metálica.
Así mismo, si bien, existen actualmente esfuerzos que abonan a esta lucha, como el trabajo realizado por la Mesa Nacional Frente a la Minería, conformada por varias organizaciones sociales que luchan por la soberanía de nuestro pueblo; se debe de ampliar y profundizar aún más ésta lucha, llevándola al plano nacional, es decir, que este tema sea parte de la agenda nacional.
Lo planteado anteriormente, supone tácitamente que se debe de trabajar en conjunto con el Gobierno, lo cual implica que se deberán de crear los espacios para que se puedan articular las acciones necesarias para hacerle frente a esta problemática de país que estamos enfrentando en este momento. Por lo que, desde el Gobierno, pero también desde el Movimiento Social deberá existir esa apertura para poder intercambiar la información disponible que permita poder defender nuestro territorio.
Intensificar la lucha en defensa de la soberanía del país
El movimiento social debe de aumentar y fortalecer los estudios orientados al análisis de los impactos negativos que las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores han heredado al pueblo salvadoreño.
En ese sentido resulta de urgencia aumentar la campaña en defensa de nuestra soberanía, a través de la denuncia de los impactos socio-ambientales que este tipo de inversiones generan en nuestro territorio.
Así mismo, no cesar en la lucha de demandar las graves y constantes violaciones a los derechos económicos, humanos, sociales, culturales y ambientales que generan las políticas implementadas hasta la fecha de parte del Gobierno saliente y los que le precedieron.
A la vez, se debe de pedir al actual Gobierno que pueda articular políticas públicas orientadas al beneficio de las mayorías, de manera que dichas políticas puedan formularse desde y con el pueblo salvadoreño, de manera que la visión de éstas sea incluyente y no marginalista como se ha venido actuando hasta este momento.
Ampliar el ámbito de lucha de la minería metálica
El movimiento social, como responsable de liderar esta lucha del pueblo salvadoreño, está llamado a unificar a toda la población en general y debe de extender su análisis más allá de la minería metálica.
Por lo que no solo hay que ver el aspecto ambiental y todo lo que se ha desarrollado hasta la fecha en este tema, sino que hay que tratar de incluir dentro de la lucha el tema de la inversión, comercio internacional y minería metálica.
Es decir, de lo que se trata es de hacer un análisis más integral, en tanto se establezca cómo las políticas públicas en materia de comercio internacional, específicamente en Inversión, están completamente interrelacionadas con los megaproyectos como los desarrollados por la empresa Pacific Rim.
Es necesario que se tomen en cuenta estudios realizados por varias organizaciones que han desarrollado toda la política neoliberal en materia de inversión, desde la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural y Estabilización Económica, hasta la firma de los Tratados de Libre Comercio, de modo que se pueda vincular todo el aspecto Económico, la política económica y el tema de inversión, con la minería metálica, abordad ésta desde los megaproyectos incluidos por el gran capital en el Comercio Internacional.
Generar presión desde la población por debatir el trasfondo de este caso y poder proponer alternativas para el Gobierno en turno
Resulta claro que si no se cuenta con un mecanismo constante de diálogo con el Gobierno, se debe hacer presión por que éste se cree a la brevedad posible, en tanto que sea una instancia en la que se pueda debatir los aspectos que están detrás de este caso, y las consecuencias que traería el no empezar a tomar cartas en el asunto.
En ese sentido, se deben de revisar la ley de inversiones, de medio ambiente, de minería, del agua, y los tratados de libre comercio, entre otros aspectos relevantes para la población salvadoreña.
Esto resulta clave en este momento, en tanto que, se espera que exista apertura de parte del Gobierno para dialogar con el movimiento social, además de estar atento de las señales que a diario están percibiéndose, en el sentido de una profundización cada vez más acentuada de los impactos negativos de los Tratados de Libre Comercio; a la vez que se está a punto de terminar las negociaciones con la Unión Europea para un posible Acuerdo de Asociación, que desde ya se podría deducir que es un CAFTA plus, disfrazado con temas que “traen beneficios” al país, con temas como el diálogo político, o participación ciudadana, o bien el tema de reforzar los lazos de cooperación existentes a la fecha.
Posición frente a la minera Pacific Rim
Se debe de construir desde ya un posicionamiento del Estado Salvadoreño en torno al tema de la demanda de la empresa transnacional Pacific Rim, lo cual implica que desde la población en general, junto con el Gobierno y todos los sectores de la población salvadoreña, tengan como punto de honor no permitir la instalación de la empresa en nuestro territorio, pero además no podemos permitir que quiera además de intentar robar nuestros recursos naturales, quiera robar el poco dinero que tenemos. Es decir, debemos de sostener la postura que no tenemos por qué pagar ni un solo centavo a la empresa minera Pacific Rim.
Por tanto, independientemente del laudo que resulte del proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, que depende del Banco Mundial), El Salvador no debe en ningún momento por qué pagar cualquier cantidad de dinero, independientemente lo que el CIADI pueda hacer en contra del Estado Salvadoreño.
Es decir, habrá que buscar los mecanismos posibles, a fin de que no sea el CIADI un Organismo supranacional, capaz de modificar el marco normativo de los Estados Nacionales, de modo que unirse a campañas, como la impulsada desde el Ecuador por el presidente Correa y Bolivia con el presidente Morales, en el sentido se retiren los Estados de formar parte del CIADI, y puedan desde las distintas realidades de los países, proponer una alternativa para la solución de Controversias relativas a Inversiones.
En definitiva tenemos que preguntarnos, ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable en este caso? La respuesta es ninguno. El Salvador no puede estar sujeto a riesgos, no puede poner en vilo la poca soberanía que le queda, es más, se debe de trabajar en la recuperación de nuestra propia soberanía, por lo que, sin lugar a dudas, cualquier fallo en contra del Estado Salvadoreño es inaceptable.
Rocío Barahona y Benjamín Ramos
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio
