La Pampa, Argentina – 05/03/08. El gobierno de La Pampa objeta al proyecto minero de Río Tinto, en Malargüe, temeroso de que el emprendimiento salinice las aguas del caudaloso río Colorado, cuyo caudal comparte con Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se plantea el rechazo al inicio de la producción de potasio, “hasta que se completen estudios de impacto ambiental” y pide que “se obligue a la empresa a reaprovechar los residuos de sal para evitar la contaminación del río cercano” y el estudio de alternativas de disposición final del cloruro de sodio remanente. Reclama además que esos estudios sean previamente aprobados por el Coirco interprovincial.
Fuente: diario Los Andes
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La Pampa plantea el rechazo al inicio de la producción de potasio, “hasta que se completen estudios de impacto ambiental” y pide que “se obligue a la empresa a reaprovechar los residuos de sal para evitar la contaminación del río cercano”. Solicita que no se autorice el inicio de la explotación sin completar el estudio de alternativas de disposición final del cloruro de sodio remanente “debidamente presentado y aprobadas las opciones sustentables”. Reclama además que esos estudios del proyecto minero sean previamente aprobados por el Coirco interprovincial.
En realidad, en Mendoza el proceso de impacto ambiental del proyecto potasio Río Tinto quedó pendiente de resolución del gobierno anterior, como la mayor parte de las cuestiones mineras, sobre todo la metalífera. La nueva conducción provincial dispuso suspender toda definición hasta tanto “se incorpore un dictamen ambiental faltante y se cumpla con algunos pasos previos que habían quedado pendientes”, según sostiene la Secretaría de Medio Ambiente del nuevo gobierno. Además, los reclamos de La Pampa, se informó, “ya han sido incluidos en el expediente respectivo”.
La empresa minera Río Tinto prevé invertir unos 900 millones de dólares en el proyecto de Malargüe para extraer cloruro de potasio, mineral usado como fertilizante en agricultura. Prevé extraer el mineral por intermedio de pozos, sin utilización de químicos, según sus informes.
Si bien la empresa minera sostiene haber presentado todos los estudios ambientales requeridos, el gobierno provincial ha suspendido el proceso aprobatorio precisamente aludiendo a capítulos del estudio de impacto que aún restarían por incorporarse al expediente.
La Pampa sostiene, por su parte, que por cada tonelada de potasio que se extrae de la tierra, “también saldrán 1,2 toneladas de cloruro de sodio (sal) que serán depositadas como residuo, cerca del río” y plantea sus reservas respecto a estos remanentes del proceso industrial.
El Colorado es un río de aguas compartidas por Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, todas las cuales conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) encargado de proteger los recursos de la cuenca con un tratamiento interprovincial y que pretende participación en la instancia final de este proyecto.
En el seno del organismo -reunido el jueves en Bahía Blanca- se evidenció preocupación por el impacto ambiental del proyecto de Río Tinto. Mendoza explicó el estado actual del proceso de estudio de impacto ambiental y comprometió una resolución provincial, acorde con las prevenciones del comité interprovincial del Colorado. La Pampa volvió a plantear los riesgos de salinización de las aguas del Colorado. Teme que las enormes pilas del producto residual no sean tratadas adecuadamente y que se salinice el río. La empresa minera ha respondido que colocará capas de arcilla compactada y sobre ellas membranas aislantes para impedir la infiltración de esa sal (solidificada en la superficie) ante lluvias excesivas.
El Consejo de Gobierno de Coirco aprobó en 1992 una modificación del estatuto que amplía las facultades del organismo para prevenir, corregir, evitar o atenuar procesos contaminantes del recurso, modificaciones que las respectivas legislaturas provinciales debían aprobar. Hasta el momento La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén han ratificado por leyes provinciales esta ampliación de facultades. Aún no ha sido discutido en cambio, en la Legislatura provincial, lo que -según plantearon las otras ribereñas en la última reunión del Coirco- inhibe a la Nación para la aprobación legal definitiva. Esto se inserta en las definiciones de las políticas de Estado sobre protección ambiental, desarrollo minero y política de aguas, cuyos lineamientos esenciales han venido siendo postergados en los últimos años y que hoy se se presentan ante la actual administración como temas cruciales a consensuar para resolver definitivamente.
