Una victoria para los indígenas peruanos. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos treinta y cuatro muertos, más de sesenta desaparecidos y más de un centenar de heridos. La convulsión social no le dejó al presidente García otra salida que retroceder. Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos.
Artículo relacionado: ► La ONU vigilará desenvolvimiento de la Mesa de Diálogo con los Pueblos Indígenas
Fuentes: diario Página/12, BBC y diario La Jornada
Bagua, Perú – 18/06/09.El movimiento indígena peruano logró una histórica victoria, luego de que el Congreso anuló ayer las llamadas “leyes de la selva”, por una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. “Hemos ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable que el gobierno, que pudo haber solucionado esto antes, haya esperado que se dé tanta violencia, que hayan tantos muertos, para derogar estas leyes”, le dijo a Página/12 Salomón Awananch, presidente del comité del paro amazónico. Fue un triunfo que les costó sangre a los nativos de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 desaparecidos y más de un centenar de heridos. Además, los indígenas han debido soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable campaña de satanización en su contra.
Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota política del presidente Alan García desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país, y no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía jaqueado al gobierno no le dejó al presidente García otra salida que retroceder.
Con la anulación de las leyes rechazadas por los indígenas por facilitar el ingreso de las transnacionales a sus tierras, el movimiento indígena llamó a sus bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, calificó la jornada de ayer como “un día histórico”. “Se ha demostrado que nuestras demandas eran justas”, dijo Zapata. La oposición también celebró la derogatoria de las cuestionadas leyes. Los congresistas del oficialismo insistieron en defender las leyes rechazadas por los indígenas, pero al final votaron por su anulación.
“Apoyamos estas leyes, pero votamos en contra de ellas por razones de Estado”, dijo Mauricio Mulder, congresista y secretario general del oficialista partido aprista, justificando el cambio de posición de su bancada, que hace dos semanas, antes de que se produzca la matanza de Bagua, había impedido la anulación de estas leyes. El cambio de postura del oficialismo comenzó el último domingo, cuando el presidente García varió su discurso confrontacional, dejó de lado sus amenazas de endurecer la represión y, por primera vez, habló de diálogo. Al día siguiente, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con los indígenas para anular las leyes, lo que finalmente se concretó ayer. El miércoles en la noche, García dio un mensaje al país admitiendo que el gobierno había cometido errores en su trato con los indígenas y dijo que había que “volver a empezar”.
Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de desconfianza y temor. La derogatoria de las leyes rechazadas por los indígenas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indígena de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche.
Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas, que reúnen a unos 300 mil pobladores, y el gobierno. Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el cese de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. El líder indígena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como asilado político, luego de que el gobierno lo acusara de “azuzar a la violencia” a los nativos y se ordenara su captura. “Para continuar el diálogo, vamos a exigir que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. Estamos felices por la anulación de las leyes, pero seguimos muy afectados y dolidos por la forma cómo nos trató el gobierno”, le señaló a este diario Salomón Awananch antes de viajar a Lima para incorporarse al diálogo con el gobierno.
El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar el ingreso de las transnacionales a la Amazonia y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar un diálogo con los indígenas con las heridas de la represión todavía abiertas y en una situación de mucha desconfianza. Lo que se viene no será fácil.
________________________________________________________________________________________
Perú deroga los decretos de la Amazonía
Fuente: BBC
Lima, Perú – 18/06/09. El Congreso de Perú aprobó la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064, las normas sobre la explotación de recursos naturales que habían despertado las protestas de los indígenas en la región de la Amazonía.
Tras un largo debate, con 82 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención, el breve y polémico camino de estos decretos terminaba en la cámara legislativa de Lima, después de semanas de enfrentamientos entre los nativos y la policía que dejaron 34 muertos.
“Logramos derogar los decretos. A pesar de la demora, la cordura se impuso”, escribió en su cuenta de Twitter la congresista de Acción Popular Rosario Sasieta, presente en la votación.
Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, Alan García, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
El 10 de junio, el Congreso decidió suspenderlos indefinidamente y seis días después el Gobierno se comprometió a retirarlos de manera definitiva.
“Día histórico”
“El día de hoy es un día histórico para todos los indígenas y toda la nación de Perú”, dijo Daysi Zapata, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Zapata pidió a sus bases el levantamiento de las protestas en el interior del país. Según medios locales, este llamamiento será acatado desde el mediodía de este viernes.
Los indígenas consideran que la legislación vinculada al TLC habilitaba un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral.
Sin embargo, para algunos analistas éste no es un triunfo de los nativos.
“Para la Amazonía y sus problemas, la derogatoria de los decretos no significa en absoluto una mejora en ningún sentido. Es volver a su status quo, que era muy malo”, le dijo a BBC Mundo Martín Tanaka, analista político del Instituto de Estudios Peruanos.
Perú sin los decretos
El Congreso también aprobó interpelar al primer ministro Yehude Simon, quien ya anunció que dimitirá en las próximas semanas, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, sobre la responsabilidad de la represión policial que siguió a las protestas en Bagua.
En un mensaje televisado, el presidente García hizo este miércoles un balance de los hechos.
Dijo que la sucesión de errores y mala información degeneraron en un ambiente donde se hizo imposible razonar o dialogar y que condujeron a los violentos enfrentamientos con pérdidas de vidas.
“El gobierno ha estado muy aislado y además se ha mostrado muy soberbio” ante las protestas de los indígenas, dijo Tanaka, quien pronosticó un eventual cambio en el gabinete de Alan García para poder hacer frente a la nueva situación.
“Me preocupa que el presidente no saque las lecciones correctas de esta experiencia, que éste sea sólo un retroceso táctico y que pretenda persistir por un camino similar. Eso sí pondría en serio peligro su Presidencia y la estabilidad del país”.
Los decretos de la discordia
El peor estallido de violencia en Perú desde el fin de la lucha armada de las guerrillas -en los años 90-, sorprendió al gobierno del presidente Alan García en pleno proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.
La cantidad de víctimas que dejaron los últimos incidentes terminaron por empañar la imagen de “eficiencia económica” exhibida por un país que logró cerrar el 2008 con un crecimiento récord del 9,8%.
Aunque eclipsadas por la recesión internacional, las perspectivas del gobierno seguían siendo alentadoras para este año y lo eran más aún cuando proyectan sus miradas hacia 2010.
Pero en ese contexto general, comenzó a gestarse una protesta en los distritos amazónicos del Perú que fue creciendo en intensidad en los últimos dos meses hasta desembocar en los choques de este viernes.
Las comunidades originarias cuestionan una serie de decretos legislativos que fueron promulgados en 2008 por el presidente Alan García en uso de facultades conferidas por el Congreso.
La tierra y el agua
Una de esas normas es el decreto 1.090 que establece las pautas para el manejo de los recursos forestales. La derogación de este texto iba a ser debatida en el Congreso este jueves, pero las deliberaciones se postergaron por iniciativa del oficialismo.
Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.
Desde el gobierno sostienen, en cambio, que se trata de “ordenar” la explotación forestal y argumentan que el país necesita de la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y desarrollarse.
Se garantizan 12 millones de hectáreas para las etnias amazónicas más otros 15 millones destinados a reservas ecológicas, argumentan desde la presidencia del Perú.
Otra de las normas rechazadas, faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales, según denuncian dirigentes indígenas y congresistas opositores.
Las nuevas reglas para la gestión y distribución del agua contenidas en otro decreto cosecharon críticas de pequeños campesinos que temen un incremento de los costos y que se restrinja el acceso a los recursos hídricos para consumo y riego.
Tras los incidentes, desde el oficialismo acusan a la dirigencia indígena y a algunos partidos de la oposición de sembrar la confusión entre las comunidades.
Desde los sectores contrarios a las normas aseguran, por su parte, que el gobierno no tiene reales intenciones de dialogar y exigen que se deroguen los cuestionados decretos.
Los intereses corporativos en juego
• Más del 70% del Amazonas peruano está dividido en concesiones para la exploración y la explotación petrolera y gasífera.
• El gobierno peruano dice que planea ser autosuficiente en lo que respecta al suministro interno de hidrocarburos para 2011.
• En 2008, Perú produjo cerca de 50 millones de barriles de petróleo.
• Las estadísticas oficiales indican que hay alrededor de 100 compañías mineras a cargo de 600 proyectos en Perú.
Claves del conflicto en Perú
El norte de Perú – en particular las provincias de Bagua y Utcubamba, en el departamento Amazonas- se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas, que luchan por proteger sus territorios ancestrales.
Los incidentes ocurridos en la región de la Amazonía son los más violentos desde que culminara la insurgencia del grupo militante Sendero Luminoso en la década de los '90 y el mayor desafío que enfrenta el presidente Alan García dentro de su país, desde que asumiera el poder en 2006.
¿Qué dio lugar a estos enfrentamientos? ¿Qué dice el gobierno? BBC Mundo responde éstas y otras preguntas con una guía sucinta sobre las claves del conflicto.
El origen del conflicto
La protesta que actualmente tiene a los indígenas como protagonistas se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente peruano Alan García.
Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.
Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son “lesivas” a sus intereses y permiten la “privatización” de los bosques y los recursos hídricos. Bajo esos argumentos iniciaron la protesta que incluye cortes de carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la navegación en los ríos.
Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación “ordena” el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para el Perú, siempre que se respete lo establecido en las leyes.
En medio de la protesta se abrió una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de las comunidades originarias que hasta el momento no arrojó resultados concretos.
Los ánimos de los manifestantes comenzaron a caldearse después de que el Congreso -por iniciativa del oficialismo- decidiera posponer el debate sobre la derogación del decreto forestal.
Esa decisión fue considerada como “una burla” por los indígenas quienes decidieron radicalizar las protestas.
¿Qué forma tomaron las protestas?
Según le explicó a BBC Mundo Jonathan Mazower, de la organización no gubernamental Survival International, los indígenas bloquearon varios ríos. El más importante ha sido el Napo, un tributario del Amazonas utilizado por algunas compañías para transportar bienes y maquinaria.
También bloquearon caminos y pistas de aterrizaje en el norte y centro de Perú con el mismo fin y ocuparon estaciones de bombeo en los oleoductos que van del Amazonas hacia la costa.
¿Cuál era la postura del gobierno al sancionar las leyes?
Según el gobierno, aquella legislación “ordena” el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas.
Además, el gobierno dijo necesitar estos decretos para cumplir con los acuerdos establecidos en el TLC con EE.UU.
Por otra parte, el presidente Alan García insiste en la necesidad de atraer a la inversión privada para estimular la economía siempre y cuando se respete lo que establecen las leyes.
Cabe recordar que el año pasado Perú experimentó un boom de crecimiento del 9,84% anual, convirtiéndose en una de las economías de mejor desempeño en 2008.
¿Qué repercusiones ha tenido el conflicto fuera del país?
El domingo, García dijo que detrás de los disturbios están las potencias extranjeras que compiten por la explotación de petróleo, gas y minerales. Si bien no hizo mención a países específicos, para muchos fue una clara alusión a los gobiernos de Bolivia y Venezuela.
Bolivia se defendió, negando cualquier injerencia en los hechos que están ocurriendo en Perú.
El gobierno de Venezuela no ha hecho comentarios respecto a las acusaciones de García, pero la ministra venezolana para Asuntos Indígenas criticó duramente las acciones contra las comunidades nativas tomadas por el gobierno de García y calificó lo ocurrido en Perú de “genocidio”.
_____________________________________________________________________________________________
La guerra contra los pueblos indígenas
Fuente: diario La Jornada
¿Cuándo comenzó esta guerra?
La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios
La pregunta admite varias respuestas. Una afirma que dio inicio cuando los europeos invadieron el territorio y comenzaron una guerra de conquista, dando origen a un régimen colonial que aún persiste, a pesar de las sucesivas guerras de independencia. Otros dirán que es con el surgimiento de los estados nacionales donde comienzan las guerras contra los pueblos indígenas, para imponerles las ideas liberales, con el propósito de fraccionar sus tierras comunales, imponiéndoles al mismo tiempo la organización política representativa como única forma de gobierno. La última dirá que comenzó con el neoliberalismo, que vio en sus territorios una reserva de recursos naturales con carácter de bienes comunes que los colocaba fuera del mercado, mismos que deberían ser convertidos en propiedad privada para que pudiera circular libremente en él.
Cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los invasores primero y después los estados nacionales agredieron brutalmente a los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos, al grado de que a los más fuertes no les quedó otro camino que resistir, dando lugar a lo que los historiadores han denominado guerra de castas, aunque no faltan quienes con más propiedad afirman que se trató de una segunda conquista. En México fueron verdaderas declaraciones de guerra del ejército federal contra los pueblos indígenas. Aún en el año 2000 las autoridades del pueblo seri andaban buscando algún documento que levantara la declaración de guerra que Porfirio Díaz había declarado en su contra, sin que se encontrara por ningún lado.
Las guerras las perdieron los pueblos, dando origen a un colonialismo interno que las revoluciones agrarias del siglo XX no lograron poner fin, porque no participaron en los pactos mediante los que se les dio por terminadas; así, los herederos de los conquistadores siguieron las mismas políticas de aquéllos y en algunos casos las profundizaron, aunque con otras formas que no las hicieran tan evidentes. Fue así como idearon el indigenismo como política de Estado.
A finales del siglo XX y principios del XXI, el antagonismo se ha profundizado y los administradores de los estados reaccionan con violencia cuando el cuestionamiento a sus políticas las exhibe como inviables para mantener el modelo mercantil como único modelo de vida.
Un recuento de la represión oficial contra los pueblos indígenas, tan sólo en los nueve años del presente siglo, mostraría que ha dejado más muertos que en aquellos estados que sufren alguna invasión imperial, o de los que formalmente se encuentran en guerra civil. Acteal, en el estado de Chiapas; Aguas Blancas, en Guerrero, Agua Fría en Oaxaca, son monumentos a la ignominia de esa represión; pero desgraciadamente estos hechos sangrientos no suceden sólo en México: la represión igual se da desde Guatemala, contra los pueblos mayas, hasta Chile, contra los mapuches. Apenas en meses pasados lamentamos la represión gubernamental contra la minga indígena colombiana que buscaba defender los territorios indígenas y los recursos naturales, y ahora una concentración pacífica de indígenas en Perú pidiendo la derogación de leyes que permitían arrebatarles los suyos, es reprimida brutalmente, dejando decenas de muertos, heridos y desaparecidos.
Ninguno de estos actos de represión es un caso aislado. Detrás se encuentra la decisión de los pueblos indígenas de defender sus recursos naturales, sustento de su vida y futuro como pueblos; pero también la de las trasnacionales de apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía.
Hasta ahora los gobiernos nacionales han jugado del lado de estas últimas de diversas maneras: modificando los marcos jurídicos que conviertan los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y poniendo las represivas a su servicio para sofocar el descontento.
Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. Ahora mismo la sociedad peruana y la internacional exige que los responsables de la matanza en el Amazonas peruano sean destituidos y procesados por esos crímenes, pero no se ve por ningún lado el mecanismo jurídico para que pueda lograrlo. Mientras se idea uno, no olvidemos que las matanzas son parte de la guerra contra los pueblos indígenas, y si queremos que ya no se repitan, no podemos quedarnos callados.
