Lo presentó la Asociación Multisectorial del Sur, que agrupa a más de 40 organizaciones sociales mendocinas. Fue ante la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la omisión inconstitucional en la que incurre el Estado Federal. Desde la entidad, advirtieron que tras el veto de la ley 26.418 por el Poder Ejecutivo Nacional, norma que protegía los glaciares y los ambientes periglaciares, los mismos hoy se encuentran en absoluta desprotección, poniendo en grave situación de riesgo el recurso hídrico. Incluye nota de Dario Aranda publicada en el diario Pagina/12
San Rafael, Mendoza, 22 de mayo de 2.009. La ONG “MULTISECTORIAL DEL SUR”, que tiene por objeto la defensa del Desarrollo Sustentable, y a la que adhieren más de 40 instituciones representativas de las fuerzas vivas de la provincia de Mendoza, representada por los Dres. Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez, interpuso ante la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo ambiental contra la omisión inconstitucional en la que incurre el Estado Federal que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, por infringir dicha omisión el derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto el ambiente como bien colectivo (artículos 41 y 43 de la Constitución argentina y artículos 2º-objetivos de la política ambiental-, 4º -principios de la política ambiental-, 6º -presupuestos mínimos- y 27º -daño ambiental- de la ley 25.675), el derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto el nivel de vida adecuado respecto del agua como bien colectivo (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y todos los derechos conexos al derechos al agua (derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a la propiedad).
Desde la entidad, advirtieron que tras el veto de la ley 26.418 por el Poder Ejecutivo Nacional, norma que protegía los glaciares y los ambientes periglaciares, los mismos hoy se encuentran en absoluta desprotección, poniendo en grave situación de riesgo el recurso hídrico, un recurso escaso y cada vez más valorado, por cuanto constituyen reservas estratégicas de agua en estado sólido, resultando así afectadas prácticamente todas las provincias y las presentes y futuras generaciones de argentinos.
Agregaron que “no podemos olvidar que además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales, por cuanto han permitido la cultura del oasis en todo el oeste del país, la agricultura, la vitivinicultura, el turismo, la generación de energía eléctrica, etc. todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada”.
“Sin duda alguna de no existir este reservorio, o si el mismo fuera alterado en sus condiciones naturales, la historia de estas provincias y en definitiva de nuestro país sería muy diferente
NOTA DE PAGINA 12
Por Dario Aranda:
Otra polémica ambiental a la Corte
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Por Darío Aranda
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias.
“No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
