San José (elpais.cr) – Vecinos se harán presentes en los principales puentes de acceso a San José, el día lunes 25 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana, para hacer un llamado urgente a los señores Magistrados de la Sala IV y pedirles que liberen a Costa Rica de la minería a cielo abierto. Cuando todas las Universidades públicas y sus especialistas en el tema, se han manifestado en contra de la minería a cielo abierto, la Sala Constitucional tiene la potestad y los argumentos legales y técnicos para de detener la explotación minera en Crucitas
San José (elpais.cr) – Ambientalistas se harán presentes en los principales puentes de acceso a San José, el día lunes 25 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana, para hacer un llamado urgente a los señores Magistrados de la Sala IV y pedirles que liberen a Costa Rica de la minería a cielo abierto.
Cuando todas las Universidades públicas y sus especialistas en el tema, se han manifestado en contra de la minería a cielo abierto, la Sala Constitucional tiene la potestad y los argumentos legales y técnicos para de detener la explotación minera en Crucitas, aseguró un comunicado de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON).
Resaltó que por esta razón, “desde el sector ambientalista nacional, hacemos un llamado a los Magistrados y apelamos, primero a su condición de Costarricenses, a su ética y la confianza de estar apoyados por prestigiosas Universidades que han demostrado el grave error que sería para Costa Rica la explotación minera a cielo abierto, y por un pueblo que ama la naturaleza y es vigilante de su protección”.
Angerline Marín presidenta de APREFLOFAS, dijo que ya todos los argumentos fueron dados, y es claro que el proyecto minero en Crucitas no es viable ambiental, social ni económicamente.
“Estar en contra de los argumentos técnicos, hacer caso omiso de las experiencias pasadas de la minería y anteponer decisiones políticas dejaría a todos los costarricenses indignados y con un fuerte sentimiento de ira, desesperanza y vergüenza, al caer en cuenta de que los altos niveles de educación, no valen de nada ante los intereses político-empresariales, dándose un menosprecio al conocimiento, al razonamiento científico y al bien común”, comentó.
Contra este tipo de explotación se han pronunciado ya múltiples organizaciones ambientalistas, instituciones de educación superior, organizaciones internacionales y hasta diputados y diputadas.
Igualmente políticos y científicos de Nicaragua que saben de la seria amenaza ambiental que significa este proyecto minero en zonas tan frágiles como la cuenca binacional del Río San Juan.
Además, Crucitas amenaza repetir la triste historia de destrucción, pobreza y desempleo de Miramar, mina que tras su derrumbe, se encuentra abandonada y sin respuesta alguna de las autoridades tras dos años del desastre, que evidencia de la incapacidad de las mismas de supervisar actividades tan delicadas.
“Declarar la minería de “interés público y conveniencia nacional” mediante el decreto ejecutivo Nº 34801-MINAET, no es más que un acto de arbitrariedad que se sobre pone al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, expreso Heidy Murillo, presidenta de FECON.
“Sabemos que la comunidad de Crucitas necesita opciones de desarrollo, pero la industria minera no resolverá el problema, como no lo resolvió en Las Juntas de Abangares con más de cien años de historia minera en Costa Rica, porque “el crecimiento con destrucción no es la solución”, aseveró.
Murillo explicó que otros datos importantes que se deben recordar sobre la minería a cielo abierto, que se han publicado en múltiples comunicados, son:
“La minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro es una de las actividades industriales de más alto impacto ambiental, social y cultural y es una actividad insostenible por definición en el tanto la extracción del recurso mineral supone su agotamiento, exponía la Proclama del encuentro realizado en Crucitas el 15 de marzo del 2009”.
“En la zona norte del país se encuentra el principal remanente de bosque húmedo tropical de la vertiente Atlántica de centroamérica. (Pronunciamiento UNA)”
El día 5 de junio del 2008, varios medios de comunicación anunciaron que “el gobierno de Nicaragua pidió oficialmente al gobierno de Costa Rica la anulación de un contrato de explotación minera en una zona vecina a la frontera común, por considerar que afecta el entorno ecológico de ambos países”.
El geólogo Allan Astorga aseguró que los riesgos en la mina Las Crucitas son muy altos, y los costos de una contaminación no fueron bien contemplados.
“Si un desastre natural o un mal diseño del embalse de oxidación del cianuro en el proyecto minero La Crucitas, provocará la filtración de este peligroso líquido a aguas subterráneas, el fronterizo río San Juan se contaminaría en menos de dos horas”, manifestó Astorga.
Las observaciones de Astorga y otros dos profesores de la Escuela Centroamericana de Geología, de la UCR, sobre este proyecto, fueron conocidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) desde el 2002, pero por circunstancias poco claras estas opiniones “se perdieron” en esa entidad.
Los consejos universitarios de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, pidieron al Gobierno de la República, la derogatoria del Decreto 34801-MINAET, por motivos ambientales, técnicos y jurídicos, ya que aseveraron que dicho decreto no tiene una base científica – técnica que en forma objetiva permita valorar el costo-socio-ambiental de tal destrucción y, que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente.
Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), al autorizar el Proyecto Minero Crucitas, Costa Rica corre el riesgo de violar las obligaciones internacionales de no contaminar el territorio de otros países y desconocer las normas internacionales de mitigar los impactos ambientales e informar y consultar públicamente antes de implementar proyectos de alto impacto.
