Continúa el saqueo y se potencia la contaminación. En los tres años del primer gobierno indígena de la América morena, los grandes consorcios mineros se han apoderado de más de cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del valor bruto de la producción y dejan para el Estado sólo el 5%. El saqueo minero de Bolivia es igual o mayor al sufrido en los tiempos del neoliberalismo salvaje.
Fuente: ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)
Bolivia – 14/05/09.Sin el “provincianismo” de algunas fracciones de la beligerante burguesía agroindustrial del oriente, que son visceralmente racistas y que lucran con el tráfico de tierras y el latifundio e intentan derribar al “indio presidente”, la poderosa burguesía minera del altiplano, de la mano de las grandes transnacionales a las que sólo les interesa el brillo de los metales y el color del dinero, están haciendo multimillonarios negocios en la Bolivia del presidente indígena Evo Morales.
En rigor, los grandes consorcios mineros están haciendo con el Presidente indígena tanto o más fortuna que la que hacían con los gobiernos neoliberales, incluido el de ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que puso, sin pudor ni control, el Estado al servicio de la “nueva rosca” que saquea los recursos naturales y explota la mano de obra barata, contaminando ríos, esterilizando la tierra y destruyendo el medio ambiente y la vida.
Los datos oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia, procesados por ECONOTICIASBOLIVIA, son por demás elocuentes. En los primeros tres años del gobierno del presidente Morales, las grandes transnacionales mineras y sus socios locales han obtenido tal cantidad de ganancias que únicamente se igualan en magnitud a las recibidas en 10 años de saqueo con los gobiernos del neoliberalismo salvaje.
Transnacional 95, Bolivia 5
En el trienio 2006-2008, con el presidente Morales, los acaudalados consorcios mineros exportaron minerales y metales por un total de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y las regiones un tributo de apenas 220,0 millones de dólares. Esto quiere decir que estas transnacionales por cada 100 dólares que facturaron en el exterior, dejaron sólo 5 dólares en impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más.
Estos últimos tres años de saqueo minero sólo son comparables con los 10 años de la década 1996-2005, en el auge del neoliberalismo, cuando esta “rosca minera” facturó 4.262,7 millones de dólares, dejando en impuestos y regalías para Bolivia sólo 107,6 millones de dólares, equivalentes al 2,5 por ciento.
En términos porcentuales, la información oficial permite establecer que del 100 por ciento del valor bruto de la producción y de la exportación, las compañías mineras se quedan con el 95 a 97,5 por ciento, y el restante 5 a 2,5 por ciento va para el Estado boliviano.
Migajas para el Estado
Esta cruda realidad numérica, sin embargo, para mal de los más pobres, podría ser mucho peor para Bolivia, según advirtió a principios del 2008, Luis Alberto Echazú, el ministro de Minería del presidente Morales. Esta autoridad aseguró, con cifras en mano, que cada año las compañías mineras estaban exportando el doble de lo que declaraban en las aduanas bolivianas.
Con datos de la gestión 2006, el ministro Echazú demostró que el valor de las ventas declaradas oficialmente por los consorcios mineros privados al salir de las aduanas bolivianas fue de 1.072 millones de dólares, pero que los reportes de las aduanas extranjeras a las que llegaban los minerales bolivianos eran mayores a los 2.000 millones de dólares.
Esta notable diferencia, según el Ministerio de Minería, se explica porque las transnacionales mineras exportan sin ningún control minerales en bruto (concentrados mineralizados de alto valor mezclados con tierra, roca y otros minerales). A ellos les basta una simple “declaración jurada” y no hay un laboratorio gubernamental que certifique la cantidad y calidad de estos minerales y muchos menos el valor real de esta exportación.
“Declaran (en Bolivia) el mineral de menos valor, cuando sale otro, o bien declaran plomo, pero hay indio, titanio, que van como basura; pero separados en el exterior, eso tiene más valor que lo que declaran”, explicó el ex viceministro de Minería, Pedro Mariobo.
Por ello, de ser correctas las apreciaciones del ministro Echazú, los consorcios transnacionales habrían extraído de Bolivia, en los últimos tres años, una riqueza minera calculada en más de 8.000 millones de dólares, dejando en tributos para el Estado apenas 220 millones.
La nueva “rosca minera”
La explotación de los ricos yacimientos mineralógicos de oro, plata, zinc, estaño, plomo, antimonio, hierro y otros no metálicos de Bolivia, están en casi tres cuartas partes bajo el control de las grandes compañías extranjeras, que operan unas de forma directa y otras asociadas a las empresas locales, conformando la denominada “minería mediana”. La otra cuarta parte de la producción minera es compartida por una decena de grandes “cooperativas”, que operan en los hechos bajo los moldes capitalistas, junto a cientos de pequeñas cooperativas y empresas de la minería chica, además de las concesiones operadas por la estatal Corporación Minera de Bolivia – Comibol (mina Huanuni y metalúrgica de Vinto).
Entre las transnacionales más poderosas que operan en Bolivia están la estadounidense Coeur d'Alene Mines Corporation, que explota uno de los reservorios más ricos de plata del mundo como es San Bartolomé, en las laderas del Cerro Rico de Potosí, y la japonesa Sumitomo, asociada hasta hace poco con la norteamericana Apex Silver Mines Limited, que controla otro rico megayacimiento de plata, plomo y estaño en San Cristóbal.
Daño ambiental y corrupción
Estas empresas están ganando a manos llenas al igual que la estadounidense Newmont Mining Corporation, que absorbió a Battle Mountain Gold Company y Zealand Bolivia, y que tiene como socio menor a la boliviana Inti Raymi. Esta compañía hizo desaparecer cerros enteros y exprimió los yacimientos de oro de Kori Kollo y La Joya, degradando el medio ambiente y provocando una severa contaminación ambiental en las empobrecidas poblaciones de las Provincias Saucari y Cercado del Departamento de Oruro por la fuga e infiltración de cianuro, tal como lo demuestran los estudios de la Universidad Técnica de Oruro.
Otra que tiene un prontuario de acusaciones es la compañía Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore Internacional, forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”.
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando este millonario neoliberal que fue derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia. Allí, pese a la resistencia de sus obreros, Sinchi Wayra/Glencore continúa con sus intentos de ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10 y 12 horas.
Abusos y explotación laboral
Otra que abusa de sus trabajadores es la transnacional canadiense Panamerican Silver que explota la mina de plata de San Vicente, en sociedad con la nacional Empresa Minera Unificada.
Todas las transnacionales que operan en Bolivia han acumulado grandes fortunas en los últimos tres años como resultado del auge de precios de los minerales y la política gubernamental de protección a los empresarios capitalistas, pero ahora, cuando se presenta una caída relativa en las cotizaciones de los minerales, las compañías pretenden mantener sus millonarias ganancias extraordinarias a través de una mayor explotación laboral.
Por ello, y dependiendo del grado de resistencia y combatividad de los sindicatos mineros, han comenzado a despedir a trabajadores, a prolongar la jornada de trabajo a 10 y 12 horas y a congelar/reducir los salarios.
Nuevos proyectos
Además de estos grandes consorcios, operan en Bolivia la india Jindal Steel & Power que tomó el control de El Mutún, el reservorio de hierro más grande del mundo. Lo propio acontece con la norteamericana Franklin Mining and Mill Co que avanza en sus proyectos de explotación de plata y zinc de los relaves de Rio Negro, Pulacayo, Potosí, mina La Escala, al igual que la estadounidense Atlas Preocious Metals que ha tomado la fundidora de Karachipampa, la mina Mesa de Plata e Himalaya.
Todas estas empresas están más que satisfechas con el accionar del gobierno del presidente Morales, según reflejó la agencia Reuters, a poco de aprobarse la nueva Constitución Política del Estado que garantiza las inversiones y la propiedad privada capitalista.
Evo, una garantía
“Este Gobierno tiene tres años y nosotros hemos podido trabajar y explorar sin ningún inconveniente. El factor que más perjudicaría a la industria minera no es ni el político ni el interno, sino la crisis internacional, y no podemos echar la culpa al Gobierno si es que las cosas están saliendo mal”, dijo a la agencia internacional Joaquín Merino, vicepresidente de exploración de la canadiense Apogee Minerals que trabaja en un proyecto de plata de mediana envergadura.
“El Gobierno boliviano considera a Pan American un modelo a seguir para la mayor parte de las firmas mineras”, agregó por su parte Kettina Cordero, encargada de inversiones en Pan American Silver quien señaló que “la empresa no tiene ningún problema con el Gobierno”.
Otras que aspiran a realizar muy buenos negocios son la Mitsubishi y la Sumitomo de Japón, LG de Corea del Sur y Bolloré de Francia que han puesto sus ojos en la explotación del litio boliviano. Bolivia posee alrededor del 50 por ciento de los depósitos mundiales de litio, de alrededor de 5,4 millones de toneladas.
Todas estas compañías operan en Bolivia con las garantías ofrecidas por el gobierno de Morales, que recientemente ha “constitucionalizado” sus derechos y privilegios para explotar los principales yacimientos mineralógicos del país.
“No es nuestro objetivo ni nacionalizar ni esperar la quiebra de las empresas privadas para que sea el Estado el que se haga cargo”, aseguró a nombre del gobierno el director de Minería y Metalurgia, Freddy Beltrán.
Optimismo y amenaza sindical
Con estas garantías, las compañías extranjeras están “optimistas en cuanto al futuro”, como dice el vicepresidente de la Apogee Minerals a la Reuters. Su única preocupación, además de los vaivenes siempre molestos del mercado internacional de minerales, es la potencial amenaza que representan los sectores más radicales del sindicalismo minero, que han comenzado a enarbolar la bandera de la “toma de minas” y la “expulsión de las transnacionales” para frenar en seco el escandaloso saqueo que hacen los grandes pulpos capitalistas.
Los mayores niveles de explotación laboral y el deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores mineros (despidos, aumento de la jornada laboral, mayor y más intensa carga de trabajo y reducción de ingresos) están “radicalizando” a los sindicatos y los están empujando a enfrentar a los empresarios, iniciando huelgas, bloqueos carreteros e incluso tomando temporalmente minas y rehenes, tal como ocurrió hace poco en San Vicente y otras minas de Sinchi Wayra/Glencore.
Esta acción directa de los trabajadores responde a sus viejas tradiciones revolucionarias, como las inscritas en su famosa “Tesis de Pulacayo” y que es considerada como la “biblia del movimiento obrero boliviano”.
“Si los patronos se encuentran incapacitados de otorgar a sus esclavos un pedazo más de pan; si el capitalismo para subsistir se ve obligado a atacar el salario y las conquistas alcanzadas, si los capitalistas responden a todo intento reivindicacionista con la amenaza del cierre de sus instalaciones, no les queda a los trabajadores más recurso que ocupar las minas y tomar por su cuenta el manejo de la producción. La ocupación de las minas por si misma sobrepasa el marco del capitalismo, puesto que plantea la cuestión de saber quién es el verdadero dueño de las minas: los capitalistas o los trabajadores”, dice la Tesis aprobada por los mineros en 1946.
Hace un año, en la ciudad de Oruro, en el XXX Congreso de los trabajadores mineros de Bolivia, la declaración política impulsaba a la acción de los proletarios bajo el mismo norte: “imponer el control social de los trabajadores en todas las empresas del país, fundamentalmente mineras, como un paso para la administración directa de los trabajadores”. Sin duda, toda una amenaza para las poderosas transnacionales mineras que, por ahora, están seguras que Bolivia es un paraíso.
