Lo ocurrido en las dos últimas semanas en torno al tema de Doe Run deja un clima tan cargado que puede terminar contaminándonos como ocurre con el aire que respiran todos los días los pobladores de La Oroya.
Por Observatorio de Conflictos Mineros
Aquí algunos temas a título de lecciones:
* Ha sido saludable que el Estado no comprometa recursos de todos los peruanos para salvar a una empresa que desde que llegó al país no ha hecho otra cosa que incumplir con sus obligaciones. La salida, que implica un crédito privado de varios bancos y empresas mineras, no solamente permite salvar el complejo de un colapso inminente, sino que sugiere posibles alternativas para un futuro inmediato, ante la evidente falta de capacidad y compromiso de Doe Run.
* De esta crisis debe quedar claro que no es lo mismo buscar salvar el complejo metalúrgico y los empleos en La Oroya, que salvar a Doe Run. Esta empresa no es sinónimo del complejo, de los intereses de los trabajadores, ni de la población de La Oroya. Al contrario su presencia perjudica el futuro de La Oroya.
* En aras de una mayor transparencia, seria saludable que el Ministerio de Energía y Minas informe sobre la situación actual del fideicomiso.
No debemos olvidar que la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM, obligó a Doe Run a suscribir un fideicomiso, mediante escritura pública, con el entonces Banco Wiesse Sudameris. El contrato de fideicomiso debía cubrir “el 100% de todas las obligaciones dispuestas” en un informe que sustentaba la resolución (artículo 2).
* Además, en el artículo 5 de la misma resolución, se señalaba que en un plazo de 30 días calendario, Doe Run Perú debía constituir y presentar “una Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a simple solicitud escrita del Ministerio de Energía y Minas, por el monto de US$ 28´641,094, equivalente al 20% del costo del proyecto prorrogado “Plantas de Ácido Sulfúrico” del complejo de La Oroya.
¿Cómo están estos instrumentos y cómo están siendo gestionados? Se necesita un informe claro e integral al respecto y sería ideal que como parte de la negociación, la empresa se adhiera a la Iniciativa de Transparencia Financiera (EITI por sus siglas en inglés), tal y como lo han hecho otras empresas del sector.
* Como consecuencia de toda esta crisis queda un saldo negativo para la población y la salud de La Oroya: un nuevo anuncio de ampliación del programa de inversiones ambientales (PAMA). ¿Cuántas veces más se le beneficiará a Doe Run con una ampliación del plazo del PAMA? ¿Esta es la última?
Cabe recordar que lo mismo se dijo el 2006: la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM, señalaba que: “Doe Run deberá cumplir con el proyecto Plantas de Ácido Sulfúrico, en los plazos perentorios e improrrogables que se señalan en el Anexo de la presente Resolución Ministerial” (artículo 1). * No se da un buen mensaje con esta decisión.
El Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido su parte: fiscalizar. La Dirección General de Minería debió “disponer la realización de acciones de fiscalización continua”, “la cual evaluará trimestralmente el cumplimiento de las medidas y actividades establecidas para la construcción de las Plantas de Ácido Sulfúrico del Complejo Metalúrgico de La Oroya” (artículo 8).
Si la empresa no cumplía, en el mismo artículo se señalaba que se debían “aplicar las sanciones correspondientes”. El ministerio se durmió y recién ahora nos enteramos que la planta apenas tiene un avance del 50%.
No ha sido la paralización de las dos últimas semanas, lo que explica el retraso, como se ha señalado. ¿Sacaremos las lecciones en esta ocasión? Las autoridades correspondientes tienen la palabra y la sociedad civil deberá estar vigilante.
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