Buenos Aires, Argentina – 27/01/09. Al comenzar a escribir una nota que trate sobre la realidad de la mega minería en la Argentina uno se ve tentado a describir en detalle el aterrante proceso técnico que este concepto supone. O acaso, uno caiga en el impulso que le brinda la indignación de relatar como estos emprendimientos de dimensiones y capitales astronómicos se encargan de consumir la mayor parte del agua disponible para las poblaciones cercanas y de contaminar el resto. O tal vez sea mejor dar cuenta de cómo la mega minería encaja en la estrategia de “desarrollo” que las corporaciones tienen para nuestra América. Describir como la minería a cielo abierto no es una actividad económica mas, sino que es parte de un modelo de saqueo y contaminación que se cierne sobre América Latina.
La ley de Glaciares, la política de arriba y la movilización popular.
Por Nicolás Capria y Carlos Pissaco.[1]
Al comenzar a escribir una nota que trate sobre la realidad de la mega minería en la Argentina uno se ve tentado a describir en detalle el aterrante proceso técnico que este concepto supone. Describir cómo los metales ya no se encuentran en forma de “vetas” sino diseminados en el suelo en bajas concentraciones. Cómo la única forma de “concentrar” el mineral es hacer volar por los aires con toneladas de explosivos montañas enteras, las cuales reducidas a polvo se mezclan con cantidades gigantescas de agua y cianuro para separar el metal de la roca. Contar cómo la roca, contaminada con el cianuro y los metales pesados expuestos por las voladuras, se almacena en “diques de cola” por siempre.
O acaso, uno caiga en el impulso que le brinda la indignación de relatar como estos emprendimientos de dimensiones y capitales astronómicos se encargan de consumir la mayor parte del agua disponible para las poblaciones cercanas y de contaminar el resto; de elevar la tasas de incidencia de cáncer en la gente del lugar, de destruir la forma de vida basada en la producción agrícola asentada por años, de afectar las nacientes de los sistemas hídricos en modalidades que ni siquiera podemos cuantificar, de generar una demanda energética incomparable con la generada por el uso doméstico o el del resto de la industria. O cómo la arquitectura tributaria de nuestro país les permite generar elevadísimas ganancias sin aportar un peso a las arcas del estado.
O tal vez sea mejor dar cuenta de cómo la mega minería encaja en la estrategia de “desarrollo” que las corporaciones tienen para nuestra América. Describir como la minería a cielo abierto no es una actividad económica mas, sino que es parte de un modelo de saqueo y contaminación que se cierne sobre América Latina. Exponer como todo esto se conjuga en el plan IIRSA, Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, donde minería a cielo abierto, represas hidroeléctricas, pasteras, monocultivos, no son procesos asilados, sino interconectados como partes de un modelo, al que el IIRSA le da la infraestructura, formando, una red de rutas de acceso a los bienes comunes (o “recursos naturales” como los llaman ellos) que terminan en los puertos de ultramar.
Idas y venidas
Sin embargo la coyuntura política nos llama y este es un artículo sobre la “Ley de Glaciares”, curioso proyecto que tras ser aprobado por unanimidad en diputados y por apabullante mayoría en senadores fue vetado por la Presidenta y desechado por los mismos legisladores que lo habían aprobado con diferencia de semanas. Aquí podría comenzar la sección, que ocuparía todo nuestro artículo (y ocupa todos los artículos de muchos otros) en la cual elucubramos acerca de las razones por las cuales los diputados sanjuaninos votaron en un principio a favor de la ley, o cómo el ejecutivo no pudo frenar el proyecto cuando ostenta una clara mayoría, o de las presiones que ejerce la Barrick Gold sobre el gobierno argentino, o cómo esto generó un quiebre al interior del Frente para la Victoria o como abre nuevas perspectivas para Cobos, Carrió, de Angeli o muchos etcéteras que pertenecen a la política de arriba y que poco interesan a la hora de construir un mundo otro.
En lugar de esto, lo que sabemos los que luchamos en contra de este modelo de “desarrollo” es que esta Ley impedía la explotación de cientos de proyectos mega mineros propuestos para nuestra cordillera, por ejemplo el Proyecto Binacional Pascua-Lama que implicaría la destrucción de cinco glaciares a ambos lados de la frontera argentino-chilena. Lo que también sabemos es que toda esta paparruchada legislativa terminará en la promulgación de una ley, la cual bajo algún artilugio técnico-legal (estilo “declaración de impacto ambiental”), permitirá la realización de estos proyectos.
Hablando de leyes, no debemos minimizar el impacto de este tipo puestas en escena gubernamentales sobre la movilización popular (ver caso Beder de Herrera). En nuestro país, en vigencia del código minero y del tratado binacional redactado por Gioja y sus compinches, no es precisamente la legislación la mayor traba al mega negocio de volar montañas. A lo largo y a lo ancho de nuestro continente las mineras están chocando de manera cada vez más violenta con la movilización popular que reclama para si la capacidad de decidir sobre su territorio, su ambiente y su forma de vida.
Minería “responsable”
Sin un pueblo sumiso no existe mega minería a cielo abierto. Esta lección la han aprendido las grandes corporaciones hace tiempo. Una parte imprescindible de su operación consiste en intentar ocultar las consecuencias económicas y sociales de su presencia comprando los gobiernos locales y las poblaciones bajo el discurso de “minería responsable”. Lo cual toma la forma de “crear consenso” en la comunidad a través de los medios de comunicación, construyendo hospitales, escuelas, diseñando los manuales que se utilizarán en las mismas, generando convenios con las áreas de investigación de la mayoría de las universidades (hoy el monto de financiamiento de las empresas mineras a las universidades asciende al monto de 50 millones de dólares) y una infinidad de etcéteras.
En todos los lugares donde se instaló o pretende instalarse este tipo de proyectos, el pueblo ha dicho que no. Por eso el discurso de “minería responsable” llena los sitios de Internet de las mineras, su folletería y sus congresos. Por poner un ejemplo, en el foro “Argentina Oro 2008”, realizado en Noviembre en Buenos Aires, el discurso del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAM), Manuel Benitez, fue dedicado en gran parte a repudiar el accionar de “los ambientalistas” que lo escarchaban en la puerta del hotel.
No es no
Un hito importante en esta lucha fue en Esquel en el año 2003, donde tras una consulta popular el 82 por ciento del pueblo le dijo que no a un proyecto de minería de cielo abierto. Dicho resultado trajo dos efectos, por un lado incentivó a otras comunidades a organizarse en la lucha contra la mega minería y por el otro generó la virtual prohibición de consultas populares en el resto del país sobre los proyectos mega mineros.
La lucha contra la minería en el país tiene su expresión en las decenas de asambleas que se han conformado en torno a esta problemática. En todas las provincias y pueblos donde existen proyectos de minería a cielo abierto existe una asamblea que lucha.
Gran parte de esta lucha se canaliza en lo que se llama Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que nuclea a una gran cantidad de asambleas y organizaciones sociales que luchan contra el “saqueo y la contaminación” (donde se incluye, además de la mega minería, a los agronegocios y la contaminación urbano industrial).
Es llamativo como el accionar de la UAC se constituye en un claro desafío al poder, cuyas últimas expresiones incluyen el bloqueo a los camiones de suministros de Bajo la Alumbrera en Salta y Tucumán, el escrache al foro de minería en Buenos Aires y la lucha exitosa por impedir el convenio de cooperación entre La Alumbrera Ltd. y la Universidad Nacional de San Martín.
Como parte de este desafío, en abril de 2009 la UAC realizará su próxima asamblea nacional en San Juan, la tierra del mayor representante de la mega minería en nuestro país, José Luis Gioja, en abierta oposición al código contravencional vigente allí que condena con multa, trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta 30 días: advertir, difundir –por ejemplo- los desastres futuros de la megaminería, o convocar a cualquier movilización o marcha mediante altavoces, teléfono fijo o celular o correo electrónico, expresar críticas o denuncias públicas contra funcionarios, o también cometer cualquier “demostración hostil”.
Mientras ellos intentan seguir saqueando, contaminando, legislando y comprando; sanjuaninos, mendocinos, porteños, riojanos, santiagueños, docentes, carpinteros, profesionales, campesinos, indígenas y estudiantes reunidos en la UAC estamos aprendiendo a entender que si hay capitalismo hay saqueo y contaminación y que la única formar de frenar este despojo es construyendo la unidad del movimiento popular y recuperando para nosotros la capacidad de determinar nuestro propio camino.
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[1] Espacio “Chico Mendes” en el Cid.
Angel Gallardo 752, 3er piso.
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