Copiapó, Chile – 27/11/08.Lina Arrieta tiene en su predio de parronales de Tierra Amarilla – localidad ubicada a unos 25 km de Copiapó- un pozo de 80 metros de profundidad. Hasta hace unos cinco años, el agua afloraba a los 14 metros. Ahora está completamente seco. La razón, según ella, son las mineras que rodean literalmente su campo.
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
“Somos pocos los que aún sobrevivimos en la agricultura en esta zona, las mineras han comprado casi todos los terrenos que antes eran agrícolas para aprovechar sus derechos de agua. Ahora sólo son sitios eriazos”, se queja doña Lina. En la región, actualmente existe un mercado que vende derechos de agua que alcanza los $20 millones el litro por segundo, por la alta demanda de la minería que ofrece esos montos.
Como doña Lina, muchos agricultores del valle, especialmente de las comunas de Tierra Amarilla y Copiapó, han visto un dramático descenso de los niveles de las napas subterráneas, porque el río superficial que pasa por la capital regional simplemente desapareció.
Existe una sobreexplotación del recurso en esa cuenca. Según cifras de la Dirección General de Aguas (DGA), en el valle se usan 5,5 metros cúbicos por segundo de agua y lo que el acuífero aporta son 4 metros cúbicos por segundo. 'O sea, se está sacando 1,5 m3 por segundo más de lo que la cuenca tiene para ser sustentable”, afirmó la intendenta de Atacama, Viviana Ireland, recientemente en un seminario que abordó el dramático escenario del agua en la zona.
Otro de los problemas es el excesivo otorgamiento de derechos de agua: “La cuenca del Río Copiapó tiene entregados derechos de agua por más de 20 mil litros por segundo. Esta cuenca sólo tiene una recarga efectiva de 4 mil litros por segundo. Es decir, hay 16 mil litros otorgados que no son sustentables”, comentó Ireland.
Las extracciones ilegales que realizan algunos predios son otra de las “filtraciones” por donde la cuenca se queda sin agua. En total, el acuífero pierde un metro cúbico por segundo, más de lo produce la planta desaladora de Antofagasta (0,6m3/seg).
La agricultura también tiene su parte en este drama. Estudios que datan de la década del 50 señalan que la cuenca del valle de Copiapó tiene recurso hídrico suficiente para regar 4 mil hectáreas de predios. Actualmente, con el riego tecnificado, en especial para parras y olivos, hay 11 mil hectáreas plantadas, que usan los mismos volúmenes de agua de esa época.
Muy tarde para algunos
Pese a todo, nadie sabe con exactitud cuánta es el agua que queda o cuánto falta para que se agote el acuífero, lo que dificulta buscar soluciones. Por esto, el gobierno encargó al Sernageomin que cuantifique el problema, medida que puede llegar muy tarde para algunos agricultores.
Don Celestino Fajardo, por ejemplo, ya perdió una hectárea de olivos. “Tenía un pozo de 43 metros de profundidad y ahora está completamente seco. Desde que se instalaron las mineras, comenzaron a chuparse toda el agua y ya he perdido una hectárea de olivos que tenían como 7 años. Ahora tengo que regar sólo una vez al mes mis parras”, cuenta.
En agosto pasado, la Corema aprobó una declaración de impacto ambiental (DIA) de la minera Candelaria, que consiste en la habilitación de un acueducto que conducirá las aguas tratadas de la sanitaria local (Aguas Chañar) hasta sus instalaciones. La operación, ajustada a derecho y aprobada ambientalmente, fue rechazada por los agricultores, en especial de los de la zona donde se extraerá el agua, Chamonate. Según ellos, esas aguas, luego de ser tratadas por la sanitaria, retornaban a la cuenca y rellenaban las napas subterráneas. “Eso ahora no va a suceder. Lo que pasa ahora es que el nivel de agua está bajando 3,5 metros al año. Antes se encontraba agua a los 14 metros, ahora sale a los 30 metros y sigue descendiendo”, afirma Carlos Araya, de la Comunidad de Aguas Subterráneas de ese sector.
Para Araya, esta situación puso en evidencia los vacíos legales de la legislación para enfrentar la escasez de agua. “Tanto el Código de Aguas como la Ley de Base Ambiental no obligan a las empresas a presentar estudios de impacto ambiental para extraer agua”, señala.
Estas son las modificaciones que quieren realizar los parlamentarios de la zona, el senador Ricardo Núñez y el diputado Antonio Leal. Para los legisladores es indispensable “regionalizar el Código de Aguas”. “No podemos tener las mismas normas en una región desértica como la nuestra, que con Valdivia, donde el agua es abundante. Muchos países tienen códigos diferenciados para cada zona, según su situación hídrica”, comentó Leal.
Otra medida es exigir a los nuevos proyectos mineros que se instalen con plantas desaladoras de agua de mar. En la Región de Atacama se proyectan hasta 2020 más de US$ 8.400 millones en 33 proyectos mineros y todos necesitan abundante agua.
Consultadas por Revista del Campo, las empresas del sector no quisieron referirse al tema.
