Mendoza, Argentina – 14/11/08. En una conferencia de prensa realizada por un conjunto de entidades mendocinas, impugnaron severamente el veto de la presidenta a la ley de protección a los glaciares y fundamentaron detalladamente sus posturas. En la conferencia de prensa particparon el director del IANIGLA, Dr. Ricardo Villalba, las senadoras Nelly Gray de Cerdán y Alejandra Naman, el diputado Néstor Piedrafita, y Marcelo Giraud en representación de las organizaciones firmantes de este comunicado. Incluímos al pie el artículo “La dama de hielo” publicado en el diario Crítica de la Argentina.
COMUNICADO DE PRENSA
Mendoza, 14 de noviembre de 2008
El 22 de octubre pasado el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.418 de PROTECCIÓN DE GLACIARES y AMBIENTE PERIGLACIAR. El lunes 10 de noviembre la Presidencia de la Nación a través del decreto Nº 1837/08 VETÓ esta ley con argumentos inconsistentes, que reflejan un profundo desconocimiento de la importancia de la protección de nuestros glaciares como fuente estratégica de agua potable para el sostenimiento de la vida y del desarrollo de nuestra comunidad. Por este motivo se hacen presentes en la Legislatura provincial diversas organizaciones sociales involucradas en el cuidado del ambiente a fin de expresar firmemente ante la sociedad y sus instituciones nuestra profunda preocupación por las consecuencias futuras de esta decisión.
La ley que fue vetada este lunes por Cristina Kirchner, presentaba dos puntos fundamentales:
1) Crea un Inventario Nacional de Glaciares, por el cual debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo periódico; y
2) Prohíbe que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales (artículo 6°).
Las razones del veto presidencial para la ley de protección de glaciares son a nuestro entender claramente insuficientes, exageradas en sus apreciaciones y reflejan una errónea interpretación de esta ley. Nuestra postura está basada en lo siguiente:
* Lejos de ser contradictoria con la legislación y los instrumentos de protección ambiental vigentes, la ley vetada los especifica y complementa, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de retracción por el cambio climático, constituyendo un verdadero aporte al desarrollo sustentable como las Políticas de Estado que proclama el Gobierno Nacional ante la sociedad.
* Es incorrecto afirmar, como dice uno de los Considerandos del decreto presidencial, que “la prohibición de actividades descripta en el artículo 6º del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas”. Esas actividades y obras, como las necesarias para los pasos fronterizos, no quedan prohibidas en toda la cordillera, sino sólo sobre los glaciares, que cubren apenas una pequeña parte de la misma. Respecto de las áreas periglaciares saturadas en hielo (glaciares de roca), la ley prohíbe sólo las actividades minera y petrolífera, a fin de preservar el área más frágil y crítica para las fuentes y reservas de agua, recurso esencial para la vida y el desarrollo sustentable de la sociedad. Para el resto de las actividades, no prohibidas en áreas de glaciares, impone una razonable evaluación de impacto ambiental previa.
* La inclusión o exclusión de glaciares de un inventario, como prescribe la ley rechazada por el Poder Ejecutivo Nacional, no es contradictoria con la presencia de un pequeño sector del límite internacional con la República de Chile pendiente de demarcación, en la provincia de Santa Cruz. En tal caso, no sólo podría aclararse dicha circunstancia en el inventario, sino que la realización del mismo generará mayores bases científicas para una mejor defensa de nuestro territorio. La gran mayoría de los glaciares argentinos están fuera de dicho sector.
• La Ley General del Ambiente Nº 25.675, que señala principios generales y prevé el sistema de evaluación de impacto ambiental, no tiene por qué ser la única que deba constituir “presupuestos mínimos ambientales”. Cuando existe un ecosistema cuya fragilidad lo amerita, no es excesivo sino necesario que existan normativas nacionales específicas que resguarden su equilibrio, e impongan algunas razonables prohibiciones. La Ley de Bosques es un claro ejemplo de ello y entendemos que la Ley de Glaciares hace lo propio respecto a este tipo de ecosistemas.
Estaríamos perdiendo como pueblo una oportunidad histórica de acrecentar el saber científico, base insoslayable para la toma de decisiones tendientes al desarrollo de nuestra comunidad, y de situarnos a la vanguardia de la legislación ambiental en América Latina en este tema. El Congreso Nacional sancionó por unanimidad, con la salvedad de 3 senadores que objetaron al IANIGLA como responsable de la realización del Inventario, una ley que tendía a preservar el más importante de nuestros bienes comunes. Por lo tanto, desde este lugar las organizaciones socioambientales, no sólo de Mendoza sino de Argentina, le pedimos a la señora Presidenta de la Nación que reconsidere su decisión e impulse las acciones necesarias para que el país cuente con una Ley de Glaciares que asegure su efectiva protección, como parte del patrimonio de todos los argentinos y argentinas, actitud que no atenta contra el desarrollo económico del país sino que lo fortalece.
Saludamos atentamente. Se agradece su difusión.
ENTIDADES FIRMANTES:
Agrupación Los Horneros
Asamblea Popular Por el Agua
Consejo de Desarrollo Sustentable
FUMPROVE
Fundación Cullunche
Fundación Ecológica Andina
Fundación Flora Nativa
Fundación Padín
Multisectorial de General Alvear
OIKOS Red Ambiental
Opinión Ciudadana
Organizaciones Sociales Autoconvocadas
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
ADHIEREN
Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo
Asamblea de Vecinos de Tunuyán
ARI
Constituyente Social
Proyecto Sur Mza
Cámara de Turismo de Mendoza
APECYTE (Asociación de Personal de Ciencia y Técnica)
Prof. Elba Pescetti (miembro de Programa Aves – IADIZA – CONICET)
Natalia Schroeder (becaria CONICET – IADIZA – CCT Mendoza
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La dama de hielo
14/11/08 – Publicado en el diario Crítica de la Argentina
Aunque lo presentó como el impulso a una nueva ley consensuada con gobernadores, los ambientalistas denuncias que respondió a intereses económicos de multinacionales mineras. La norma había sido votada por unanimidad en el Congreso, donde el veto causó estupor.
El sentido final de la ley 26.418, sancionada por legisladores de ambas cámaras el 22 de octubre pasado, era proteger todos los glaciares de la Argentina. Pero ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto 1837/ 2008, que veta la norma y deja a las masas de hielo de todo el territorio –verdaderos reservorios de agua dulce, oro, cobre y otros tesoros– sin un marco jurídico que las preserve.
La publicación de la medida en el Boletín Oficial caldeó los ánimos de los legisladores que votaron por unanimidad a favor del proyecto –y que ahora se autoconvocaron para discutir qué hacer– , enfureció a los ambientalistas locales y provocó satisfacción entre operadores políticos y lobbistas del sector minero, claramente, la industria más perjudicada por la ley ahora vetada. En su artículo sexto, la norma prohibía las actividades que pudieran afectar la condición natural de los glaciares y que implicaran su destrucción o traslado. Sin vueltas, vedaba la exploración y explotación minera o petrolífera.
Pero en el Gobierno escucharon los reparos de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo titular, el ingeniero Jorge Mayoral fue denunciado por poseer acciones en empresas del mismo sector que regula, y avanzaron con la anulación. En su decreto, la Presidenta dice que de acuerdo con lo expresado por ese organismo “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades”.
El veto de Cristina continúa: “En este sentido –dice– la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. Lo que no dice, en realidad, es que su decisión favorece un negocio de tres mil millones de dólares.
El caso testigo es el del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la poderosa multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Una fuente inobjetable de la industria explicó a Crítica de la Argentina lo que hay detrás de la movida presidencial. “Detrás del veto está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de tres mil millones de dólares”.
La provincia de José Luis Gioja es la meca de la minería en la Argentina. Existen en ella más de 180 proyectos mineros de los cuales el 90% está ubicado en zonas de glaciares. La ex diputada Marta Maffei, autora del proyecto de ley, se mostró indignada con lo sucedido. Y también hizo memoria: “Me llamó la atención que durante el tratamiento de la ley, los legisladores sanjuaninos eran los que ejercían más presión para evitar que se sancionara. Pero después, llamativamente, se callaron. Quizás ya sabían que estaba garantizado el veto”, explicó.
La ley, que ahora debe volver al Congreso, además de prohibir trabajos sobre la superficie helada, se proponía en sus artículos 3º, 4º y 5º realizar un inventario de cada uno de los glaciares del país, desde Ushuaia a La Quiaca, para poder fotografiarlos y controlarlos por satélite. Pero en otro de los fundamentos del veto, el Gobierno dijo: “Como bien ha señalado Cancillería, la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentra en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso”.
Pero eso también es extraño: en primer lugar, porque Chile sí lo hizo. El Laboratorio de Glaciología del gobierno de Michelle Bachelet inventarió hasta 2007 cerca de 1.835 glaciares repartidos en una superficie de 15,489.8 km2. “Es como no querer saber cuántas ollas tenés en tu casa. Dicen que eso perjudica la demarcación limítrofe con Chile, pero es un absurdo porque Chile contó sus glaciares y porque ya no hay conflicto con Chile”, dice el profesor Norberto Ovando, vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales y experto de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza. El hombre concluyó: “El agua vale más que el oro y sobre los glaciares pende la amenaza de un daño irremediable de llevarse a cabo los proyectos mineros. La remoción y manejo de los glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico. Y el objetivo de esta ley, en el fondo, era proteger el agua. Por eso, todo lo que ocurre es lamentable”.
La segunda reincidencia
El decreto 1837/2008 que anuló la ley de protección de glaciares no usa la palabra “veto”. Cristina firmó una “observación” que, en términos prácticos, tiene el mismo resultado. La ley no entra en vigencia y la Presidenta la envía al Congreso para que la revean. Es la tercera vez que Cristina usa esta herramienta. Las dos anteriores lo hizo para anular sólo un artículo de una Ley de Defensa al Consumidor y algunos apartados específicos de la Ley de Presupuesto 2007.
Así la defendían los peronistas
El proyecto de ley para la protección de glaciares atravesó el Congreso de manera fugaz. Se pusieron de acuerdo oficialistas y opositores, y el Senado lo convirtió en ley el 22 de octubre. Sin embargo, Cristina objetó la norma y la respuesta fue inmediata. Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, convocó a los integrantes de su comisión para insistir con el proyecto original. Si la idea avanza, los legisladores necesitarán mayoría especial, dos tercios del total, para volver a sancionar el cuidado de los hielos.
El 22 de noviembre de 2007, el proyecto de los diputados del ARI Marta Maffei, Carlos Raimundi y Delia Bisutti llegó a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que preside el kirchnerista Daniel Filmus. Casi un año después y frente a todos los senadores, Filmus lo defendió en el recinto: “Hablamos de uno de los temas más importantes de la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos a las reservas de agua de nuestro país”. El trámite de aprobación duró minutos. Cuarenta y siete senadores levantaron la mano y tres dijeron que no: Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, de San Luis, y Roberto Basualdo, de San Juan, la provincia que estaba destinada a perder millones de dólares de la explotación minera si esta ley seguía vigente.
