Ecuador – 15/10/08. Un panorama de tensión se vislumbra nuevamente en el país ante el resurgimiento de grupos opuestos a la explotación de los recursos naturales, principalmente contra la minería. La Confederación de Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador (CONAIE) y otros grupos sociales lanzaron las primeras advertencias. Durante una Asamblea efectuada el lunes resolvieron exigir el archivo del proyecto de ley de minería, la aplicación del mandato minero y organizar un paro nacional que incluya el cierre de vías como rechazo a la política extractivista.
Fuente: diario El Mercurio
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Plazo para ley minera está por concluir
El mandato minero aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 18 de abril fijó 180 días para la elaboración de una nueva Ley Minera, el plazo vence este sábado 18 de octubre. La disposición final tercera establece, sin embargo, que si cumplido el plazo no se cuenta con el nuevo marco legal, será el Ministerio de Minas y Petróleo quien renegocie los títulos de las concesiones mineras de conformidad con lo que estipula la Constitución.
El mandato compuesto de12 artículos y cuatro disposiciones finales dejó sin efecto más de 3.298 concesiones mineras, sobre todo las que no hayan realizado inversiones, en fase de exploración, hasta el 31 de diciembre del año 2007; que tengan obligaciones pendientes con el Estado; que se encuentren en áreas protegidas; que no hayan presentado estudios de impacto ambiental; y cuyos contratos estén pendientes de resolución administrativa. Asimismo fue declarada la caducidad de todas las concesiones, que en fase de exploración no hayan realizado inversión hasta el 31 de diciembre del año 2007; o no hayan presentado el estudio sobre impacto ambiental; cuyos contratos estén pendientes de resolución administrativa.
Además aquellas que tengan obligaciones pendientes con el Estado. Otras concesiones que hayan sido otorgadas en áreas naturales protegidas, bosques naturales, nacimientos o fuentes de agua. También las concesiones que en un número mayor de tres, hayan sido otorgadas a una sola persona natural o parientes cercanos, así como personas jurídicas o empresa vinculadas. (DMS)
Justifican la vigencia de un “Ecuador minero”
La ex asambleísta Beatriz Tola (Acuerdo PAIS) opina que los reclamos son legítimos desde la perspectiva de que todos los ciudadanos tienen derecho a exponer sus criterios, aunque le parece que debería primar el debate.
En ese contexto destaca que la nueva Constitución recupera el rol del Estado sobre el manejo de los recursos y que solo de manera excepcional se lo delega a la iniciativa privada.
Invoca el artículo 408 que establece que los beneficios de la explotación minera no podrán ser inferiores a los que recibe la empresa privada. Aquello rompe un problema de la legislación actual que establece un pago irrisorio de patentes, dice.
La Carta Magna fija asimismo limites a la explotación en áreas protegidas y, al reconocer los derechos de la naturaleza, se frenan acciones depredadoras. Tola suma a ello los avances sobre la consulta previa que da una garantía a las comunidades que se encuentran asentadas en zonas ricas en recursos naturales. “Hay todo un conjunto de trabas”, expresa la ex asambleísta quien integró la Comisión que redactó el mandato minero.
Apropósito del reclamo por el poco efecto del mandato, Tola reconoce no ha sido ejecutado en su totalidad, pero que si ha tenido un avance significativo. Se basa en un reciente informe que recibió y que trata sobre la extinción de concesiones que no invirtieron y no presentaron estudio de impacto ambiental. El reporte revela que se ha revertido al Estado 1.789 concesiones con un total de 2.500.000 hectáreas de un total de 4.500.000 que estuvieron otorgadas. En el caso de la regional Azuay, Cañar y Morona Santiago fueron archivadas 406 concesiones mineras o de materiales de construcción, en unos casos de oficio, por incumplimiento de pago, nulidad del título o por desestimiento del trámite.
El debate de un país sin minería copó varias sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el consenso de los asambleístas, al final, fue que no se podía pensar en un país libre de minería a cielo abierto. Tola asevera que no consta ese planteamiento porque hay opiniones provenientes de otros sectores que son diversas.
Entre esas voces está la de Lilio Carbo, ex presidente del Consorcio de Juntas Parroquiales del Azuay. Su opinión es que el país tiene que dirigir los ojos hacia la minería porque es un recurso que dará ingresos y generará fuentes de trabajo ante la reducción de las reservas del petróleo.
El problema minero, a su parecer, se lo está llevando al ámbito político. Se basa en que existen grupos que supuestamente defienden a los campesinos, pero que en el fondo defienden sus cálculos políticos. “Cuando se politiza se crea los conflictos”, manifiesta.
El abogado asevera que la ley debe recoger las necesidades de las comunidades y que preserve de forma fundamental el recurso agua. Confía en que el Congresillo elabore una ley de consenso y que el gobierno maneje correctamente la negociación de los recursos. “Oponerse a rajatabla no es correcto, los dirigentes deben escuchar a la población de tal manera que el tema no sea un pretexto para hacer levantamientos y perjudicar a las mismas comunidades, comenta Carbo.
Mineros con preguntas y contraataques
Una preocupación que surge entre los empresarios radica en la disposición final que deroga la ley que crea las Cámaras de Minería. La pregunta que se hacen los directivos y afiliados es quién va a representar a los 4.000 mineros que existen en el país una vez que se eliminen a los entes gremiales.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca tampoco oculta la preocupación por las advertencias de paros y movilizaciones que ha renacido contra el sector minero. Refiriéndose a Salvador Quishpe, quien lidera la oposición a la actividad minera, recuerda que hace 4 años, cuando Quishpe fue diputado condecoró al pabellón de la Cámara de Minería del Ecuador, cuando ésta cumplía 25 años. Muestra fotos de aquel acto. “En ese tiempo Salvador Quishpe fue amigo de la actividad minera, ¿qué pasó? ¿por qué se volvió enemigo?, se pregunta Vargas. También tiene reservas sobre las ong’s y fundaciones ambientalistas que están apoyando la resistencia de los grupos indígenas. “No será acaso que las propias empresas mineras transnacionales del cobre están detrás porque no les conviene que exista competencia”, insinúa en su análisis.
Vargas asevera que el Ecuador más tarde que temprano va a ser un país minero, por lo que ve imposible que el país sobreviva sin la explotación de este recurso. Al reconocer que han existido malas prácticas anteriores y daños ambientales, manifiesta que eso está cambiando y que respaldan la minería responsable. “Estamos dispuestos a ser auditados, controlados, pero lo que demandamos es que nos pongan reglas del juego claras”, expresó Vargas. La Cámara de Minería de Cuenca tiene unos 150 afiliados. (DMS)
Con amenazas de paro se reactiva oposición minera
Exigir al gobierno que se archive la Ley de Minería, que se aplique inmediatamente el mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente, luchar contra el modelo de extracción de los recursos naturales del país, planificar en los próximos 30 días un paro indefinido a nivel nacional con cierre de vías, declararse en reuniones permanentes en todas las provincias, y realizar mañana una asamblea nacional extraordinaria de dirigentes de la CONAIE, en Quito.
Esas fueron las resoluciones a las que llegó ayer la Asamblea Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador (CONAIE) efectuada ayer en Cuenca.
Al encuentro cumplido en los patios del Patronato Social del Gobierno Provincial del Azuay asistieron unos 70 dirigentes campesinos, universitarios, de ONG’s, y movimientos sociales. También participaron las ex asambleístas Mónica Chuji, (ex del movimiento PAIS) y Martha Roldós (RED).
Salvador Quishpe, quien dirigió la Asamblea aseveró que hay intentos para dividir a las organizaciones y que ante la cercanía de las elecciones hay quienes prefieren “estar colgados de Rafael Correa”. En ese contexto criticó la ausencia de los máximos dirigentes de la Conaie y de la Ecuarrunari, incluso hubo pedidos para declararlos personas no gratas. Luis Corral, del movimiento Acción Ecológica fue enfático al expresar que en lo electoral se debe descartar alianzas con PAIS porque eso implicaría una traición.
El ex candidato presidencial, Luis Macas, sentado entre la concurrencia, propuso que para tener un efecto más contundente se debe estructurar en un solo planteamiento toda la problemática del país, que además de la minería tiene que ver con la carestía de la vida, dijo. Además propuso que desde las bases se planteen alternativas ante la posición radical contra los proyectos de exploración y explotación.
La ex asambleísta Martha Roldós, manifestó que “la pelea” es contra todo el modelo extractivista porque la minería es solo una punta de lanza. “Hay que quejarse del dragado del río Napo que es una propuesta no de los grupos de izquierda sino del Banco Mundial, de los transgénicos, de los biocombustibles, del petróleo, del proyecto Manta-Manaos”, dijo Roldós, al recordar que por iniciativas inferiores a esas, el pueblo se movilizó contra anteriores regímenes. Roldós advirtió que la Amazonía es la que más amenazada se encuentra.
Las voces de una movilización giraron en casi todas las intervenciones que se prolongaron toda la tarde. De concretarse la paralización, el gobierno de Rafael Correa, que lleva dos años y medio en el Poder afrontaría una primera protesta de magnitud a y a escala nacional.
