La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), sobre la injerencia de los organismos privados y las corporaciones trasnacionales en las políticas de educación superior, en la complicidad de los funcionarios del Estado y en la captación que realizan las empresas del conocimiento y el valor humano que se genera en los centros de estudio públicos para satisfacer sus propios intereses.
Argentina – 10/07/09. Vínculos entre la inversión económica de las corporaciones del saqueo y el control directo de los planes de estudio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a las universidades nacionales de Argentina como organismo coordinador de las políticas universitarias, tiene entre sus funciones el “establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e implementos y apoyo técnico, para la ejecución de programas, proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y deportiva”(1). Los estudiantes que participan del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) vienen exigiendo fuertemente que este organismo no sea socio de las empresas responsables de la contaminación y el daño ambiental.(2)
Las miradas están puestas hoy sobre los intereses que se esconden bajo las inversiones millonarias que las universidades nacionales estarían recibiendo -aceptadas por el CIN- producto de las actividades de la mina de Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca.
La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), sobre la injerencia de los organismos privados y las corporaciones trasnacionales en las políticas de educación superior, en la complicidad de los funcionarios del Estado y en la captación que realizan las empresas del conocimiento y el valor humano que se genera en los centros de estudio públicos para satisfacer sus propios intereses.
– ¿Cuál es la denuncia que están realizando como estudiantes respecto a la aceptación de fondos millonarios de la mina de Bajo de la Alumbrera por parte de las universidades?
Esta situación entendemos que refiere a un modelo de universidad que está puesto en función de los intereses de empresas multinacionales, y en este caso empresas contaminantes y saqueadoras. El debate que los estudiantes en diversas universidades del país venimos trayendo tiene que ver con qué modelo de universidad queremos: una universidad que esté pensada, que esté investigando y educando en función de las necesidades de nuestro pueblo o una universidad que esté pensada en función de la ganancia y de intereses del saqueo y la contaminación.
El debate de fondo es éste, qué educación queremos, qué educación tenemos. Esto viene a sacar a la luz el vínculo directo que hay de intereses entre las autoridades de algunas universidades y estas empresas, en este caso mineras.
– El CIN, ¿cuenta con la participación de los estudiantes?, ¿cómo está integrado?
No, no, en absoluto. Es un órgano que es creado después de lo que fue la Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, y lo que pretende ser es un órgano de coordinación a nivel nacional de todas las universidades. Hay representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual el Gobierno Nacional no es ajeno a estas políticas, sino que a través mismo de las propias universidades está siendo partícipe de esto. Este órgano no tiene en absoluto representación (de los estudiantes), como estamos acostumbrados en nuestras facultades, de co-gobierno, sino que aquí la participación es enteramente de los rectores.
Este consejo es el que traza a grandes rasgos las políticas educativas para la educación superior a nivel nacional. Lo que queda planteado en la conformación de este órgano es cómo ya las propias universidades privadas están teniendo representación detrás un eufemismo que aparece en la década del 90, que era el de las “universidades públicas de gestión privada”, y en ese sentido son empresas que imparten educación.
-¿Cómo comenzó el debate dentro de la universidad, en las agrupaciones?, ¿existe esta discusión con el resto de los estudiantes?
Masivamente no está este debate planteado. Te puedo trasmitir un caso. Aquí el martes pasado tuvimos en la Universidad Nacional de La Plata el funcionamiento del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad. Dimos lectura a este documento y propusimos que el Consejo se expida, y el Consejo Superior, como nos tiene acostumbrados, lo que hizo fue pasarlo a comisión y no darle tratamiento. Falta un trabajo alrededor de este tema en la universidad. Por otro lado están aquellos que tienen intereses, principalmente facultades vinculadas a los negocios extractivos, y por otro lado está la necesidad de hacer un mayor trabajo en las facultades con los estudiantes, con docentes, para trabajar esta problemática y que sea una realidad más palpable.
Resulta que nosotros mismos hace poco tiempo que estamos viendo esta problemática, la realidad acuciante con la cual vivimos hoy, y con la realidad que se nos impone. Hoy es una realidad mucho más palpable que hace un par de años, también a partir del trabajo de las asambleas ambientales a lo largo de todo el país. Esto empieza de a poco a tomar carne, a hacerse visible para los sectores más informados de la vida universitaria. Ahora está el desafío de que esto sea más masivo y que el repudio se generalice, porque si queda solamente en sectores más informados no toma la fuerza necesaria como para garantizar que no suceda más, que la universidad empiece realmente a torcer su rumbo, deje de estar mirando los intereses de estas empresas, y pase a mirar las necesidades de nuestros barrios y de nuestra gente.
