La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.
Por Darío Aranda publicado en Página/12
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo continental en la materia, afirmó que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios indígenas.
“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, es el nombre del informe publicado por la Comisión Interamericana. “La llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento de las extracciones mineras y petroleras en el continente. Igualmente, ha aumentado significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales”, detalla.
Precisa los avances de los cultivos de soja, caña de azúcar y palma aceitera. Y afirma: “La Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es reiterada y consistente la información recibida sobre impactos negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas actividades”.
La CIDH dedica todo un apartado al modelo agropecuario de la región y alerta sobre “impactos desproporcionados” de la producción de palma aceitera, caña de azúcar y soja. “Tienen efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”, describe. Cuestiona la autorización de semillas transgénicas, “acción estatal que desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”. Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en contra de la decisión de pueblos indígenas de contar con un territorio libre de transgénicos.
El máximo organismo de derechos humanos cuestiona a los gobiernos por el “poco apoyo económico a la agricultura indígena o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, el despojo de tierras”. También cuestiona que los estados permiten (por acción u omisión) la migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.
Precisa que el modelo agropecuario actual “exige altas cantidades de agrotóxicos” que afectan la salud de la población y el ambiente.
La CIDH también afirma que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican las canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y emisiones de polvo, entre otras consecuencias. “Este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un gran número de concesiones de pequeña escala”, advierte.
Y explica que tras la culminación de la extracción minera “se carecen de planes de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los pasivos ambientales generados”.
La investigación alerta que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de trochas, las evaluaciones sísmicas y continua contaminación por derrames. “La CIDH ha recibido información sobre derrames en la selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”, afirma la investigación. Subraya que la explotación petrolera genera desechos tóxicos en todas las etapas de las operaciones, con permanentes hechos de contaminación y afectación de derechos indígenas.
El trabajo también cuestiona las represas que interrumpen el cauce natural de los ríos e impactan en las formas propias que tiene las comunidades indígenas de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura. Y vincula represas con el aumento de enfermedades como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel.
El informe, realizado con la colaboración de la ONG Iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), concluye que el extractivismo provoca “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos (forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”. Las actividades extractivas “pueden poner en riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, alerta la CIDH.
La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos indígenas de Argentina. Detectó un piso de 183 casos. “Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explicó Amnistía en el sitio web territorioindigena. com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.
Derecho a la consulta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a los Estados que apliquen el “derecho a la consulta” y al “consentimiento libre, previo e informado” ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas (derecho vigente en distintas leyes nacionales y tratados internacionales, como el “Convenio 169 de la OIT”). La Comisión recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas sin el visto bueno de las comunidades indígenas y afirma que no cumplir con ese derecho básico implica una violación de derechos humanos.
La Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento, amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones judiciales en contra de indígenas, presiones, secuestros y asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida”, define la CIDH.
