España – 05/09/08. Todavía se percibe la estela de residuos que dejó la empresa Riotinto Minera -luego Atlantic Copper- cuando traspasó la explotación por un precio simbólico a los trabajadores, en 1995. Tres años más tarde, Atlantic Copper fue condenada por gestión ilegal de residuos. “La empresa se fue y no presentó un plan de restauración, obligatorio según la Ley de Minas; esto está abandonado, es un atentado medioambiental, ¿quién paga ahora? “La minería no es nuestra prioridad, puede ayudar, pero apostamos por proyectos basados en la innovación y la energía limpia” –
O.CARBALLAR/R.ADAMUZ-Riotinto(Huelva)-05/09/2008 08:28
El Ejército de Pavía fue más fuerte porque ellos no empuñaban más armas que su voz. Pero antes de que los mataran, pudieron gritar que lo que allí estaba ocurriendo era un atentado contra el medio ambiente. Riotinto (Huelva), 1888: miles de vecinos se manifestaban contra la contaminación que generaba la mina en la primera protesta ecológica de España. Cientos de ellos, abanderados por la Liga Antihumista, fueron asesinados por unos militares subordinados al colonialismo inglés que, además del yacimiento de cobre, explotaba a los trabajadores.
120 años después, la Liga Antihumista ya no existe . “¿Y esas florecitas verdes qué son? “¿Florecitas? No, no, eso es sulfato de cobre”. Quien responde es el responsable en Huelva de Ecologistas en Acción Juan Romero, en una visita a la mina con Público. “Y eso de ahí son nidos de abejarucos, que hacen sus galerías en los residuos”, señala sin dejar de caminar sobre una tierra que echa fuego. Son las cuatro de la tarde, el sol pega y aún queda mucho por ver. La erika andevalensis, por ejemplo, luce un aspecto saludable. Y la razón de su belleza, paradójicamente, es el problema: es una de las pocas plantas capaz de soportar niveles tan altos de acidez y metales pesados. La vista conduce instintivamente hacia las escombreras, que dejan al descubierto sus entrañas de escoria, cuando deberían vestir, recatadas, generosas capas de arcilla. O hacia las filtraciones, que van al cauce del Tinto. O hacia las balsas con cianuro… ¿Se puede acumular más contaminación? Sí. Otra cosa es que la Administración lo impida.
Estela de residuos
Tras 5.000 años de explotación y un cierre dramático que vapuleó los cimientos de toda una comarca que dependía de ella, la mina onubense intenta hoy resurgir de sus cenizas. El inconveniente, según los ecologistas, no es el nuevo proyecto -que viene de la mano de la multinacional chipriota Emed Mining-, sino la estela de residuos que dejó la empresa Riotinto Minera -luego Atlantic Copper- cuando traspasó la explotación por un precio simbólico a los trabajadores, en 1995. Tres años más tarde, Atlantic Copper fue condenada por gestión ilegal de residuos. “La empresa se fue y no presentó un plan de restauración, obligatorio según la Ley de Minas; esto está abandonado, la Administración ha hecho una dejación de funciones al no obligar a restaurar el lugar, es un atentado medioambiental, ¿quién paga ahora?”, denuncia Romero. La Junta de Andalucía, que sí restauró parte de la zona, lo tiene claro: la nueva empresa. “Desde el punto de vista jurídico era complicado, los trabajadores no tenían ni para pagar sus sueldos. Ahora, las leyes medioambientales han avanzado mucho y estamos dispuestos a no conceder el permiso a la nueva empresa si no cumple con todos los requerimientos legales; si las escombreras están mal, tiene que comprometerse a recubrirlas de arcilla”, explica contundente la delegada de Innovación en Huelva, Manuela de Paz.
Con Aznalcóllar en la cabeza
Tras el desastre de Aznalcóllar, en 1998, y la experiencia con su propietaria sueca Boliden (que sigue sin pagar), la Administración exige por ley un aval a las empresas que dé cobertura a posibles daños. “Hemos sufrido mucho, estamos en el siglo XXI y no podemos equivocarnos otra vez; así, aunque la empresa quiebre, tenemos la garantía de que se va a restaurar”, insiste De Paz. Emed Tartessus lo entiende como “lógico y razonable”. La cantidad del aval oscilará, en función del tipo de residuo y de la capacidad de las balsas, entre los 100.000 euros y los 800 millones como garantía en caso de accidente. La mina sevillana Las Cruces -paralizada por afectar un acuífero aun sin haber empezado a extraer mineral- requirió 50 millones. Teniendo en cuenta que la presa de Aguzadera, de Riotinto, es la mayor de Europa y que sus lodos se cuentan por millones de toneladas -unos 90-, previsiblemente la cifra que deberán pagar será media o alta. “Que haya desconfianza es lógico. La historia de Riotinto es un hándicap que pesa sobre nosotros. Tenemos que recuperar la confianza”, afirma el responsable de Emed Tartessus, Guillermo Gutiérrez. El optimismo de la empresa sobre la apertura choca con la opinión más cauta de la Junta, que cree que, en caso de concederle el permiso, llegará bien entrado el próximo año. Los trabajadores mostraron ayer su preocupación. “No puede haber un impacto ambiental y tiene que existir un aval por el que los trabajadores puedan ser indemnizados si cierra la explotación, que tiene que ser para 15 o 20 años como mínimo”, asevera De Paz, que esconde tras las exigencias una filosofía: “La minería no es nuestra prioridad, puede ayudar, pero apostamos por proyectos basados en la innovación y la energía limpia”. Si es así, el medio ambiente impondrá por primera vez en 5.000 años sus reglas en Riotinto. Los ecologistas tendrán que verlo para creerlo.
