La provincia de Tierra del Fuego tiene las cuentas ajustadas y la gestión de Fabiana Ríos termina agotada por varios conflictos a los que no supieron dar solución. En al menos dos ocasiones operadores de la Barrick se acercaron al acuciado Gobierno fuerguino para ofrecer fondos. El sector minera especula que lagobernadora entrante pueda valerse de tener la mayoría en la Legislatura local para modificar la ley de 2011 que prohíbe la explotación de los otros minerales que posee la provincia en las montañas.
Fuente: La Política On Line
Con un déficit de 2.000 millones de pesos, un peso creciente del empleo público sobre las cuentas provinciales y una fuga de recursos vergonzosa por el pago de jubilaciones de privilegio (que llegan en algunos casos hasta los 307.000 pesos mensuales). Estas jubilaciones salen de la caja de Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.) que también es la cobertura médica de los empleados provinciales, la cual está en crisis por falta de pago a los prestadores.
Esta fue la principal fuente de malestar en los votantes que se reflejó en el voto castigo a la gestión saliente. Sin recursos, la actual gestión acaba de solicitar una ampliación del crédito que tienen con el Banco de Tierra del Fuego para llegar a cubrir los sueldos.
Rosana Bertone, la senadora del FPV que asumirá como gobernadora el próximo 17 de diciembre, prometió en campaña encargarse de este problema y también las diferencias con los docentes que han dado lugar a los conflictos gremiales más furiosos de la provincia. Para cumplir con su objetivo, la futura gobernadora y ferviente sciolista, necesita recursos.
En al menos dos ocasiones operadores de la Barrick se acercaron al acuciado Gobierno fuerguino para ofrecer fondos.
Una fuente reveló a LPO que en dos ocasiones en las que las cuentas apremiaban, operadores de la Barrick Gold se le acercaron al actual ejecutivo provincial para ofrecerle recursos que rechazaron. El coqueteo era para conseguir mayor flexibilidad en las leyes antimineras provinciales para poder garantizarse inversiones. Desde la canadiense Barrick Gold lo desmintieron categóricamente: “No sabemos de dónde salieron esas versiones”.
La misma fuente advirtió que la futura gobernadora ya habría aceptado esta fuente de financiamiento para la provincia austral y que por eso habría viajado junto con el gobernador Daniel Scioli a la reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) liderada por el gobernador jujeño Eduardo Fellner.
Allí firmaron un acta acuerdo para la incorporación de ambas provincias a la OFEMI, el club de las provincias mineras. Empresarios del sector celebraron que desde la provincia estuvieran haciendo lobby para conseguir atraer inversiones de mineras para Tierra del Fuego.
A fines de septiembre un concejal kirchnerista que dijo ser asesor de Bertone en temas mineros viajó a la mina de Gualcamayo en San Juan a observar la explotación de megaminería. Cuando en los yacimientos sanjuaninos de Veladero hubo un derrame de solución cianurada, la futura gobernadora salió a hacer declaraciones públicas: “La explotación de recursos se hará dentro de lo legal.” Pero desde el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) dijeron no saber a qué se refería la actual senadora fueguina si “… dentro de lo legal, no se puede hacer nada en Tierra del Fuego por las leyes antiminería”.
El sector minero con la caída mundial de los precios no parece muy interesado en promover nuevas inversiones. De hecho señalan que, por el aplazamiento de las inversiones, hay varios yacimientos conocidos esperando a ser explotados. Especularon que tal vez la intención de la gobernadora entrante era valerse de tener la mayoría en la Legislatura local para modificar la ley de 2011 que prohíbe la explotación de los otros minerales que posee la provincia en las montañas.
Desmentidas
Desde el equipo de gobierno de Bertone también desmienten las versiones. Señalan que hasta ahora la transición con el equipo de Fabiana Ríos se ha hecho en muy buenos términos y lamentan que “desde algún sector puntual aparezcan difamaciones que son manifestaciones de mala fe”.
Según ellos, fue la OFEMI quien los convocó a incorporar la provincia a la organización, que actúa como mesa interlocutora entre la Secretaría de Minería de la Nación y los poderes ejecutivos de las provincias con recursos minerales. También afirman “no tener ninguna intención” de modificar las leyes antiminería. Incluso adelantaron avanzar en la protección ambiental con una Ley de Aguas que regule los usos de los recursos hídricos de la isla.
La provincia de Tierra del Fuego posee oro, plata, cobre, zinc, tierras raras y el 95% de la turba del país. Tiene la turbera más grande del subcontinente. Con menos de 2 mil hectáreas explotadas de las casi 300.000 que tiene la provincia, Bertone apuesta fuerte al único mineral que puede extraer dentro de su estricta ley antiminera.
Por el cierre de exportaciones la turba de Canadá ya no puede ingresar al país y Bertone quiere aprovechar esa ventana de oportunidad.
Sin turba canadiense ingresando al país debido al cierre de las importaciones, la turba fueguina tiene un mercado cautivo en el sector tabacalero y el citrícola que la usan como sustrato fertilizante. También encuentra una oportunidad interesante en la creciente demanda de turba para la floricultura ornamental en el mercado chino.
El ingreso a la OFEMI le permitiría mayor poder de lobby para mantener cerradas las importaciones durante el próximo gobierno y garantizarse recursos con los que sanear las cuentas provinciales. A la vez, la reestructuración del ejecutivo fueguino con la creación de la Secretaría de Minería dentro del Ministerio de Industria facilitaría la articulación de políticas sectoriales. Con la reforma la Secretaría de Medio Ambiente provincial quedaría desafectada de la concesión de permisos de extracción con arreglo al Código Minero. Hasta la fecha los permisos se conceden en terrenos privados. De ahora en más la futura gobernadora quiere que se priorice la explotación de terrenos fiscales en manos de particulares para crear nuevos empleos.
Los ambientalistas protectores de humedales y los mineros coinciden en que el impacto bioambiental de la extracción de la turba es altísimo y que la calidad y la cantidad de trabajo que genera no la justifica. Ambos apuntan a que su principal atractivo es que es un recurso exportable que permitiría el ingreso rápido de divisas al país y el saneamiento de las cuentas provinciales. Incluso un explorador minero señaló que “en términos biológicos, es más dañina que la minería a cielo abierto”.
