El presidente de la Conferencia Episcopal del Canadá, monseñor Paul-André Durocher, arzobispo de Gatineau, expresó la solidaridad del Episcopado a los Obispos del CELAM que, el 19 de marzo, ante el tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defendió los derechos de los pobres en la audiencia que tuvo por tema las implicaciones éticas y morales de los proyectos emprendidos por las industrias extractivas en América Latina.
Ver también: Iglesia católica latinoamericana denuncia ante la CIDH la expansión acelerada e irracional de las actividades mineras
Fuente: Agencia Informativa Católica Argentina AICA
El presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá, monseñor Paul-André Durocher, arzobispo de Gatineau, expresó la solidaridad del Episcopado a los Obispos del CELAM que, el 19 de marzo, ante el tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defendió los derechos de los pobres en la audiencia que tuvo por tema las implicaciones éticas y morales de los proyectos emprendidos por las industrias extractivas en América Latina.
Esta solidaridad fue manifestada a través de una carta de monseñor Durocher al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, monseñor Carlos Aguiar Retes.
Es la primera vez que la Iglesia Católica defiende a estas personas ante un organismo tan importante como la CIDH, además de recibir el apoyo del Canadá, un país que está directamente involucrado en varios emprendimiento en el continente: en Guatemala, México, Nicaragua y Honduras.
“Estamos particularmente preocupados -escribe el arzobispo de Gatineau- al ver que la mayoría de las operaciones mineras en América Latina es realizada por empresas registradas en Canadá”.
A pesar de que algunas empresas con nuevas tecnologías dieron pasos positivos en materia de responsabilidad social, protección del medio ambiente y respeto de los derechos humanos, sin embargo sus esfuerzos –se lee en la carta– se vieron eclipsados por la magnitud de los daños causados por otros competidores en la industria.
Monseñor Durocher señala, además, que en América Latina la extracción minera y de otros recursos no produjo beneficios para el desarrollo humano y económico de la sociedad, ya sea por la mala regulación, como por los abusos de algunas empresas internacionales que no respetan los derechos ambientales y los derechos de las personas.
