“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”… Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.
Por Horacio Machado Aráoz * y Ramón Navarro ** publicado en Página/12
La lucha por la defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, nacientes de la gran mayoría de las cuencas hídricas que sustentan la vida de nuestras provincias cordilleranas, ha sido un capítulo clave en la búsqueda por poner un límite a la voracidad extractivista. Sin embargo, está visto que ninguna ley es suficiente para garantizar los derechos más elementales de las poblaciones cuando del otro lado hay una poderosa articulación de intereses públicos-privados, que hace “socios” a grandes corporaciones transnacionales, controladoras del negocio, con gobiernos interesados en la participación (mínima, hay que decir) de la renta minera.
Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la de la cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto impoluto de la “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos.
Tal es el caso de la reciente “gira” que vienen haciendo por estos días los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos” en el artículo titulado “La Ley de Glaciares calienta el debate”, publicado en este diario el 21 de noviembre pasado, al dar cuenta de su intervención en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un claro tono crítico a la ley. Lo que omite decir el artículo es que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, Africa, Asia, Europa y Australia con una constante: ir de la mano de las megamineras multinacionales.
Por caso, la consultora BGC trabaja para la Barrick en Doulin Creek, Alaska; en Cortez Hills, EE.UU. En Rusia también investigan para Barrick en Proyecto Fedorova, en la Península de Kola. En Africa, en la Southern Deeps y la Mina North Mara, ambas de Barrick. En Su-damérica, la consultora de estos ilustres seminaristas opera en Pueblo Viejo, en República Dominicana; en Las Cristinas, en Venezuela; en Pascua-Lama, Argentina y Chile; en Agua Rica, Catamarca, Argentina, y en el desastroso Mineraloducto de Minera Alumbrera Ltd, Catamarca, entre otras.
Estos mismos “especialistas” se presentaron también en noviembre en la capital de La Rioja para dar un “Seminario Internacional sobre Permafrost y Ambiente Periglaciar”, promovido por el gobernador Beder Herrera, tristemente célebre por vetar las leyes de prohibición de la megaminería con las que llegó a la gobernación. Antes pasaron también por San Juan, dictando el mismo seminario, en la provincia de Gioja, de manifiestos vínculos con la minería transnacional.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” de las industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos a voladuras precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos internacionales” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, en este caso las altas cumbres nacientes de nuestras aguas y de toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas cordilleranos, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo; se creen dueños de nuestros cerros; se creen dueños de la “verdad” y de la razón.
Frente a ellos, los ojos de pueblos informados y movilizados, esos que desde el poder descalifican como “ignorantes” o “fundamentalistas”, son los que hacen caer las máscaras de la “cientificidad de empresa”. Pueblos de pie, contra la mercantilización de los bienes comunes y contra la mercantilización del saber.
* Universidad Nacional de Catamarca – Colectivo Sumak Kawsay.
** Asambleas Ciudadanas de La Rioja – Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
