San Juan Sacatepéquez, Guatemala – 02/06/08. Vecinos de doce comunidades de San Juan Sacatepéquez solicitaron a la alcaldesa, Marta Sicán, que apoye y valide la consulta popular que rechaza las operaciones de una fábrica productora de cemento y materiales de construcción de la empresa Cementos Progreso. Unas cinco mil personas de ocho aldeas de San Juan Sacatepéquez protestan frente a la comuna local, para exigir que se dé marcha atrás en contratos que esa municipalidad firmó con una cementera y la explotación minera en ese lugar.
Fuentes: diarios Prensa Libres y DeGuate.com
Pese a que existía una convocatoria de diálogo, líderes de doce comunidades de San Juan Sacatepéquez, evitaron reunirse con representantes de Cementos Progreso. El Gobierno advierte que el proyecto está en ley.
Vecinos de doce comunidades de San Juan Sacatepéquez solicitaron a la alcaldesa, Marta Sicán, que apoye y valide la consulta popular que rechaza las operaciones de una fábrica productora de cemento y materiales de construcción de la empresa Cementos Progreso.
Tras recibir las peticiones de los líderes, Sicán les pidió ingresar al edificio para dialogar pero éstos se retiraron del lugar, sin importarles que dentro de las instalaciones de la comuna se encontraba Jorge Lemcke, gerente general de Cementos Progreso, Eduardo Aguirre, gerente de Desarrollo Sostenible y Luis Velásquez, representante del Gobierno.
Vamos a analizar las solicitudes, desde febrero estamos verificando el convenio que firmó el Concejo Municipal anterior, porque estamos interesados en el bienestar de las comunidades , dijo Sicán.
Los representantes de Cementos Progreso recorrían el salón vacío, que se había preparado para la reunión. Creo que están mal informados, porque el agua no la vamos a usar para fabricar cemento, en cambio proponemos desarrollo y diálogo, concluyó Aguirre, al referirse a los señalamientos de los vecinos, quienes aseguran que la empresa acabará con el agua y afectará la producción de flores.
Anders Kompass, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), participó como testigo de honor en la manifestación pacífica. Los pobladores señalan que el convenio es ilegal porque no lo firmó el Alcalde, por lo que anunciaron, si fuese necesario, una batalla legal y física para impedir que la empresa se instale en San Gabriel Buena Vista.
La frase
Las consultas populares que hicieron son ilegales, porque las comunidades no tienen opción al veto. La empresa está en ley y pueden empezar a construir.
Luis Velásquez, representante del Gobierno.
